En respuesta a la carta publicada en La Nación, en la edición del 14 de enero del 2014, intitulada “Desamparado por el Poder Judicial”, me permito aclarar que el procedimiento establecido por la Ley de Pensiones Alimentarias fue seguido al pie de la letra por el despacho. El procedimiento que la ley impone es que el actor o actora brinden la dirección más correcta y exacta posible para que la Fuerza Pública (que no pertenece al Poder Judicial sino al Ministerio de Seguridad Pública) pueda hacer efectiva la notificación del apremio corporal al deudor o deudora alimentaria. De lo contrario, resulta materialmente imposible llevarla a cabo. De la carta de la persona usuaria se desprende que se atribuye al Poder Judicial una competencia que no le corresponde.

Hace poco, un desprotegido y angustiado hombre se ahorcó ante la impotencia y las desproporcionadas pretensiones de una pensión alimentaria. Hay un abuso contra los hombres en este tema, especialmente aquellos que caen en la cárcel por ese motivo.