Los partidos políticos están expuestos a ser capturados por grupos económicos poderosos con intereses específicos o por capitales provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, debido a la falta de actualización de la legislación electoral.
Ese es uno de los principales peligros que enfrenta la democracia costarricense en la actualidad, de acuerdo con el último informe del Programa Estado de la Nación. Esa conclusión es compartida incluso por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El más reciente estudio del Estado de la Nación, divulgado este mes, señala con preocupación el aumento del endeudamiento de las agrupaciones políticas, así como una importante disminución en las donaciones ciudadanas.
Ambos factores se combinan con el “perverso” sistema de bonos de deuda política, que se concentran en manos de seleccionados acreedores, para crear las condiciones idóneas para que los dineros mal habidos penetren esas estructuras.
“Se han creado escenarios de múltiples riesgos para los partidos políticos, ya de por sí débiles y vulnerables, de ser capturados por fuerzas o capitales ilícitos”, alerta el informe del Estado de la Nación.
Detalla que “las formaciones políticas están cada vez más a expensas de pocos pero grandes capitales financieros, estrujando su accionar y comprometiendo una eventual gestión gubernamental”, con lo cual se debilita la democracia.
Y concluye que “esta llamada de alerta enciende las alarmas ante el acecho de dinero de dudosa procedencia, así como la penetración de recursos no deseados de origen lícito o ilícito”.
‘Una fuente de tentaciones’
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) explica que las reglas para el financiamiento de partidos políticos actualmente son tan desiguales, que supone “una fuente de tentaciones” para que las estructuras partidarias se financien con dineros cuestionados.
“Este es un tema que el Tribunal empezó a insistir después de la aprobación del Código en 2009. Si bien es cierto es un salto cualitativo en cuanto a las herramientas con las que cuenta ahora la autoridad electoral para fiscalizar las finanzas partidarias, lo cierto es que todavía permiten que haya inequidad en la contienda.
“La inequidad en la contienda electoral supone una fuente de tentaciones para recibir dineros de origen dudoso”, señaló Andrei Cambronero, letrado del órgano electoral.
El Estado de la Nación coincide con el TSE en el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento partidario, pero insiste en los peligros de la proveniencia de los dineros.
“Hoy día los principales retos del financiamiento partidario son el origen de dinero al que acceden, su alta dependencia del endeudamiento y la fuerte concentración de sus acreedores, que en conjunto, pueden minar la independencia partidaria y su principal misión, la de representar a la ciudadanía”, señala el estudio.
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Bonos de deuda política en manos de pocos
Ambos entes no dudan en apuntar sus observaciones, principalmente, contra los certificados de cesión, también conocidos como bonos de deuda política. Estos son un mecanismo de financiamiento anticipado, mediante el cual un partido cede parcial o totalmente los montos que podría recibir del Estado producto de los resultados electorales.
Además de servir como garantía para acceder a créditos bancarios, también suelen ser usados como método de pago para la compra de servicios para la campaña, por ejemplo, de publicidad.
Su principal problema, de acuerdo con el Estado de la Nación, es que genera desigualdad entre estructuras partidarias, debido a que únicamente las agrupaciones con mejores expectativas electorales, o que tengan garantías que respondan por el monto solicitado, pueden obtener financiamiento a través de ese mecanismo.
“En la venta de los bonos priva la proyección de los votos que obtendrán las agrupaciones. Mientras mayores sean las posibilidades de alcanzar una alta votación, más fácil resultará colocar los bonos en el mercado. Estos instrumentos financieros constituyen expectativas de derecho con montos nominales, que las agrupaciones venden en el mercado con un descuento que se negocia con cada comprador”, dice el informe.
Una vez concluya el proceso electoral, el Ministerio de Hacienda gira los montos a los partidos políticos, con la instrucción del TSE, según los resultados electorales.
Otro hecho grave, alerta el informe del Estado de la Nación, es que un selecto grupo de empresas es la que compra los bonos de deuda política con los cuales financian a los partidos políticos.
“Hay una alta concentración de los compradores de certificados de cesión en muy pocas manos, así como los mecanismos desiguales utilizados por estos para determinar qué partidos políticos pueden acceder a ellos”. Esa realidad, señala el informe, puede minar la independencia de los partidos.
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El Tribunal Supremo de Elecciones aboga por eliminar los bonos de deuda política ante las desigualdades que ocasiona ese mecanismo; el Estado de la Nación coincide en esa necesidad.
Pauta publicitaria gratuita
Otra carencia del sistema costarricense, coinciden ambos entes, es la ausencia de las franjas electorales para atender las desigualdades en la publicidad y la propaganda política en medios de comunicación durante la época de campaña.
Esta iniciativa está relacionada con disponer de espacios de difusión gratuitos en los medios de comunicación, los cuales deberían ser asignados por legislación a los partidos políticos. El Tribunal ha clamado por esa necesidad desde el año 2003.
“Costa Rica junto con Honduras son los países en la región que no tienen este tipo de formas de visibilizar todas las ofertas políticas, eso hace que todas tengan un piso para que toda la ciudadanía conozca de sus propuestas en la lógica de que los medios usan el espectro electromagnético que es propiedad del Estado y ha sido dado en concesión a sujetos privados”, afirmó Cambronero.
De acuerdo con el letrado, también se han presentado iniciativas legislativas con soluciones intermedias. Entre ellas la posibilidad de que el TSE administre una suma de dinero de la contribución del Estado a los partidos políticos, para que sea ese Tribunal el que compre los espacios publicitarios a los medios de comunicación. No obstante, la propuesta no ha prosperado.
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Falta de compromiso con reformas
El Estado de la Nación reprochó al sistema político su poco compromiso con las reformas necesarias a la legislación para un mejor financiamiento partidario, particularmente las relacionadas con la creación de las franjas electorales y la eliminación de los bonos de deuda política.
“A pesar de que el TSE ha impulsado su eliminación; la conformidad y satisfacción de las agrupaciones políticas con este instrumento, así como su declaratoria como mecanismo constitucionales de financiamiento, en 2013, reduce las posibilidades de reformar la legislación”, puntualiza el informe.
A cambio de la eliminación de los certificados de cesión, el órgano electoral propone un adelantamiento más grande de los recursos públicos para el financiamiento de las agrupaciones políticas.
Otra reforma impulsada por el TSE para combatir el financiamiento ilícito de partidos políticos, que tampoco ha sido aprobada por los diputados, es la prohibición de hacer donaciones en efectivo. Eso, señala el órgano electoral, daría más trazabilidad sobre el origen de los recursos.
Sobre la poca disposición del Congreso de aprobar las reformas, Andrei Cambronero manifestó: “Ha habido inercia en las iniciativas presentadas por el Tribunal, por ejemplo, en 2013, cuando se presentó un paquete de reformas como las franjas electorales, transporte gratuito de electores para abaratar el costo de las campañas, incentivos fiscales para que haya muchas donaciones pero de bajo monto, en lugar de pocas de alto monto.
“También la supresión de los llamados de bonos de deuda que es una forma que el Tribunal ha llamado ‘perversa’, en la cual nuestro sistema es deficitario en cuanto a la igualdad de la contienda”, concluyó el funcionario.
Lea el informe sobre el financiamiento de partidos políticos del Estado de la Nación en este enlace.
