Un grupo de 29 diputados admitió para estudio un proyecto de reforma a la Constitución Política que golpearía la independencia del Poder Judicial, pues condicionaría la reelección de magistrados al poder político, al cambiar las reglas para la selección de los altos jueces.
La iniciativa reduce de ocho a cinco años el periodo en que un magistrado ejerce el cargo y, a la vez, obligaría a los jueces de la Corte Suprema de Justicia a buscar el apoyo de 38 legisladores para reelegirse, únicamente por un periodo.
Se trata de una modificación a varios artículos de la Carta Magna, donde se describen los requisitos y trámites para elegir los integrantes de la Corte Plena, así como la duración de su nombramiento y el mecanismo de reelección.
Este mecanismo se contrapone al actual, el establecido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, el cual procura evitar que el poder político remueva con facilidad a los altos jueces, de acuerdo con el principio de independencia de poderes.
La idea es que los jueces resuelvan los casos judiciales con independencia, sin buscar la complacencia de los otros poderes.
Hoy, los magistrados son reelectos de manera automática por periodos de ocho años, indefinidos, a menos de que 38 de los 57 legisladores se pronuncien en contra.
El miércoles 30 de octubre, el plenario aprobó la admisibilidad de la propuesta de reforma, con lo cual se creará una comisión especial para dictaminar el proyecto. Un total de 29 diputados votaron a favor y 11 en contra.
La admisibilidad es el segundo trámite al que debe someterse una reforma parcial a la Constitución. El primero es la realización de tres lecturas de la propuesta, en días diferentes, con seis días naturales de por medio.
Una vez leído el plan por tercera vez, los diputados deciden si admiten la reforma para su estudio, con la mayoría simple de los congresitas presentes en el plenario.
Esta iniciativa es del congresista Rodolfo Peña Flores, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero él no la presentó solo.
Junto a Peña, firmaron el texto 13 congresistas más: Óscar Cascante, Aracelly Salas, María Inés Solís, Shirley Díaz, María Vita Monge y Pedro Muñoz, del PUSC; Welmer Ramos, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Harllan Hoepelman, del bloque fabricista; y el independiente Erick Rodríguez Steller.
El miércoles pasado, la admisibilidad fue votada por 10 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), cinco del PUSC, cinco de Restauración Nacional, cinco del bloque fabricista Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y un independiente.
En contra, se pronunciaron cinco congresistas del PAC, tres del PLN, uno del PRSC, una del PIN y uno del Frente Amplio.
A continuación, el detalle de los legisladores que acogieron el plan:
PLN: Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Roberto Thompson, Daniel Ulate, Paola Valladares, Luis Fernando Chacón, Luis Antonio Aiza, Jorge Luis Fonseca y Yorleny León
PUSC: María Vita Monge, Aracelly Salas, Rodolfo Peña, Pedro Muñoz y Shirley Díaz
Restauración Nacional: Xiomara Rodríguez, Giovanni Gómez, Melvin Núñez, Mileidy Alvarado y Carlos Avendaño
Bloque independiente: Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes
PIN: Walter Muñoz y Patricia Villegas
PRSC: Dragos Dolanescu
Independiente: Erick Rodríguez
Por otra parte, la iniciativa legal intenta que la elección de los magistrados suplentes no esté sujeta a la lista de nombres que proponga la Corte Suprema de Justicia, sino que la realice la Asamblea Legislativa de acuerdo con los candidatos que postulen sus nombres para esos cargos de suplencia.
Asimismo, hoy cuando la Corte Plena tiene que sancionar a un magistrado, la decisión se toma en secreto y con dos tercios de los 22 altos jueces. La reforma plantea que esa decisión se tome de forma pública y con el aval de la mayoría simple del pleno, o sea, 12 magistrados.
Aunque la iniciativa fue admitida para estudio, podría no tener el suficiente apoyo para ser finalmente incluida dentro de la Constitución, para lo cual requiere de 38 votos.
