Krisia Chacón Jiménez. 9 septiembre
(18-07-2014). Aplicacion Airbnb para Costa Rica. Fotografia Marcela Bertozzi
(18-07-2014). Aplicacion Airbnb para Costa Rica. Fotografia Marcela Bertozzi

Los diputados aprobaron, el jueves 5 de setiembre, en segundo debate, el proyecto de ley que les impone pagos y regulaciones a los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional, como es el caso de la plataforma Airbnb.

Con la nueva legislación, los diputados pretenden emparejar la cancha entre los hoteleros y quienes ofrecen el servicio bajo el modelo de economía colaborativa, concepto que hace referencia a las cada vez más numerosas plataformas en las que, por medio de Internet y diversas tecnologías, las personas ofrecen bienes y servicios sin necesidad de intermediarios.

En el caso de Airbnb, la apuesta es ofrecer precios asequibles, la vivencia de experiencias como hospedarse en la casa de otra persona e incluso tener contacto con habitantes locales durante su estadía.

No obstante, este esquema de negocio no es bien visto para los empresarios ni autoridades de gobierno debido a que consideran que se genera una competencia desleal entre los prestatarios del hospedaje no tradicional y los hoteleros.

Por esta razón es que la nueva ley obliga a los anfitriones a registrarse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y establece que el Ministerio de Hacienda debe cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) del 13% sobre cada transacción de ese servicio de hospedaje no tradicional.

La nueva legislación, además, establece que los dueños de los inmuebles deben pagar un impuesto municipal por prestar ese tipo de servicio y obtener una patente que los faculte a funcionar como lugares de hospedaje.

Hasta ahora, los anfitriones no estaban obligados a pagar por obtener una patente, ni los usuarios a pagar impuestos por el servicio.

Cada municipalidad tendrá la responsabilidad de establecer una tarifa para la emisión de la patente que le permita a los anfitriones operar su negocio de hospedaje no tradicional.

Los propietarios de casas y habitaciones tendrán que pagar un canon fijado en el artículo 88 del Código Municipal que oscila entre 10%, 30% y 80% del salario base de un oficinista del Poder Judicial (¢446.200), según la capacidad máxima de huéspedes que tenga el local.

“Esta ley permitirá una competencia más igualitaria dentro del sector turístico entre las empresas de hospedaje y garantiza un paso vanguardista en cuanto a normativa para garantizar mayor protección a los turistas”, señaló María Amalia Revelo, ministra de turismo.

Plataforma de hospedaje en Costa Rica

Anfitriones recibieron a más de 524.000 huéspedes.

Datos de Airbnb a julio 2019

FUENTE: Airbnb.    || C.F. / LA NACIÓN.

Respuesta de Airbnb

Sin embargo estas regulaciones no son del agrado de Airbnb, quien asegura que a lo largo de este proceso legislativo, ni las voces de los anfitriones ni de las plataformas de alojamiento fueron escuchadas en la discusión del proyecto de ley.

“La experiencia de cerrar acuerdos tributarios en 400 jurisdicciones a través del mundo se encuentra entre las prácticas de la industria; sin embargo, la legislación actual no proporciona condiciones adecuadas para estructurar un instrumento similar en Costa Rica”, manifestó Airbnb.

En el 2018, los anfitriones de Airbnb en Costa Rica recibieron a más de 524.000 huéspedes, según datos compartidos por la plataforma.

“Airbnb se ha comprometido de manera activa y constante con las autoridades para brindarles apoyo que les permita desarrollar regulaciones razonables y modernas que reconozcan las realidades de nuestra comunidad anfitriona y las funcionalidades de plataformas como la nuestra”. Airbnb.

La pregunta que sale a relucir luego de la aprobación de esta ley es ¿qué pasará con el hospedaje no tradicional?

Desde Airbnb proyectan que, así como está establecida la regulación, afectará a la economía turística de Costa Rica.

Esta compañía afirman que las pérdidas que se generarán en toda la comunidad por la nueva regulación afectarán no solamente a sus anfitriones, sino también a los restaurantes y otros pequeños empresarios locales que hoy se benefician del turismo local que genera esta herramienta digital.

“Los anfitriones locales se han comunicado directamente con Airbnb, temerosos del impacto final que esta legislación tendrá en su capacidad de obtener ingresos adicionales críticos y apoyar a sus familias”, añadió la compañía.

Del otro lado de la acera, la Cámara Costarricense de Hoteles, afirma estar satisfecha por la respuesta de los diputados.

“Los empresarios hoteleros comenzaron esa lucha desde hace más de cuatro años no con el fin de evitar la competencia que dichos sistemas le ofrecen al sector, sino más bien con el propósito de coexistir pero con regulaciones que emparejaran el mercado distorsionado por este tipo de negocios”, señaló la entidad mediante un comunicado de prensa.

Cambios para Airbnb

Alquiler de cuartos y apartamentos por medio de apps tendrían nuevas reglas.

FUENTE: PROYECTO DE LEY 20.865.    || C.F. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

En el resto del mundo

El mercado de alojamientos de la empresa está compuesto por más de seis millones de alojamientos en 100.000 ciudades y 191 países.

El crecimiento de Airbnb en el ámbito internacional es indiscutible, puesto que sus ingresos, durante el tercer trimestre de 2018, superaron fácilmente los $1.000 millones debido a que las reservaciones de viviendas se dispararon en lugares como Beijing, Ciudad de México y Birmingham, en Inglaterra, informó la empresa con sede en San Francisco, Estados Unidos.

Los gobiernos en diferentes partes del mundo se han manifestado y han realizado severas modificaciones en cuanto al tema de alquileres.

En Ámsterdam, Holanda, el alquiler de casas está limitado a como máximo 60 días al año, mientras que en Berlín, Alemania, los propietarios necesitan un permiso para alquilar el 50% o más de su residencia durante un periodo corto, en caso que un anfitrión no cuente con la autorización se expone a multas que oscilan los 100.000 euros.

En Londres, Reino Unido, los alquileres de corta duración se limitan a 90 días al año. En esta ciudad no es necesario tener permisos mientras se apegue al periodo establecido por la ley. Caso similar ocurre en París, a diferencia que el periodo permitido es de 120 días al año.

En Singapur el periodo mínimo de alquiler de una vivienda es de seis meses consecutivos.

En Estados Unidos muchos municipios y gobiernos estatales han regulado el servicio de renta de propiedades en vista del rápido crecimiento de ese sector. Por ejemplo, Nueva York y Washington han impuesto límites estrictos a las empresas de renta de propiedades a corto plazo.

“En algunas jurisdicciones, será Airbnb quien se encargue de calcular, recaudar y realizar el pago de los impuestos sobre el alojamiento en nombre del anfitrión. Estos impuestos se calculan de forma distinta dependiendo de la jurisdicción”, dice la plataforma en su sitio oficial.

Las regulaciones son completamente diferentes en los países, no obstante, de momento los datos de la compañía muestran que continúan tanto con la oferta de hospedajes, así como con la demanda de los clientes.