Cuatro fracciones legislativas que suman 50 diputados están de acuerdo en abrir un espacio para hacerle modificaciones a la reforma fiscal que promovió la administración de Luis Guillermo Solís.
Se trata de las bancadas de oposición de los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Con sus 50 votos, dichas agrupaciones tienen suficiente músculo político para hacerle modificaciones a la moción de vía rápida con que los anteriores congresistas venían tramitando el expediente 20.580.
Por mandato constitucional, el Congreso debe aprobar este tipo de cambios con el apoyo de, al menos, dos tercios del total de los parlamentarios, o sea, 38 votos. El PLN tiene 17 curules; el PRN, 14; el PUSC, nueve; y el PAC, 10.
Consultados este lunes sobre las primeras conversaciones sobre el plan fiscal, los jefes de fracción de dichas bancadas confirmaron que se logró un primer consenso para poder realizar modificaciones al texto que está en discusión.
El acuerdo consiste en repetir una etapa que los diputados anteriores habían comenzado, pero que no concluyeron: los dos días de trámite de mociones de fondo, tal como lo establece el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Dicho proceso no pudo ser completado por el pasado Congreso porque el entonces presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, emitió una resolución el último día de labores (30 de abril) que impidió sesionar por última vez a la comisión especial encargada de tramitar las mociones.
Fue por ello que quedaron sin tramitarse 1.560 mociones del excongresista libertario Otto Guevara.
“Creemos que debe abrirse el texto tal como quedó, en el marco del 208 bis, y permitir la facultad de enmienda. La idea es que no se deba pretender la votación del proyecto sin dar esta apertura antes”, dijo Carlos Avendaño, de Restauración.
Sostuvo que hay un entendimiento entre los partidos para ese procedimiento, pero apuntó que también se debe variar la integración del foro dictaminador, para que refleje la composición actual del pleno legislativo.
Antes de que los recién nuevos legisladores decidan abrir el espacio para revisar la redacción de la reforma fiscal, deberán tomar una decisión sobre las mociones heredadas por Guevara.
Nielsen Pérez, subjefa de bancada del PAC, explicó que se está trabajando en la construcción de una agenda de consenso entre algunas fracciones y que la apertura del espacio para respetar el derecho de enmienda es, efectivamente, uno de los puntos que se está planteando.
“Es un proceso que está en construcción, sí se ha hablado de ampliar esos dos días”, explicó Pérez por vía telefónica.
Una nueva comisión fiscal
Además de tomar una decisión sobre las mociones de Guevara, los partidos también deben conformar una nueva comisión especial de reforma fiscal, que deberá ser diferente a la anterior en cuanto a los representantes partidarios.
La nueva integración de ese órgano legislativo depende, ahora, de la nueva relación de fuerzas políticas porque el PRN pasó de tener una curul a contar con 14, mientras que el PAC bajó de 12 escaños a 10.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, y Carlos Avendaño confirmaron que esa decisión se deberán tomar antes de modificar la moción de vía rápida, pues en el propio texto de la moción se debe indicar cuántos diputados colocará cada bancada en la comisión dictaminadora.
“No hemos visto los detalles, hasta ahora. Solo generalidades. Desde mi perspectiva, ya que el PLN tenía tres miembros, debería mantener ese número”, comentó Benavides.
Añadió que nadie ha lanzado la posibilidad de que se integre una comisión con más de nueve miembros.
Por su parte, Erwen Masís, jefe del PUSC, añadió que los aspectos relacionados con la conformación y la relación de fuerzas dentro de esa comisión fiscal aún no se han abordado en las conversaciones de los cuatro partidos.
Cada fracción también tiene pendiente de definir su visión sobre los cambios que se le quieren hacer al proyecto fiscal.
Entre las propuestas generales de la reforma fiscal destacan la de aumentar la cantidad de bienes y servicios gravados con el 13% del impuesto general sobre las ventas, el cual pasaría a llamarse impuesto al valor agregado (IVA).
Además, se proponen tasas diferenciadas para servicios privados de seguridad, educación y empleo.
El proyecto también incluye modificaciones al sistema de salarios públicos y nuevas tarifas del tributo sobre la renta para los salarios más altos.