Josué Bravo. Hace 3 días
El presidente de la República, Carlos Alvarado, se dedicó a saludar a los participantes al cierre del foto multisectorial de diálogo. En la foto aparece con Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Al fondo, de rojo, aplaude Jorge Coronado, representante del gremio sindical Bussco. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, se dedicó a saludar a los participantes al cierre del foto multisectorial de diálogo. En la foto aparece con Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Al fondo, de rojo, aplaude Jorge Coronado, representante del gremio sindical Bussco. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN.

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los sectores se quedó corta frente al tamaño de la crisis fiscal que, debido a los efectos económicos provocados por la pandemia, dejaría este año un déficit entre ingresos y gastos del 9,3% del PIB.

El objetivo del foro era definir medidas que permitan un recorte permanente del déficit fiscal de ¢887.000 millones, equivalentes al 2,5% del producto interno bruto (PIB).

Pero este sábado, al cierre de más de tres semanas de discusión en 12 sesiones plenarias, solo se acordaron diez medidas permanentes que, juntas, suman un 2,18% del PIB, equivalente a unos ¢767.000 millones.

Sin embargo, parte de esos acuerdos incluyen medidas que ya se encuentran en marcha, que podrían aprobarse pronto en la Asamblea Legislativa o que son expectativas para el futuro.

Tal es caso del proyecto de Hacienda Digital, por medio del cual el Ministerio de Hacienda modernizaría sus sistemas de cobro para mejorar la recaudación y, de paso, reducir la evasión y la elusión fiscal.

En un principio, Hacienda había proyectado que la aplicación de este proyecto permitiría una recaudación adicional anual del 0,25%, lo cual equivaldría a unos ¢87.000 millones, pero en 24 horas la meta varió.

De última hora, el ministro de esa cartera, Elian Villegas, informó que, tras una revisión, la expectativa de recaudación anual a partir del 2023, año cuando se empezarían a ver sus efectos del plan, se duplicaría al 0,5% de la producción, unos 174.000 millones.

El jerarca no explicó más detalles.

Dicho proyecto, que se financiaría con un crédito de $156 millones del Banco Mundial, fue aprobado esta semana en segundo debate por la Asamblea Legislativa y, la mañana de este sábado, fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, frente a los sectores que le habían dado su aval.

Medidas encaminadas

Otra medida permanente de ingresos consensuada por el Gobierno y los sectores es una reforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) que generaría ingresos anuales del 0,10% de la producción.

El porcentaje equivaldría a unos ¢35.000 millones que entrarían a las arcas del Estado a partir del próximo año.

El Sicop ya existe pero, según la contralora general de la República, Marta Acosta, no todas las instituciones públicas están dentro del sistema.

En la Asamblea Legislativa se tramita ya una reforma impulsada por la libracionista Ana Lucía Delgado, la cual crearía una normativa legal única para las compras públicas.

La misma obligaría a todo el aparato público a que realice sus adquisiciones en una sola plataforma digital que puede seguir siendo el Sicop.

En la actualidad, además de que no todas las entidades están dentro del Sicop, hay instituciones con múltiples unidades de adquisiciones. Tal es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde existen 100 unidades de compras diferentes, aseveró hace días la contralora general, Marta Acosta.

El texto ya fue dictaminado en una comisión legislativa especial y, también, ya superó los dos días de mociones de revisión.

Solo está a la espera de que se abra un espacio de mociones de reiteración en el plenario y, si estas no se presentan, la iniciativa quedaría lista para ser votada en primer debate.

Otra medida permanente de recorte al gasto público discutida en la mesa es una reducción de ¢150.000 millones ofrecidos por Hacienda para el presupuesto ordinario 2021.

Antes de que se discutiera el tema en ese foro, Hacienda se vio forzado a presentar en el Congreso una propuesta de recorte por ese mismo monto, luego de que diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) bloquearan un acuerdo entre Zapote y la oposición de hacer una reducción por esa misma cifra.

El Gobierno también se comprometió ante los sectores recortar ¢170.000 millones en el presupuesto ordinario del 2022, el 0,47% del PIB, el cual le correspondería implementar, prácticamente, al próximo Gobierno que asuma en mayo de ese año.

Este sábado, el Gobierno también incluyó entre los acuerdos la expectativa de reducir el 0,20% del PIB por el canje de deuda cara por deuda barata, lo que equivaldría a ¢70.000 millones anuales.

La expectativa de Hacienda es poder colocar deuda con tasas de interés más bajo de lo proyectado.

Asimismo, sobre el acuerdo de recortar un 0,08% de la deuda política, en la corriente legislativa ya se discuten varios proyectos para recortar ese aport del 0,19% del PIB al 0,10%.

La mesa también consensuó la propuesta de crear un impuesto del 25% los premios de lotería a partir de ¢225.000, lo cual generaría ingresos por 0,12% del PIB (cerca de ¢42.00 millones) a partir del 2021.

En total, se consensuaron ajustes por el 0,82% del PIB en medidas permanentes de ingresos, lo que significa unos ¢286.000 millones.

En cuanto a medidas de recorte al gasto público permanente suman 1,36% del PIB, unos ¢474.000 millones.

