Nombramiento de intendenta de pensiones le costaría al país ¢170 millones al año

San José

El nombramiento de Marjorie Jiménez Varela como intendenta de Pensiones le costaría al país un total de ¢170 millones al año.

Al cabo de cinco de años, al vencer el periodo de Jiménez, su designación le habría costado al Estado más de ¢850 millones.

Los costos los estimó el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien denunció como impropio el nombramiento de un intendente de Pensiones, cargo que estaba vacante desde hace ocho meses, pero que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) revivió a mediados de diciembre.

Este miércoles, el presidente Luis Guillermo Solís también condenó en términos fuertes la creación del puesto por el gasto que implica, algo que, según él, no va con el espíritu de su gobierno y de la población en tiempos de crisis fiscal.

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Puesto de sobra. Ottón Solís dijo que, según los datos que le proporcionó el Conassif, Jiménez devengaría un salario mensual de ¢11,4 millones que, con las cargas y aportes que deberá hacer el Banco Central de Costa Rica (BCCR), le costaría a esta institución más de ¢14 millones al mes.

Al año, la funcionaria recibiría ¢9,4 millones en aguinaldo y otros ¢9,2 millones en salario escolar, según las estimaciones del despacho del diputado del PAC.

Así, la remuneración total que percibiría Jiménez al cabo de cinco años de nombramiento sería de ¢670 millones, monto que aumentaría a ¢850 millones si se suman las cargas sociales y aportes.

"Ese es el gasto que deberá hacer el Estado por un cargo que no tiene funciones asignadas. El mismo superintendente de Pensiones (Álvaro Ramos) me dice que él ha funcionado y trabajado bien, perfectamente, sin un intendente", reclamó el diputado.

Esta tarde, desde las 4:30 p. m., los miembros de Conassif se reunieron de forma extraordinaria para evaluar las críticas que ha desatado el nombramiento de Marjorie Jiménez.

Ottón Solís liberó de culpas a la funcionaria y las trasladó todas al presidente ejecutivo del BCCR, Olivier Castro, a quien acusó de tráfico de influencias por la designación de Jiménez, en vista de que ella labora como su asesora.

"El presidente ejecutivo del Central nombra a los directores del Conassif y él mismo es miembro del Consejo. Los directivos le responden directamente al presidente del Banco. Ahí hay conflicto de intereses por todo lado", afirmó el legislador, quien cuestionó la forma en que se sacó a concurso el puesto.

Según él, ese concurso fue comunicado "a muy poca gente", recayendo en quien labora como asesora del presidente del Central.

Reconoce actitud. Pese a lo que señala el diputado, Luis Guillermo Solís dijo este miércoles que no piensa destituir a Castro, pues cree que actuó conforme las potestades autonómicas que le confiere la legislación.

Ottón celebró la crítica hecha por la Presidencia de la República a la designación.

"Quiero reconocer la actitud del presidente Solís, una vez que se enteró del nombramiento", dijo.

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La Nación tramitó entrevistas con Olivier Castro y Marjorie Jiménez. Sin embargo, la oficina de comunicación del BCCR indicó que ellos no conversarían con la prensa sino después de la reunión extraordinaria que efectúa el Conassif.

También se le pidió una entrevista sobre el nombramiento al viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, quien representa a esa cartera en el Conassif, pero no respondió las consultas.

En tanto, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien acude al Conassif en lugar del ministro Helio Fallas, dijo que ese ministerio apoyaría cualquier gestión que se haga para revocar el nombramiento de Marjorie Jiménez.