La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) rechazó facilitar el audio de la sesión de Junta Directiva donde se discutió sobre la nueva crisis financiera de esa entidad portuaria.
Su decisión se contrapone a la jurisprudencia constitucional y otros pronunciamientos, los cuales establecen que tanto las actas como las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados son de acceso público.
Japdeva alegó que su reglamento interno establece que las grabaciones de las reuniones “son para consultas o aclaraciones de la Junta Directiva única y exclusivamente”.
No obstante, en esta misma administración, entidades como el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) han tenido que facilitar las grabaciones ante solicitudes de prensa.
Sobre el acceso público a esos archivos, la Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que “los casetes de grabación de las sesiones no son solo instrumentos de ayuda para la confección de actas, sino que constituyen documentos públicos”.
Asimismo, el abogado del Estado recalcó que “la grabación de una sesión de un órgano colegiado es un documento público, ya sea que se haga por medio de grabadora o de equipo de video”.
Con respecto a ese tipo de materiales, la Sala IV ha manifestado que se trata “de una información que se constituye en información indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su participación en las tareas públicas, que es un derecho público y subjetivo”.
Mientras, la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado que sobre “el contenido de lo discutido en las sesiones de órganos colegiados existe, por rendición de cuentas y transparencia, el derecho de acceso a la información; el cual es considerado uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho y contribuye a la transparencia en la toma de las decisiones políticas”.
Agrega que “a la vez que permite a la ciudadanía conocer el por qué de los actos administrativos y la deliberación de los órganos colegiados que llevó a la adopción de dichos actos y la postura o posición de sus integrantes”.
Por último, el órgano contralor recalca que el acceso a esa información “debe garantizarse salvo que exista ley en contrario que establezca la privacidad, secreto o confidencialidad de las sesiones y las discusiones llevadas a cabo en ellas”.
En otro de sus múltiples criterios sobre el tema, la Procuraduría señala que el derecho de acceso a la información comprende a los distintos documentos que dan cuenta de la deliberación y decisión de los órganos colegiados.
“Por ende, incluye el acceso a todo documento que grabe, registre o de cualquier forma represente la sesión”, sostiene.
¿Qué se discutió en dicha sesión?
Según el acta de la sesión de Junta Directiva del pasado 8 de setiembre, que hace una transcripción no literal de las intervenciones, la presidenta ejecutiva, Sucy Wing, informó de que la institución se quedará sin fondos antes de que finalice el año.
En esa misma sesión, la jerarca solicitó al Consejo Directivo hacer una excepción y aprobar un plus salarial en favor de su jefe de despacho, José Lidier Azofeifa, por encima de otros trabajadores que esperan la ratificación de beneficios salariales.
La Nación contactó vía telefónica a Sucy Wing, el 28 de setiembre, para consultar sobre ambos temas, pero la jerarca aseguró que solo respondería a través de la encargada de prensa.
Ese mismo día, este medio de comunicación solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara el estado financiero de la entidad portuaria limonense. No obstante, el pasado 10 de octubre, Japdeva rechazó la entrevista.
“Al respecto de sus solicitudes le informo respetuosamente que por el momento la señora Sucy Wing no se referirá al tema hasta tanto se plantee al señor presidente (Rodrigo Chaves) la propuesta institucional”, señaló la entidad a través de la oficina de prensa.
Los diputados de la Comisión Especial de Limón, quienes llamaron a la jerarca a rendir cuentas sobre el estado financiero de la institución, el pasado 6 de octubre, criticaron la calidad de la información aportada por Wing.
Incluso, la diputada oficialista Ada Acuña le preguntó si estaba bajo amenazas que le impedían entregar información a la Asamblea Legislativa, o si temía represalias, luego de que ni siquiera aportara una diapositiva sobre el tema.
La comparecencia de la jerarca no sirvió para aclarar cuál será el futuro inmediato de Japdeva. No obstante, ante consulta de la diputada Ada Acuña, la jerarca portuaria aseguró que el mandatario no contempla el cierre de la institución.
En los próximos días, el presidente Chaves se reunirá con Wing y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para definir el futuro de la empresa estatal.