Si usted tiene habitaciones, apartamentos, casas, chalets o bungalós y quiere alquilarlos por medio de plataformas digitales como Airbnb o Booking.com, debe tener en cuenta que las reglas para desarrollar este tipo de negocio podrían cambiar muy pronto en Costa Rica.

Los diputados discuten el proyecto de ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, este texto pretende definir las reglas para los propietarios de espacios destinados al alquiler.

Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y promotor de la iniciativa, explicó que el proyecto creará normas para que los dueños de casas o apartamentos cumplan con una serie de requisitos antes de ofrecer los servicios de hospedaje.

“Es trascendental para el país actualizar la ley a la nueva realidad del mercado, procurando un mismo nivel de reglas para todos, tanto al que ofrece el hospedaje, como al comprador y al que sirve de intermediario”, apuntó Abarca.

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Las reglas se mantienen similares para los clientes que alquilan y para las plataformas intermediarias como Airbnb, Booking.com, Hoteles.com y TripAdvisor, los principales cambios se aplicarían para quienes ofrecen sus espacios para el hospedaje de personas por periodos no mayores a un año, ni menores a 24 horas.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, los propietarios de casas, apartamentos y otros lugares destinados al alquiler, tendrán que inscribirse como prestatarios de este servicio en un registro digital que será creado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), esta entidad podrá validar la información con las plataformas digitales o apps.

Quienes quieran alquilar espacios para hospedaje también tendrían que registrarse ante la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda para emitir facturas digitales y pagar el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) que se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los diputados pretenden que los propietarios de casas y habitaciones para alquiler por medio de apps, paguen un canon fijado en el artículo 88 del Código Municipal que oscila entre 10%, 30% y 80% del salario base de un oficinista del Poder Judicial, según la capacidad máxima de huéspedes que tenga el local dispuesto para esa actividad.

El proyecto de ley 20.865 fue aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de marzo y ahora continúa el trámite en el plenario con mociones de consulta, aunque los diputados todavía pueden hacerle cambios antes se someterlo a votación.

Respaldo al proyecto

El texto tiene buen ambiente, dentro y fuera del Congreso, para convertirse en ley muy pronto. Los nueve legisladores de la Comisión de Económicos dieron sus votos de apoyo para avalar la iniciativa.

María Amalia Revelo, ministra de Turismo, aseguró que el Gobierno está a favor del proyecto de ley para regular el hospedaje no tradicional que se ofrecen mediante plataformas digitales.

“En promedio un 11% de los turistas que ingresan al país por la vía aérea, escogen opciones propias de la economía colaborativa como alojamiento, por lo que es necesario establecer parámetros de regulación y protección para nuestros turistas”, señaló la jerarca.

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Para Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), esta iniciativa permitirá dar los primeros pasos para “nivelar la cancha” entre el sector hotelero nacional y quienes se dedican a la actividad del hospedaje sin cumplir con los requisitos de Ley.

Flora Ayub, directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), reafirmó el interés del sector para que se apruebe este proyecto.

“Nosotros no estamos en contra de Airbnb, ni de estas plataformas, pero si pedimos que se controlen. Nosotros, los hoteleros, pagamos patentes, impuesto de ventas, cuotas obrero-patronales, tributo territorial y tarifas comerciales de servicios públicos, mientras que quienes alquilan lugares en estas plataformas no deben pagar nada de eso y pueden ofrecer precios más bajos”, sentenció Ayub.

Los hoteleros aseguran que con el registro de negocios de hospedaje no tradicional ante el ICT y ante Tributación se generará una base de datos con información valiosa para garantizar mayor seguridad a los turistas.

Airbnb indicó, vía correo electrónico, que están en una etapa de revisión del proyecto de ley. “Seguimos dispuestos a trabajar de manera colaborativa con el gobierno y los legisladores para desarrollar una regulación razonable y moderna que ayude a que cada vez más costarricenses se beneficien de alquileres a corto plazo”.

La Comisión de Económicos del Congreso envió el texto a consulta con diferentes instituciones públicas y privadas del sector turístico, para recibir observaciones y modificar el proyecto de ley.

Lea el texto completo del informe que aprobaron los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos el pasado 26 de marzo.