Rebeca Madrigal Q.. 4 noviembre
En la foto, el legislador Rodolfo Peña (de pie), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), principal impulsor de la reforma constitucional. Foto: Mayela López
En la foto, el legislador Rodolfo Peña (de pie), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), principal impulsor de la reforma constitucional. Foto: Mayela López

Entre los jueces, no es de recibo la reforma constitucional impulsada por 29 diputados para cambiar el sistema de reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Es de preocupación que, lejos de garantizar una mejora en el sistema, más bien se quiera disminuir la garantía de independencia e inamovilidad de los magistrados”, afirmó la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú.

“(El proyecto) menoscaba la independencia judicial”, según la jueza.

La semana pasada, los diputados admitieron para estudio un plan de reforma constitucional, presentado por el socialcristiano Rodolfo Peña, que obligaría a los magistrados a buscar el beneplácito de 38 diputados para reelegirse en el puesto, a diferencia del esquema actual, en el que la reelección es automática a menos de que 38 legisladores se opongan.

El plan del socialcristiano, además, reduciría los periodos de los magistrados de ocho a cinco años y solo permitiría una reelección. Hoy, la reelección es indefinida.

Adriana Orocú, presidente de la Acojud manifestó disconformidad con el proyecto de ley. Una de sus propuestas es cambiar el sistema de elección para que los magistrados solo puedan ser electos una única vez por un periodo de 12 años. Fotos: Mayela López
Adriana Orocú, presidente de la Acojud manifestó disconformidad con el proyecto de ley. Una de sus propuestas es cambiar el sistema de elección para que los magistrados solo puedan ser electos una única vez por un periodo de 12 años. Fotos: Mayela López

“El proyecto es inadecuado para un Estado que pretende un Poder Judicial independiente. Podría parecer muy evidente la intención de injerencia política”, indicó Orocú.

La jueza explicó que, con el recorte al periodo, el país se estaría nivelando a otros países de la región como Guatemala, donde existen cuestionamientos a la independencia judicial. Allí, los magistrados son electos por un periodo de cinco años.

Para Orocú, sí se requiere un cambio en el sistema de elección, pero no se puede tratar de cualquier “ocurrencia”.

“Hace mucho venimos hablando sobre un cambio importante sobre elección de magistrados, lo venimos diciendo desde 2008. A la metodología de la comisión (de Nombramientos del Congreso) le falta mucho para ser una que sea transparente y que cumpla con estándares internacionales. Pero eso no quiere decir que tenga que ser cualquier ocurrencia”, indicó.

Según explicó, la Asociación se inclina por un proyecto que permita una única elección, por un periodo de 12 años, sin opción de reelección.

“Un periodo de 12 años es suficiente para la magistratura, pero ese periodo, como no está sujeto a reelección, el magistrado no tiene que estar tratando quedar bien con una resolución para que sea reelegido", argumentó.

También, la Acojud propone que el órgano elector de magistrados sea independiente de la Asamblea Legislativa. Sugiere que la responsabilidad recaiga sobre un consejo de jueces que, bajo estándares transparentes, elija a los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.

Junto al diputado Peña, firmaron el texto de reforma constitucional 13 congresistas más: Óscar Cascante, Aracelly Salas, María Inés Solís, Shirley Díaz, María Vita Monge y Pedro Muñoz, del PUSC; Welmer Ramos, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Harllan Hoepelman, del bloque fabricista; y el independiente Erick Rodríguez Steller.

El miércoles pasado, la admisibilidad fue votada por 10 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), cinco del PUSC, cinco de Restauración Nacional, cinco del bloque fabricista Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y un independiente.

En contra, se pronunciaron cinco congresistas del PAC, tres del PLN, uno del PRSC, una del PIN y uno del Frente Amplio.