En oposición al proyecto de ley que castiga los “crímenes de odio”, la diputada de Nueva República, Ivonne Acuña, presentó varias mociones para ridiculizar la propuesta y atacar al partido de gobierno, al considerar que el plan es un intento por “implantar como ideología oficial del Estado la visión particular del PAC”.

Acuña declaró a este medio que las mociones fueron presentadas para “evidenciar las falacias, falencias e incongruencias del proyecto de ley”, que según indicó, utiliza como pretexto la discriminación y usa a los discriminados para atacar grupos como las agrupaciones religiosas.

LEA MÁS: Proyecto sobre ‘crímenes de odio’ limitaría libertad de expresión en Costa Rica

“Encontramos un vacío muy grande en varios espacios y, por esa razón, hemos presentado las mociones y estaremos presentando más acerca de los peligros que vemos en el proyecto de ley. Y aunque el bloque Nueva República está en contra de cualquier tipo de discriminación, no podemos usar a los actores discriminados como excusa para cercenar a un país entero al derecho libre de expresión y de su fe", dijo Acuña.

Esta son algunas de las mociones de Acuña:

-Cambio de nombre

Acuña propone que en vez de llamarse “Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia”, el proyecto se llame “Ley para prevenir y sancionar toda forma de oposición a la ideología oficialista, mediante el pretexto de combatir el racismo y la intolerancia”.

-La visión del PAC

También, la diputada de Nueva República propone cambiar el primer artículo de la siguiente manera:

El original: Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar el respeto, la protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

El propuesto: Artículo 1. La presente ley tiene por objeto facilitar que el Estado Costarricense se valga del racismo, la discriminación y la intolerancia como pretextos para suprimir arbitrariamente partidos políticos, asociaciones u organizaciones civiles y gremiales, centros educativos y agrupaciones religiosas, así como encarcelar a sus miembros a fin de implantar como ideología oficial del Estado la visión particular del PAC.

-En centros educativos

Acuña también propone cambiar el texto que procura eliminar elementos discriminatorios en centros educativos.

El texto original prohíbe: d) El empleo de instrumentos o métodos educativos que promuevan o legitimen de forma directa o indirecta valores, criterios o prácticas discriminatorias o reproduzcan las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas descritos en la presente ley.

En la educación pública o privada, es obligación de toda institución que brinde oferta educativa y dentro de su ámbito de actuación en lo que corresponda.

Acuña propone prohibir: d) El empleo de los instrumentos o métodos educativos que promuevan o legitimen de forma directa o indirecta valores, criterios o prácticas contrarias a las apreciaciones particulares del PAC o reproduzcan doctrinas, ideologías o conjuntos de idea que se opongan a aquellas en las cuales el Estado procura adoctrinar a la comunidad estudiantil.

El diputado del PAC, Enrique Sánchez, aseguró que el texto actual sería modificado con un texto sustitutivo una vez que la Defensoría de los Habitantes presente las reformas necesarias para depurar el proyecto.

Aunque la iniciativa es avalada por la fracción oficialista, la propuesta es del 2016 y fue redactada por la exdiputada liberacionista, Sandra Piszk, con el apoyo de Marvin Atencio del PAC, Patricia Mora del Frente Amplio, y Rosibel Ramos de la Unidad.

La redacción actual del texto es objetada por la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y abogados penalistas, porque violentaría la libertad de expresión y no establece conductas específicas que serían sancionadas, sino que los artículos son ‘porosos’ y se prestan para las interpretaciones de los jueces.

Las mociones fueron presentadas en diciembre del año pasado y no han sido discutidas. El proyecto ya está a las puertas de la votación en el plenario de la Asamblea, pues fue dictaminado positivamente en setiembre del 2017 por la Comisión de Derechos Humanos. Solo le resta un último plazo para discutir las mociones de fondo, entre ellas las de la diputada Acuña.