‘Solo fue un acuerdo para estudio’
Varios legisladores liberacionistas aseguran que existía el compromiso de admitir para estudio la iniciativa, sin que eso implique que la avalen por el fondo.
Aunque votó a favor de la admisibilidad, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que él, en lo particular, prefiere periodos más largos y dijo que le gustan los de ocho años que actualmente establece la Constitución.
Además, alegó que no se debería crear un mecanismo que suponga una forma de “supeditar la voluntad de las y los magistrados al poder político”. Sobre ese caso, también dijo que prefiere mantener el sistema actual de reelección.
El alajuelense Roberto Thompson alegó que el PLN consideró importante abrir la discusión “ante diversas inquietudes relacionadas con la forma y plazo de elección y reelección de magistrados”.
Añadió que el proyecto del socialcristiano Peña permitiría esa discusión, pero bajo el entendido de que el fondo se debatirá en la comisión dictaminadora.
“Percibo un mayor consenso en dejar el plazo de ocho años de nombramiento, limitando la reelección a un único periodo, pero es un tema que no se ha abordado en la fracción”, dijo.
El presidente de la Comisión de Nombramientos, el liberacionista Luis Fernando Chacón, reveló que hubo un acuerdo entre todas las fracciones para admitir el estudio de varias reformas constitucionales, pero no precisamente con acuerdo de aprobación.
“Es solo para análisis y discusión. Incluso, en el seno del PLN, hay posiciones contrarias en todos los proyectos. Ninguna de las reformas tiene consenso. No hay compromiso político”, alegó Chacón.
En cuanto al fondo del plan de Peña, adujo que cinco años le parece poco para el periodo de un magistrado, pues acotó que se le debería permitir desarrollar su experiencia. Admitió que la preocupación sobre el gasto que significa tramitar un proyecto sin viabilidad estuvo entre las discusiones sobre este plan.
También, cree que dos periodos de ocho años cada uno sería adecuado.
Jorge Fonseca, también del PLN, comentó que él está a favor de que se discutan todas las propuestas, aunque muchos legisladores han estado en contra. Él adujo que cree en un solo plazo para los magistrados, de nueve años, tal como lo propuso el constitucionalista Rubén Hernández.
PUSC: Magistrados son ‘vitalicios’
Pedro Muñoz, subjefe de fracción del PUSC y quien aclaró que opina a título personal y no en representación del Partido, aseguró que “los magistrados son casi vitalicios”.
“Remover un magistrado es, prácticamente, imposible. Necesitamos renovar la Corte como hemos necesitado renovar los otros poderes, pero con las reglas que tenemos hoy, es imposible hacerlo”, aseguró.
Según Muñoz, es apremiante refrescar el Poder Judicial debido a las acusaciones de corrupción que ha enfrentado en los últimos tiempos.
Esa renovación urgente en la Corte, sostiene el diputado rojiazul, se debe a que en su seno existe una división que repercute en los juzgados y hasta en la Fiscalía
“Hay una pelea entre dos bandos, y esa división no solo influye en las resoluciones, sino también en los casos que se conocen, en los casos que se desestiman y en los casos que se dejan de conocer”, enfatizó Muñoz.
Por esas razones, argumentó el socialcristiano, ha votado contra la reelección de los magistrados Julia Varela y Paul Rueda, los dos últimos altos jueces quienes optaron por permanecer en el cargo.
Se intentó conocer el criterio de la jefa liberacionista, Silvia Hernández; sin embargo, no respondió llamadas ni mensajes.
Tampoco respondieron el proponente de la iniciativa, Rodolfo Peña, ni Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, así como tampoco los fabricistas Carmen Chan y Jonathan Prendas.
Exmagistrado y exdiputado: 'Es una trama destinada a golpear la independencia judicial”.
