El presidente Rodrigo Chaves y la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, pasaron de promover una ley para incentivar denuncias contra la corrupción y la protección para quienes informen sobre posibles actos ilícitos, a cuestionar a la Contraloría General de la República (CGR) por lanzar investigaciones o emprender revisiones de los proyectos del Poder Ejecutivo, a partir de denuncias que le son presentadas.
Las más recientes manifestaciones se generaron a partir de un acto público organizado por Casa Presidencial en Limón, el pasado martes 16 de abril. Allí, Chaves afirmó, erróneamente, que la Contraloría había frenado la construcción de una marina y terminal de cruceros en la provincia caribeña, a partir de una denuncia anónima que recibió el ente contralor contra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“De un momento a otro nos escribe la Contraloría, a punto de venirles a decir cortemos la cinta de $854 millones, el doble de Ciudad Gobierno. Ah no, dice la Contraloría: ‘Viera qué raro, Japdeva, recibimos una denuncia anónima, de alguien que no se conoce, que no sabemos decir qué es, no le podemos decir qué denuncian, sobre la marina.
“Porque una denuncia anónima, ¿no será alguien de ahí mismo que la pudo haber puesto? Pero, no le parece posible a usted amigo, solo por atravesar el caballo”, expresó Chaves.
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Dos días después, Cisneros lanzó un cuestionamiento similar en el plenario legislativo, durante un debate reglado convocado por los diputados de oposición, para referirse a las manifestaciones del gobernante en Limón, en las que no solo atacó a la Contraloría, sino también a los diputados Katherine Moreira y Geison Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).
“En todos los casos, Ciudad Gobierno, escáneres y la marina en Limón, la Contraloría recibe una denuncia anónima, cuyo autor y cuyo contenido, por supuesto, no pueden revelar. Pero vean qué curioso, reciben la denuncia antes que el Gobierno le consulte a la Contraloría.
“Me pregunto yo, ¿será que tienen algún espía en Casa Presidencial?, ¿será que alguien les informa de qué es lo que pensamos hacer?”, expresó la oficialista.
Contraloría señala contradicción
La Contraloría calificó de “contradictorias” estas manifestaciones, ya que fue el mismo Poder Ejecutivo el que impulsó la promulgación de la ‘Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales’. La norma está vigente desde el pasado 8 de febrero.
“Llama poderosamente la atención que mediante ley promovida por el mismo Poder Ejecutivo, se incentivara la denuncia de hechos irregulares y ahora que los denunciantes se animan a realizarlas ante la posible comisión de hechos irregulares de las que tienen conocimiento, sea motivo de molestia justamente en quienes incentivaron tal normativa”, declaró la entidad fiscalizadora a La Nación.
Dicha ley, propuesta por el Gobierno, tiene como objetivo proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, en el sector público o privado, contra represalias laborales que puedan sufrir, al brindar información respecto a acciones que infrinjan la ley.
Para ello, reconoce el derecho de toda persona denunciante de contar con un fuero especial, de forma tal que no pueda ser sancionada o despedida, “con independencia de los motivos personales” que haya tenido para comunicar los posibles actos de corrupción.
La Nación remitió, la mañana del pasado viernes, consultas por correo a Casa Presidencial, sin que se obtuviera respuesta al cierre de esta información.
Asimismo, se solicitó por escrito criterio de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), sobre el impacto que afirmaciones como las de Chaves y Cisneros podrían generar en la disposición de las personas de denunciar actos de corrupción. Tampoco se recibió una manifestación.
Cisneros pide revelar identidad de denunciantes
Pilar Cisneros manifestó, ante consultas de La Nación, que no se oponen a las investigaciones, pero cuestionó el valor de las mismas si no se tiene conocimiento de las personas que las plantean o de su contenido.
“Nuestra sospecha es que en el caso de Ciudad Gobierno podría provenir de alguno de los que se benefician con los $30 millones anuales que gasta el Estado en alquileres”, aseveró la legisladora.
El 25 de octubre del 2023, Cisneros pidió a la contralora general, Marta Acosta, que diera a conocer la identidad de la persona que denunció irregularidades en la forma como se contratarían las obras del proyecto Ciudad Gobierno. La legisladora hizo la solicitud durante una sesión de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.
La jerarca se negó a brindar la información, señalando que la Ley General de Control Interno ordena proteger la confidencialidad del denunciante.
Esta denuncia generó un oficio por parte del órgano fiscalizador, el cual advirtió al Poder Ejecutivo que es ilegal la forma como pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.
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El 1.° de noviembre, la ministra de Mideplán, Laura Fernández, envió un oficio a la Contraloría, solicitando una copia de la denuncia que se presentó sobre el financiamiento de Ciudad Gobierno.
Siete días después, el 8 de noviembre, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del órgano fiscalizador le envió una respuesta a la jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), reiterándole el carácter confidencial y la obligatoriedad de proteger la identidad de los denunciantes.
Cisneros también mantuvo su afirmación de que existen supuestos “espías o soplones” que trasladan información a la Contraloría, porque, en su criterio, “es difícil explicarse que ya sepan los proyectos que quiere desarrollar el Gobierno”.
“Lo curioso del caso es que las reciben antes de que el Ejecutivo haya hecho alguna gestión ante la Contraloría. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo saben si no hay nada en curso?”, señaló la diputada oficialista.
Sobre las aseveraciones de Cisneros de un posible “espía”, la Contraloría dijo que no se iba a referir. “Se trata de insinuaciones que consideramos fuera de lugar, propias de la dinámica política en que ella participa y no de los procedimientos técnicos y legales que guían todo el accionar de fiscalización de la Contraloría General. Dichos argumentos los rechazamos por no tener fundamento alguno”, aseveró.
Contraloría no indicó que denuncia fuera anónima
Si bien Chaves y Cisneros afirmaron que la denuncia contra Japdeva fue realizada desde el anonimato, la Contraloría no hizo esa caracterización en las dos notas remitidas a Japdeva sobre el tema.
En el oficio DFOE-DEC-2218, del 8 de setiembre del 2023, no se mencionó una denuncia. Mientras que en el documento aclaratorio DFOE-DEC-2717, del 22 de marzo del presente año, indica que se “conoció de una denuncia cuyos hechos, una vez investigados, permitieron observar la evolución de los cuerpos normativos citados en el oficio que les fue dirigido en setiembre anterior”.
No obstante, la Contraloría explicó a este diario que la “instrucción y trámite de denuncias anónimas está habilitado legalmente por el ordenamiento jurídico y es viable abrir investigaciones cuando de ellas se desprendan los elementos e indicios necesarios para abrir una investigación y/o emitir algún producto de fiscalización”.
El ente fiscalizador recalcó que toda acción tendiente a relevar la identidad del denunciante puede implicar una transgresión no solo a las leyes y reglamentos del país, sino también a los principios constitucionales y tratados internacionales que regulan la materia.
“Los denunciantes pueden solicitar entonces la confidencialidad o anonimato de su nombre y la normativa debe respetarlo y protegerlo”, reiteró la Contraloría.
La Contraloría envió las notas a Japdeva a raíz de la emisión de un Reglamento de Alianzas Estratégicas, que según Chaves es necesario para poder construir la marina y terminal de cruceros, por medio de alianzas público-privadas.
En los documentos, el ente fiscalizador, recuerda a Japdeva sobre sus obligaciones al usar estas figuras de asociación, sin que mencione negativas específicas contra ningún proyecto o desarrollo.