Gobierno guarda silencio sobre gestión de presidente de Incop a favor de detenido por narco

El Gobierno de la República guarda silencio sobre la relación de Braulio Venegas Dijeres, actual presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), con uno de los sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero detenido en el Caso Corona.

La Nación dio a conocer este sábado, que Venegas gestionó una cita en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para el abogado Francisco Eduardo Montes Fonseca, de 35 años, quien fue detenido el 14 de noviembre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación relacionada con la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia.

La oficina de prensa del Incop indicó a este medio que Montes Fonseca “era compañero universitario” de Venegas y que ambos asistieron a la reunión en Incofer “para consultar sobre la existencia o no de proyectos de gestión inmobiliaria del Instituto”.

Tras la publicación, este medio envió consultas al correo oficial de Casa Presidencial desde las 8:40 a. m., sin embargo, hasta la hora de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Previamente, a las 8:03 a. m. se contactó, sin éxito, con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, vía Whatsapp.

En las comunicaciones enviadas, se solicitó a Presidencia una postura sobre los hechos señalados y se le preguntó si estarían tomando alguna medida, como valorar la continuidad del jerarca de 34 años o la apertura de una investigación.

La cita se efectuó el 25 de mayo del 2023 en la sede central del Incofer, en San José, tres meses antes que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, juramentara a Venegas como jerarca del Incop, autoridad de los puertos de Caldera, Quepos y Golfito, así como la terminal de cruceros de Puntarenas.

Debido a la relación del Incop con puerto Caldera, los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), pidieron al mandatario, Rodrigo Chaves, separar a Venegas de la presidencia del Incop, para salvaguardar la seguridad de la terminal.

El diputado Robles, también hizo un llamado urgente al gobierno para que se “desmarque” de los hechos y estimó que en caso de no hacerlo, estaría dejando “a criterio visible una posible complicidad con ese tipo de actividades ilícitas”.

Igualmente, pidieron la salida del jerarca, el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo; Antonio Ortega, del FA, y Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Por su parte, Alejandro Pacheco, jefe de la bancada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), y Fabricio Alvarado, líder de la fracción del Partido Nueva República (PNR), pidieron al gobierno iniciar una investigación.

Días antes de la reunión, el OIJ interceptó una llamada en la que el abogado Montes y otro de los sospechosos de narcotráfico, hablaron de entrar en el negocio de alquilar a Radiográfica Costarricense (Racsa) predios para depositar los contenedores que esperarán turno para pasar por los escáneres que el gobierno le encargó instalar en puertos marítimos y terrestres.

En la conversación, los dos sospechosos de narco hablaron de que una persona llamada “Braulio” les conseguiría una cita en Racsa para plantear algo “más formal”. Asimismo, hablaron de que ya tenían una reunión programada en el Incofer.

La otra persona era Édgar Daniel Herrera Soto, de 44 años, y dueño de las empresas de refrescos Minerva Bebidas S. A. y Tico Bebidas S. A., con sede en Poás, Alajuela.

Por este caso, el sábado por la madrugada, el Juzgado Penal de La Unión, Cartago, impuso medidas cautelares contra Montes Fonseca, las cuales incluyen impedimento de salida del país, entrega del pasaporte en un plazo de 72 horas que corren a partir de la notificación y firmar cada 15 días en el Juzgado.

Asimismo, se dictó prisión preventiva por seis meses contra Herrera.