El exmagistrado constitucional y exdiputado Carlos Arguedas manifestó directamente que la reforma a la reelección de magistrados que estudian los diputados tiende a debilitar la independencia del Poder Judicial. “Me sorprenden cosas de esta naturaleza y también me asusta”, comentó.
Alegó que él sí estaría de acuerdo en que se delimite el periodo de un magistrado a ocho o 10 años, y limitar la reelección a un solo periodo igual.
No obstante, dijo que periodos de cinco años y cambiar el sistema de reelección automática vigente hoy “tiende a debilitar la independencia de la Corte Suprema de Justicia”.
“Eso colocaría en una situación precaria a los magistrados y me asusta para cualquiera de las salas, pero en particular para la Constitucional, por haber yo pertenecido ella y por las competencias que tiene”, indicó Arguedas.
Según el exjuez, subjetivamente considera que es un paso más de los que ha dado esta Asamblea de rebelarse contra mecanismos como el de transparencia para la reelección. “Esta es una consecuencia de la voluntad de querer declinar la independencia judicial”, afirmó.
También, sentenció que un periodo tan estrecho de cinco años y obligar a un magistrado a buscar 38 votos para su reelección, es una “trama intencionadamente destinada a golpear la independencia del Poder Judicial”.
El abogado constitucionalista Rubén Hernández manifestó que, en su caso, considera que sí es necesario reformar los periodos de nombramiento, pero para aumentarlos. A su gusto, un magistrado debería estar en el cargo por un solo periodo de nueve años.
Además, sugiere que se modifiquen los requisitos para la edad de los altos jueces, y que tengan que ser mayores de 50 años, y no mayores de 35, como sucede actualmente.
Por su parte, el también exmagistrado constitucional Ernesto Jinesta considera que mucho de lo contenido en la reforma viene de un clamor popular de la ciudadanía, por considerar que los puestos de los magistrados se han convertido en vitalicios.
Alegó que la condición de vitalicio de un magistrado tiene pros y contras. “Si se trata de una persona bien formada en conocimientos jurídicos, conforme aumenta la edad y la experiencia, está bien, pero eso no se ha visto bien, porque de cierta forma es eternizarse en el puesto”, dijo Jinesta.
El exjuez sí consideró que la remoción de los magistrados solo debería darse por una causa grave, pero cree que el nombramiento debería ser por un periodo determinado.
Pasos para una reforma constitucional
Con el fin de que no sea tan fácil hacerle reformas a la Constitución Política, este tipo de propuestas deben seguir un procedimiento calificado, que pueda asegurar el consenso de una importante mayoría de congresistas y de grupos políticos.
1.- El proyecto para una reforma constitucional debe ser presentado en el Congreso en sesiones ordinarias (periodo que va del 1.º de mayo al 31 de julio y del 1.º de setiembre al 30 de noviembre), firmado al menos por 10 diputados.
2.- Debe ser leído tres veces, con intervalos de seis días entre sí, para resolver si se admite o no. La admisibilidad la decide la mayoría simple de los presentes en la votación.
3.- En caso afirmativo, pasa a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea, para que la dictamine en un plazo de 20 días hábiles.
4.- El dictamen debe recibir dos debates, cada uno en día distinto, y para su aprobación requiere de la votación de los dos tercios del total de la Asamblea (38 votos). Después del primer debate, el proyecto tiene que someterse, obligatoriamente, a consulta ante la Sala IV.
5.- Si se acuerda que procede la reforma, se prepara la redacción definitiva, para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta de la Asamblea.
6.- El proyecto se pasará al Poder Ejecutivo y este lo enviará a la Asamblea con el mensaje presidencial, al iniciarse la siguiente legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendando su aprobación.
7.- La Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura, discutirá el proyecto en tres debates (cada uno en día distinto), no pudiendo en el primer debate de esta segunda legislatura conocerse de mociones de fondo. Para ser aprobado requiere de 38 votos.