EscucharLa Cámara Costarricense de Hoteles sugirió a la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa imponer a las plataformas tecnológicas de hospedaje que operan en Costa Rica, como Airbnb y Vrbo, la condición de que no puedan vender estadías inferiores a seis días.
La propuesta se desprende de una carta enviada por la directora de la Cámara, Flora Ayub, a la diputada Carolina Delgado, quien propuso un proyecto de ley para modificar la regulación de los alojamientos no tradicionales.
Según la organización empresarial, el planteamiento surge como una medida preventiva tomando en cuenta experiencias ocurridas en otros países como Estados Unidos o España, donde se han prohibido los alquileres turísticos sin regulación de tiempo de estadía, “por el incremento desmedido en los precios de las viviendas”.
“Creemos que este proyecto es una gran oportunidad para que se adopte una medida preventiva similar, antes de que esa problemática se vuelva insostenible en varias partes de nuestro país, que ya han comenzado a padecerla”, menciona la carta.
En entrevista con La Nación, Ayub explicó que la intención de la propuesta no es prohibir los hospedajes mediante plataformas no tradicionales, sino equiparar la competencia entre este tipo de alojamientos y los hoteles.
“Nosotros lo que queremos es que paguen impuestos, tengan una patente municipal y servicios de agua y luz de tipo comercial. Lo que buscamos es que, con el requisito de alojarse más días, se compensen estas otras variables que actualmente no se están cumpliendo”, indicó.
Al consultarle si no considera que esta medida reduciría el turismo en el país, la directora de la cámara insistió en que no lo ven así, pues los alojamientos no tradicionales no permiten tener un control de sus visitantes.
“No consideramos que baje el hospedaje porque, si la gente no está yendo a casas de hospedaje, no hay forma de medir cómo bajo. En los hoteles, sí se puede medir por el pago de impuestos, pero en estos lugares no, porque no hay un control”, añadió.
Airbnb: Sería ‘devastador’
Por su parte, Airbnb sostuvo que una imposición de un mínimo de seis noches a sus huéspedes tendría un impacto económico devastador.
“Esta limitación afectará los derechos de los turistas nacionales que buscan vacacionar en su propio país. En el 2023, más del 95% de reservaciones en Costa Rica fueron de seis noches o menos. Invitamos a elevar el debate con propuestas serias que beneficien a los ticos y no la actividad de unos cuantos”, aseguró la empresa en una respuesta enviada a este medio.
Airbnb dijo que está a favor de una regulación que permita el crecimiento ordenado de los alojamientos de corto plazo, para que más personas puedan obtener ingresos extras, pero rechazó la idea de la Cámara de Hoteleros.
En setiembre del 2019, los diputados aprobaron una primera ley para tratar de emparejar la cancha entre hospedajes tradicionales y las plataformas.
Desde entonces, se pide a los anfitriones de plataformas registrarse en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y recaudar el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), además de pagar un impuesto municipal por prestar este servicio y obtener una patente.
Airbnb reportó haber recaudado $1,5 millones de IVA en el 2013, en Costa Rica.
El nuevo proyecto agregaría otras regulaciones como la obligatoriedad de un seguro y el establecimiento de sanciones.
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Asociación de Consumidores se opone
La Asociación de Consumidores Libres (ACL) se manifestó en contra de la propuesta de la Cámara Costarricense de Hoteles.
De acuerdo con Juan Ricardo Fernández, presidente de la asociación, la propuesta limitaría la oferta de opciones de alojamiento para los turistas, lo que, a su vez, afectaría la capacidad de encontrar opciones de alojamiento que se ajusten a sus necesidades y preferencias.
“Vemos con suma preocupación el intento de restringir y encarecer la competencia al turismo tradicional creando condiciones de monopolio. Esta iniciativa le limitará a familias costarricenses, por ejemplo, alquilar un Airbnb para ir a la playa o venir fuera del Gran Área Metropolitana a la capital para asistir a una cita médica”, comentó.
Reforma
La reforma pretende realizar ajustes a la ley 9742, publicada en noviembre de 2019. Entre las nuevas regulaciones, destacan sanciones, según los metros cuadrados que mida la propiedad, para quienes no cumplan con los requisitos necesarios para prestar el servicio de alojamiento, los cuales, de acuerdo con el texto base, serán definidos por el ICT.
Además, el texto exigiría a los prestatarios del servicio contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra a los huéspedes durante su estancia, realizar una inscripción del servicio de hospedaje ante el ICT, inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, así como expedir la factura digital desglosada con los servicios prestados.
Por otra parte, el expediente fijaría como requisito, para inscribirse en el ICT, crear un registro digital y de acceso público de los arrendatarios, o bien, de las empresas administradoras, comercializadoras o intermediarias que ofrezcan o que participen en el servicio de hospedaje no tradicional.
“El ICT deberá fiscalizar que los obligados se incorporen en él, para lo cual deberá consultar la oferta de las diferentes empresas o plataformas tecnológicas que permiten reservar espacios de hospedaje no tradicional para identificar, previo estudio de veracidad de la información, a las personas obligadas de cumplir con esta disposición”, agrega el documento.
Aunque el proyecto fue presentado por la diputada Delgado en mayo de 2023, aún no se ha sometido a votación en el Congreso.