Satisfacción

El ministro Elian Villegas aseveró este sábado que aunque no se hayan logrado medidas para alcanzar una reducción permanente en el déficit fiscal del 2,5% del PIB, el Gobierno se siente satisfecho con los resultados de la mesa de diálogo intersectorial.

“Lo importante aquí es que estamos hablando de medidas consensuadas entre todos los sectores. Sector sindical, sectores de economía social, foros de mujeres, sector empresarial, Iglesia evangélica, Iglesia católica.

“También es importante saber que cuando llevemos alguna de esas medidas a la Asamblea Legislativa, podemos decirle a los diputados que esos temas se lograron en la mesa de diálogo por consenso, porque en la mesa se logran acuerdos por consensos, no por votación de mayorías”, justificó.

Otras medidas de recorte permanente al gasto son:

- Solicitar a los diputados que renuncien a los 500 litros de gasolina que reciben mensualmente con presupuesto de la Asamblea Legislativa. El ahorro sería de ¢200 millones anuales.

- Recorte de ¢170.000 millones (0,47% del PIB) en el presupuesto ordinario del 2022.

- Solicitar al Ministerio de Hacienda que emita la figura conocida como bonos cero cupón. Generaría un ahorro del 0,20% del PIB (unos ¢70.000 millones) anuales. La idea es que se implemente a partir del 2022.

-Adicional a las medidas permanentes, la mesa consensuó tres medidas temporales que juntas sumarían el 0,96% del PIB, unos ¢334.600 millones. Con ello las medidas entre temporales y permanentes alcanzarían el 3,16% del PIB.

Medidas temporales por una única vez son:

- La venta de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) al Banco Popular. Con ello, asegura el Gobierno, se generaría un monto equivalente al 0,5% del PIB, es decir, cerca de ¢180.000 millones.

- ¢90.000 millones del proyecto Pagar, similar al 0,26% del PIB. Sin embargo, en el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual toma superávits de las instituciones para el pago de la deuda, se aprobó por ¢99.000 millones.

De ellos, ¢50.000 millones servirían para cubrir el hueco generado por la reducción en el monto del marchamo y ¢49.000 millones al pago de deuda pública.

- Venta de lotes ociosos del Estado. El ingreso sería del 0,20% del PIB, unos ¢70.000 millones. Aquí, de nuevo, ya existe una iniciativa encaminada en la Asamblea Legislativa.

Se trata el plan del fabricista Jonathan Prendas que autorizaría a todas las instituciones del Estado a vender activos ociosos, con tal de obtener recursos frescos para pagar deuda pública.

El texto se dictaminó esta semana en la comisión de Gobierno y Aministración.

58 acuerdos

En total, la mesa de diálogo que reunió a cerca de 70 sectores entre privados, sindicales y sociales, recibió 2.301 propuestas, de las cuales se analizaron 259 y se lograron 58 acuerdos.

Hace una semana, por ejemplo, la plenaria de la mesa acordó solicitar al Gobierno que incremente la lucha contra la elusión y la evasión, así como actualizar las cifras de cuánto representa cada una de ellas.

En cambio, este sábado, en la última sesión, se acordaron temas de reactivación económica. Una de ellas fue readecuar la normativa legal para mejorar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas “personas productoras o empresarias de todos los sectores”.

Asimismo, la mesa acordó solicitar al Gobierno agilizar las obras de la ruta 32, debido a sus atrasos.

Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se mostró satisfecho. El mandatario también celebró el esfuerzo por sentar a dialogar a varios sectores en una misma mesa.

“Esperamos que esta mesa multisectorial de diálogo sea la base para construir un foro de diálogo permanente, consultivo, que enriquezca la sabiduría no de un gobierno, sino de un pueblo de camino hacia el progreso.

“Esa es la base que estamos construyendo con un hito más”, celebró el mandatario.

El esfuerzo, también, fue celebrado por los sectores.

“Este es un momento histórico para Cota Rica, Durante muchos años hemos ansiado tener este espacio para dialogar, para lograr a partir de nuestras diferencias consensos y lograr acuerdos.

“Es un antes y un después este momento que estamos enfrentando y este es el inicio de una nueva etapa para Costa Rica”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

La plenaria de la mesa definió un mecanismo de monitoreo e implementación de acuerdos a partir de tres grupos técnicos multisectoriales, coordinados por el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

Uno estará a cargo del ministro de Hacienda, el cual le daría seguimiento a los temas fiscales y hacendarios.

Otro de reactivación económica, empleo decente y reducción de la pobreza será coordinado por los jerarcas Geannina Dinarte, de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y Juan Luis Bermúdez, de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Un tercer grupo sobre eficiencia institucional sería coordinado por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.

Villegas dijo que el Gobierno le daría impulso a los acuerdos en la Asamblea Legislativa, una vez que inicie el periodo de sesiones extraordinarias, en el mes de diciembre, en el que Zapote coordina la agenda.

Al mismo tiempo, el presidente Alvarado firmó la directriz N°099-P que crea el Consejo Consultivo Económico Social, el cual permitirá a los secotres seguir dialogando con el Gobierno sobre temas que no se abordaron en el diálogo.