La encargada de Recursos Humanos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Adriana Salazar Araya, renunció este jueves 21 de marzo al cargo que ocupó durante nueve años. La funcionaria señaló haber sido objeto de malos tratos, acoso laboral, discriminación y violación de derechos laborales por parte de la directora ejecutiva de la institución, Karen Porras Arguedas.
Salazar explicó en su carta de dimisión que deseaba continuar en la UNGL; no obstante, su relación laboral con Porras estaba afectando su salud física, emocional y mental. Entre julio, agosto y setiembre del 2023, ella se ausentó de labores con una licencia por maternidad; sus labores las asumió de manera interina Fabiola Salas Leal.
No obstante, el pasado 31 de agosto, Salas renunció al cargo, alegando haber recibido reclamos y presiones por parte de Karen Porras y su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, para que aprobara la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas (periodo 1998-2002).
Salazar agregó que los malos tratos recibidos le han provocado estrés, ansiedad, preocupación, tristeza, depresión y problemas de hipertensión arterial, lo cual la afecta no solo a ella, sino también a su hija en periodo de lactancia. Por este motivo, califica la renuncia como una “medida urgente” en protección de su salud.
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“Por este mismo motivo, fui incapacitada los días 6, 7 y 8 de marzo del 2024, situación que a lo largo de más de doce años de experiencia laboral para este y otros patronos, nunca me había sucedido. En nueve años en la UNGL, nunca me había incapacitado, únicamente me ausenté por dos licencias de maternidad”, aclaró la funcionaria, que laborará en la Unión de Gobiernos locales hasta el 21 de abril.
La encargada de Recursos Humanos advirtió de que, ante la reiterada violación de sus derechos laborales, tomará medidas “en el momento oportuno”, por la vía jurisdiccional.
Funcionaria enlistó actos de acoso laboral
En su carta de renuncia, Salazar enlistó los actos de acoso laboral que, según su criterio, sufrió por parte de Porras.
- Dejó de recibir su salario completo que por derecho le corresponde, y cuando manifestó su inconformidad, recibió una respuesta negativa por parte de Karen Porras.
- Trabajó horas extra sin que se le reconociera el pago correspondiente.
- Solicitó audiencias con el Consejo Directivo de la UNGL, pero Porras se las negó sin justificación. “¿Cuál es el temor de que hable frente al Consejo?”, cuestionó Salazar en el documento.
- Aqueja haber recibido constantes oficios, petitorias y requisiciones por parte de Porras, lo cual aumentó drásticamente su volumen de trabajo, algo sin precedentes en tal cantidad y contenido en sus nueve años en la institución. Esto, afirma, evidencia el acoso laboral del que es objeto.
- Solicitó horas extra para cumplir con el alto volumen de trabajo, pero no recibió respuesta por parte de Porras.
- Pidió utilizar días de sus vacaciones acumuladas, pero se lo negaron.
- Solicitó que su puesto fuera recalificado, y en respuesta recibió tratos discriminatorios, lo que perpetuó la desigualdad salarial dentro de la institución.
- Evidenció posibles nulidades en el Manual de Puestos de la UNGL. En consecuencia, afirma haber recibido una “lluvia de solicitudes y oficios”, con el objetivo de cuestionar sus capacidades profesionales y aumentar injustificadamente su volumen de trabajo.
- Se le prohibió comunicarse vía oficios con sus compañeros, salvo con previa aprobación de Porras.
- No se le da espacio a la innovación y mejora en su puesto, ya que le indicaron que toda solicitud o comunicado debe pasar por la autorización de la directora ejecutiva.
- No tiene posibilidad de reunirse con Porras, y cuando agenda reuniones para presentarle propuestas, le cancelan la cita y no la reprograman.
“Vivo como en un aislamiento profesional que no me permite crecer. Existen constantes tratos diferenciados completa y absolutamente discriminatorios. Somos varios los exfuncionarios de la UNGL que expresamos por escrito los motivos de nuestras renuncias, y pareciera que usted ignora dichas peticiones, toda vez que no hay cambios o medidas que se tomen, en vista de la alta rotación de personal”, reclamó Salazar.
La Nación contactó al departamento de Prensa de la UNGL para conocer el punto de vista de Karen Porras sobre estas acusaciones. La directora ejecutiva afirmó que la renuncia la tomaba por sorpresa.
“Hubiese querido que nos lo comunicara por el orden lógico de escalar sus observaciones. Lamentamos su salida de la institución. Esto nos coloca en una situación compleja, pues estamos a las puertas de una auditoría especial, precisamente en esta área.
“Por mi parte, rechazo categóricamente lo dicho en la carta de renuncia. A Salazar, como a todos los funcionarios, se les ha cumplido con las obligaciones laborales establecidas en la legislación nacional y a lo largo de estos años laborados llegó a alcanzar oportunidades de crecimiento académico y profesional”, declaró Porras.
Antecesora también renunció por presiones de directora ejecutiva
Fabiola Salas, que sustituyó a Salazar por tres meses como encargada interina de Recursos Humanos, también renunció por presiones de parte de Karen Porras y su asesor legal, Carlos Bolaños.
El 29 de agosto de 2023, dos días antes de su renuncia, Salas emitió un oficio en el cual indicó a Porras que no podía nombrar a María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista, Rafael Arias Fallas, como asesora de la Dirección Ejecutiva. Para el momento, Arias Molina era licenciada en Nutrición.
“Posterior al envío de dicho correo, el 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, alegó en su carta de renuncia.
Incluso, el 2 de octubre de 2023, La Nación publicó la grabación de una llamada que muestra las supuestas presiones, ya que Bolaños le pide a Salas “discutir y ver cómo acomodarlo para contratar a esa persona”.
El asesor le dijo: “Hagamos algo, como dijo la jefa, pon un correo diciendo que por error se mandó ese oficio y se enviará el oficio correcto, ya sea que lo mantengás o no, pero antes de mandarlo, veámoslo, discutámoslo y vemos si se mantiene su criterio o existe algún huequito en el cual nos podamos meter”.
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El 6 de setiembre de 2023, el Consejo Directivo de la UNGL aprobó una moción para contratar una auditoría externa que investigara la gestión de Porras.
José Bernardino Rojas, presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, dijo a La Nación que buscaría tener los resultados de la auditoría antes de que se realizaran las elecciones municipales del pasado 4 de febrero.
Este compromiso no se cumplió pero, además, ya no habrá investigación. El pasado martes 27 de febrero la cúpula de alcaldes frustró esta posibilidad, luego de dar por visto un oficio de la Proveeduría de la UNGL en el que recomendaron declarar inadmisible la contratación de la única empresa que se postuló.
Según explicó el alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela, José Miguel Jiménez, la recomendación de declarar infructuosa la contratación se debió a que uno de los empleados de la empresa oferente no cumplía con tener una licenciatura con especialidad en Recursos Humanos.
“La Proveeduría indicó que, como solo había un oferente y el interés superior de la contratación podía subsanarse, existía la posibilidad de hacer una justificación y adjudicar la contratación, pero no había claridad de qué se estaba votando. En algunos momentos, nos decían que había que declararla infructuosa; en otros, que debíamos declarar la inadmisibilidad”, dijo Jiménez en ese momento.
La actual administración de la UNGL dejará sus cargos el próximo 1.° de mayo, pero Karen Porras está nombrada hasta junio del 2026. Ella lleva cuatro periodos seguidos en el máximo puesto ejecutivo de la UNGL; fue elegida por primera vez en 2010 y reelecta en los años 2014, 2018 y 2022.
