El 22 de julio de 1995, en medio de una huelga de maestros que se extendió por un mes y que incluyó hechos de violencia, la mayoría de los expresidentes de la República acudió a una cita con el entonces mandatario José María Figueres para pedirles a los sectores sociales dialogar, aun cuando el gobernante no había accedido a hablar con los huelguistas.

En una mesa en su residencia en barrio Otoya, a las 8 a. m., Figueres se sentó junto a Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), Luis Alberto Monge (1982-1986), Rodrigo Carazo (1978-1982) y José Joaquín Trejos (1966-1970) para pedirles su respaldo ante el movimiento.

Este evento, que resultó en un “llamado a la concordia”, no fue mencionado ni recordado por el exmandatario el jueves anterior cuando se apartó de la declaración de expresidentes que pidieron a los sectores descontentos y al gobierno de Carlos Alvarado mantener el diálogo ante las protestas centradas, principalmente, en contra de la reforma al empleo público, la regulación de huelgas y el exministro de Educación, Édgar Mora.

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Figueres alegó que no firmó la declaración porque se siente “identificado” con el malestar ciudadano, al tiempo que culpó a los últimos cuatro gobiernos por los problemas que afronta actualmente el país.

Al exmandatario, recordado por la frase “no me acuerdo señor juez”, se le olvidó que, durante su gobierno, sus antecesores salieron a acuerparlo en el momento en que debió sacar adelante una necesaria pero impopular reforma a las pensiones del Magisterio Nacional.

En esa ocasión, el expresidente Monge advirtió de una “catástrofe” para Costa Rica de continuar la protesta sin alcanzar el diálogo.

Figueres reformó las pensiones de los docentes por el riesgo financiero que representaban para el Estado. El ajuste era parte del acuerdo que había alcanzado con Rafael Ángel Calderón para la reforma del Estado.

Además, recibió autorización del Congreso para subir el impuesto de ventas (hoy IVA) de un 10% al 15% por 18 meses y, luego, dejarlo en 13%.

El llamado a la concordia solo no fue respaldado por el expresidente Óscar Arias, quien luego intentó, infructuosamente, ser intermediario entre el gobierno y los sindicatos; a ambos los llamó “inflexibles” y “arrogantes”.

Huelga de maestros

La reforma a las pensiones del Magisterio, aprobada por los diputados en un trámite veloz de cinco días el 9 de julio de 1995, molestó al cuerpo docente que amenazó con una huelga que empezaría con el regreso a clases de las vacaciones de medio periodo el 17 de julio.

El diálogo de los sindicatos con el Poder Ejecutivo se había roto el 23 de junio; los sindicatos de educación, dirigidos por Mario Mondol de APSE, estaban molestos por la disminución en los aportes del Gobierno al régimen de pensiones que bajaron del 7% a 0,25% del salario.

A partir de allí, se iniciaron las amenazas de los sindicatos que incluían el no retorno a clases después de las vacaciones de medio período, la renuncia a toda afiliación política y no votar en las elecciones de 1998.

Pese a tales amenazas, el Gobierno anunciaba que no desistiría de la reforma, mientras que otros grupos, incluido los representados por el sindicalista Albino Vargas, hablaban de una “efervescencia” social y organizaban mitines políticos en el centro de San José, pero por otros asuntos.

Según las publicaciones de La Nación, en ese momento, varios sindicatos se iban sumando a la huelga de maestros porque se oponían a las medidas del pacto con Calderón que también implicaba cierre de instituciones que nunca se dieron, como la venta de Fanal o el cierre de Conicit, Dinadeco y el IFAM.

Heridos frente Casa Presidencial

Después de 20 días en huelga, los sindicatos protestaron frente a Casa Presidencial el 7 de agosto de 1995, en lo que resultó en un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que terminó en “excesos” contra los protestantes, según las palabras del entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro.

Desde días atrás, los sindicatos temían por la represión de la policía en el movimiento, aunque no se registró un evento como el de ese lunes.

Por ejemplo, ante el temor de que la violencia se desatara en Limón, La Nación reportó una “fuerte presencia” de la Fuerza Pública en la provincia.

El 7 de agosto, resultaron heridas cinco personas. Frente a Casa Presidencial defendían el recinto, además de decenas de policías, unos 100 oficiales de la Fuerza Táctica Nacional que habían sido entrenados por la policía militarizada de Chile.

Ese día, por la noche, hubo un intento por ingresar a Casa Presidencial, tal como ocurrió durante la última protesta de pescadores, el pasado 25 de junio.

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Comenzó con una barra de uno de los portones que fue forzada por los que se manifestaban; a partir de allí la policía empezó a lanzar gases y policías vestidos de civiles la emprendieron contra quienes protestaban.

Sin embargo, el expresidente Figueres ya no estaba en el recinto presidencial, pues había salido por helicóptero, según el reporte de La Nación.

Los excesos que fueron aplicados por la policía fueron denunciados ante el Ministerio Público. Y las cámaras de la prensa dejaron evidenciados algunas de esas actuaciones.

Una de las víctimas relató que fue agredido por un policía vestido de civil, quien lo amenazó con “romperle” la vida.

“Apenas tuve tiempo para cubrirme con los brazos para que no desfigurara la cara. Sentí un golpe tremendo en los ojos y en la cabeza. Ese hombre me dio varias patadas en la cara y en el estómago”, relató.

Agregó que luego de la paliza, fue traslado a las oficinas del Centro de Información Policial, y que luego lo metieron a unos “calabozos” con otros dos protestantes arrestados.

“La verdad es que no pude dormir porque los dolores de cabeza, de estómago y en los ojos me querían volver loco. Fue una pesadilla terrible”, dijo el afectado que asegura que solo se acercó a la manifestación, pero que no era parte de ella.

El entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, sancionó a 11 oficiales del Centro de Información Policial posteriormente, aunque en ese momento el presidente Figueres defendió la actuación de la autoridad.

“Hubo un absoluto respeto por el orden, por la decencia, por la legalidad y por salvaguardar la integridad física de los costarricenses”, señaló el mandatario.

La comisión ejecutiva que dio seguimiento a la protesta laboral estaba integrada por el vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, y los ministros Florisabel Rodríguez, de Información; Farid Ayales, de Trabajo; Eduardo Doryan de Educación; y Juan Diego Castro, de Seguridad.

Los funcionarios del Poder Judicial también aprovecharon la ocasión para protestar por un supuesto aumento que no se les hizo entre 1990 y 1994.

Poco a poco, las exigencias del sector público iban opacando el propósito inicial de la huelga y se empezaba a protestar por los despidos en el sector estatal o los rumores de privatización como era el caso del ICE, situaciones que tampoco se dieron.

La huelga se extendió por más de un mes, pero el presidente Figueres nunca se vio frente a los huelguistas, con cuyos dirigentes compartió hasta el 18 de agosto cuando se firmó el acuerdo que daba por terminada la huelga.