Rebeca Madrigal Q.. 4 junio
Enrique Sánchez, del PAC, defendió el proyecto ante la ONU y ahora promueve un texto sustitutivo. A su izquierda, la legisladora Paola Vega. / Fotografía: John Durán
Enrique Sánchez, del PAC, defendió el proyecto ante la ONU y ahora promueve un texto sustitutivo. A su izquierda, la legisladora Paola Vega. / Fotografía: John Durán

La mayoría de los diputados del Congreso no respaldará el proyecto sobre crímenes de odio por considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión.

Se trata de un texto que castigaría con cárcel a quien disienta de una resolución de un juez sobre la existencia de un genocidio, así como a quienes promuevan el odio contra grupos específicos, lo que incluiría grupos definidos por su “opinión política”.

El proyecto, además, castigaría con la pena de prisión a las personas que formen parte de organizaciones discriminatorias aunque no concreten ninguna acción violenta.

La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y abogados penalistas han objetado el proyecto, al señalarlo como un riesgo para la libertad de expresión.

Este lunes, el Partido Liberación Nacional (PLN), con 17 diputados, acordó que votará en contra la iniciativa propuesta por una liberacionista en el 2016, con el apoyo de otras fracciones.

De acuerdo con el subjefe de fracción, Jorge Fonseca, tanto él como su compañera Paola Valladares votarán en contra en la comisión de Derechos Humanos, donde se analizan las últimas mociones al texto y en la cual él funge como secretario.

El subjefe del PLN detalló que ni siquiera aceptaría darle continuidad a la iniciativa con los cambios que propondrá Enrique Sánchez, diputado de Acción Ciudadana (PAC), y que esa posición será respaldada por su compañeros de fracción, en caso de que el proyecto llegue al plenario.

El expediente 20.174 se encuentra a un paso de llegar al pleno de los diputados. Actualmente, está en la Comisión de Derechos Humanos en la discusión de las últimas mociones de fondo.

“Se los expuse (los argumentos) y me entendieron, la fracción lo consideró y dijimos que el proyecto había que dejarlo así... Por más correcciones, el proyecto va a ser lo mismo”, enfatizó el diputado Fonseca, quien considera que la Constitución ya defiende a los grupos que pretende proteger la iniciativa.

Por su parte, el bloque Nueva República, con siete legisladores, pedirá que el proyecto se archive. En esa lucha está Ivonne Acuña, quien presentó en diciembre anterior varias mociones que ironizan con la propuesta que está hecha a medida del Partido Acción Ciudadana (PAC), según la congresista.

Acuña es la representante de sus compañeros ante la Comisión de Derechos Humanos por lo que sumaría otro voto en contra en dicho foro.

Tampoco existe interés en que la propuesta avance en los siete diputados de Restauración Nacional, quienes acordaron votar en contra de la iniciativa, y “hacer todo lo que está al alcance para que no prospere”, según el jefe de fracción, Eduardo Cruickshank. “Sería un retroceso en derechos humanos”, aseguró.

Con 31 diputados en contra ya es prácticamente imposible que iniciativa avance en el plenario.

La jefe de fracción de la Unidad, María Inés Solís, aseguró que su agrupación también acordó no apoyar el texto actual.

“Presentaremos las mociones que consideramos que podrían arreglar el proyecto en el afán de construir, pero el texto actual, no sería apoyado por nuestra fracción”, indicó Solís.

La representante de esa agrupación en la comisión que estudia la iniciativa, María Vita Monge, respondió en el mismo sentido y adelantó que presentará mociones por su cuenta para variar el texto.

Realista

El diputado oficialista, Enrique Sánchez, reconoce que el proyecto actual no tiene viabilidad y que le quedan dos caminos: eliminar los artículos polémicos y mantener los artículos que se refieren a la prevención o dejar la discusión a posterior.

El texto fue presentado con el objetivo sancionar la discriminación y el racismo con nuevas penas en el Código Penal, además contiene un capítulo de prevención.

El pasado 14 de mayo, la delegación de Costa Rica que viajó a Ginebra, Suiza, a rendir un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró que el proyecto sobre crímenes de odio estaba en camino ser aprobado.

El anuncio lo hizo Sánchez, quien era parte de la delegación.

“Yo coincido que tomada la decisión de muchas fracciones de no apoyar el proyecto, existen solo dos rutas: eliminar todos estos artículos que generaban toda esta disconformidad, el bis y el ter y dejar el capítulo de prevención de la discriminación y dejar el agravante de crimen penal y dejar para una discusión posterior los otros”, señaló el diputado de Acción Ciudadana (PAC).

Los cambios en el Código Penal (el 380 bis y 380 ter) introduce penas de seis meses hasta tres años de cárcel a quienes nieguen el genocidio, pertenezcan a organizaciones que inciten el odio o a quienes reproduzcan manifestaciones de odio.

Los penalistas Ewald Acuña y Rosario Chinchilla, consultados por La Nación para un reportaje anterior, objetaron la propuesta por falta de claridad en los términos de su redacción, y coincidieron que algunos de los delitos de este tipo que se quieren introducir ya están penalizados en el Código Penal o que serían solventados con un proyecto con menos artículos.

Lo que sí avalaron es la parte del proyecto que incluye la discriminación como un motivo de calificación de homicidio calificado.