Los expresidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada, así como varios de quienes fueron sus ministros y viceministros, ayudaron a financiar dos pagos por un total de ¢52 millones que el Partido Acción Ciudadana (PAC) debía girarle al Estado, este año, como parte de la condena por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en los comicios del 2010.
En agosto pasado, la agrupación giró ¢26 millones y este viernes depositó otros ¢26 millones.
Ambos desembolsos, de acuerdo con Fabián Solano, el presidente a. i. de los rojiamarillos, se cubrieron con donaciones de militantes. En esa lista de contribuyentes es donde figuran Solís, Alvarado y jerarcas de las administraciones 2014-2018 y 2018-2022, las únicas dos en que ha gobernado el PAC.
En total, el partido debe cancelar ¢627 millones al Estado. El abono de este viernes sería el tercero. En agosto del 2021, el partido hizo un primer desembolso por ¢200 millones.
Con los ¢52 millones adicionales de este año, la agrupación ha cancelado ¢252 millones y le faltan ¢373 millones.
78 contribuyentes
Entre abril y setiembre de este año, 78 personas aportaron, en conjunto, ¢27,3 millones al partido con sumas que van desde los ¢2.000 hasta los ¢4,9 millones.
Todavía no está listo el reporte de donaciones posterior a setiembre. En cuanto a los seis meses anteriores, el exministro de Vivienda, de la administración Solís Rivera (2014-2018), Rosendo Pujol, fue quien más aportó.
Pujol, catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica (UCR), hizo nueve donaciones para un total de ¢4,9 millones. En segundo lugar aparece Luis Guillermo Solís con ¢1,5 millones.
Luego, están Sebastián Urbina, ex viceministro de Transportes, y Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura, con ¢1.150.000 y ¢1.069.000, respectivamente. Ambos fueron del periodo 2014-2018.
Posteriormente, hay ocho personas que aportaron ¢1 millón. En ese grupo, está Víctor Morales Mora, quien fue ministro de Trabajo en el gobierno de Solís, y diputado y ministro de la Presidencia en el de Alvarado.
También, aparecen las exdiputadas Nielsen Pérez y Catalina Montero (2018-2022), junto a la exsecretaria general rojiamarilla Gabriela Saborio.
De la administración de Solís, aparecen además Rodrigo Alberto Carazo (exembajador ante la ONU), Sonia Marta Mora (exministra de Educación) y Mario Carazo Zeledón (exdirectivo del Banco Nacional).
Del gobierno de Alvarado, también está Juan Luis Bermúdez (ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social).
Con montos menores aparecen otras figuras del PAC como el exmandatario Carlos Alvarado, con ¢800.000; el fundador y líder histórico, Ottón Solís, con ¢500.000; el expresidente ejecutivo del INS, Juan Gabriel Pérez, con ¢900.000; la exdiputada Laura Guido, con ¢500.000; y el exdirector de la DIS, Eduardo Trejos Lalli, con ¢850.000.
‘Estamos menos muertos que en febrero’
Fabián Solano, el presidente a. i. del PAC, es vehemente al asegurar que tras la debacle en las elecciones pasadas —en las que no se ganó ni una sola curul en el Congreso—, la agrupación quedó en crisis. Sin embargo, dijo que la situación financiera hoy es mejor que en febrero, cuando recibieron el batacazo en las urnas.
Insistió en que el partido va a cumplir con el pago de la condena, pues de lo contrario no tiene futuro político.
Sostuvo que el partido va a honrar el acuerdo con la Procuraduría General de la República porque “los Tribunales de Justicia fueron claros en que nosotros no debimos haber recibido ese dinero”.
En diciembre del 2016, el PAC fue condenado por estafar al TSE, al cobrarle contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron en la campaña presidencial del 2010.
Sobre los restantes ¢373 millones, el partido tendrá que pagarlos en tres tractos más: uno de ¢100 millones en diciembre del 2023, otro de una cifra idéntica en diciembre del 2025 y los ¢173 millones restantes en junio del 2026.
“Si nosotros no honramos hasta el último cinco, no podemos salir a pedir el voto de la ciudadanía. Nosotros respetamos el Estado social de derecho, los tribunales ya dictaron una sentencia y hay que cumplirla, punto”, aseguró Solano.
También detalló que hicieron dos actividades para recaudar fondos, la segunda fue el domingo pasado, en el marco del aniversario del PAC. Ese día consiguieron ¢2 millones entre los asistentes, quienes de entrada debían aportar una cuota de ¢15.000.
“El PAC está menos muerto que en febrero, financieramente estamos pasando los baches bastante bien y hay una ruta de salida. No hay un grupo consolidado del partido renunciando.Estamos en un periodo de transición, no le sé decir hacia donde, pero espero que el congreso ideológico lo defina”, afirmó Solano.
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