Grupo narco evaluó alquilar predios para escáneres

Se trata de dos hombres detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 14 de noviembre, por supuestamente formar parte de una banda de 12 personas que habría exportado 150 litros con cocaína líquida decomisados en la frontera entre Israel y Jordania.

Los sospechosos, de apellidos Herrera Soto, de 44 años, y Montes Fonseca, de 35, hablaron de que un “nuevo jugador” los metería en el negocio en una conversación intervenida por la Policía Judicial el 9 de mayo.

Una semana después, el 16 de mayo, hablaron de que un hombre llamado Braulio les conseguiría una cita con Racsa y con la empresa que facilitaría los escáneres, pues ellos serían los que definen los contratos.

Montes añadió que ya le habían enviado la presentación de los puntos donde se requerirían los predios para colocar los contenedores en espera.

Con autorización de la Gerencia General, la oficina de Prensa de Racsa indicó este martes que “no hay registro de acercamientos” con Herrera y Montes.

Según Radiográfica, “la selección del socio tecnológico se realizó utilizando los procedimientos correspondientes y en apego a las leyes y normas vigentes”. Agregó que la escogencia se circunscribió a aspectos técnicos y tecnológicos, sin contemplar especificaciones sobre predios.

Declaración ante Fiscalía

Al ser indagado, el 14 de noviembre anterior, el sospechoso Montes Fonseca, quien es abogado, declaró a la Fiscalía que la idea no era que él manejara los escáneres, sino que el “negocio era diferente”.

“Era que Racsa iba a necesitar empresas que le alquilaran predios para parquear (contenedores) temporalmente en un lapso de 24 horas”, dijo.

Entonces, continuó Montes, él comentó esa posibilidad con Herrera. “Él lo que me dijo es que pidiera las especificaciones que pedía Racsa para ver si era rentable o no conseguir un predio para ofrecer ese servicio de alquilar predios, para depositar los contenedores temporalmente, mientras los contenedores pasaban por escáneres.

“Al final, todo quedó en llamadas; no trascendió más allá”, dijo.

La primera conversación

De acuerdo con el expediente N.° 22-000088 -0622-PE, el 9 de mayo el OIJ interceptó una primera comunicación en la que Montes le preguntó a Herrera si había visto la denuncia que hizo el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), sobre la instalación de escáneres antidroga en los puertos del país. Herrera le respondió que sí.

Justo dos días antes de esa conversación, el 7 de mayo, Feinzaig denunció en el plenario legislativo que el Gobierno otorgó a dedo una contratación de $60 millones a Racsa para colocar escáneres en puertos terrestres y marítimos, sin hacer una licitación pública internacional, ni corroborar la idoneidad de la empresa estatal.

De seguido, en la llamada intervenida, Montes dijo que se trata de un contrato por 20 años y que, en realidad, es por más de $60 millones. “No es cuantificable, pero son más de $100 millones”, dijo.

Herrera citó que “igual eso no lo paga el Estado, sino cada cliente con cada contenedor que exporta”.

Luego, Montes mencionó que, sobre los predios, no iban a estar los mismos de siempre y que un nuevo “jugador” les iba a ayudar. “Ese otro jugador ‘nos va a meter a nosotros’”, afirmó.

Más adelante, en esa misma comunicación, Montes le dijo a Herrera que con adjudicarse un par de contratos llovería dinero.

Herrera le respondió que sería buenísimo y “que le diga al mae que nos pase las características a ver qué y ver si podemos entrarle” (al parecer hablaban del negocio de los predios).

Entonces, Montes le contestó que ahí lo único que faltaba era voluntad, porque “el amigo mío es el que mueve todo por detrás para que nos lo den, ¿me explico?”.

La llamada del 16 de mayo

Siete días después, en la conversación del 16 de mayo, Montes y Herrera vuelven a tratar el tema.

Montes le informó a Herrera que ya le enviaron la presentación en la que se detalla dónde se necesitan los predios.

Agregó: “Voy a hablar con Braulio, para que Braulio nos consiga una cita con esta empresa y con Racsa, que ellos son quienes definen lo de los contratos”.

Herrera le respondió que él no tiene problema con los puntos, sino que necesitaba saber cuáles condiciones deben tener los predios y que estén cerca de donde Racsa necesita, pues, de lo contrario, la inversión “nos lleva puta”.

Montes dijo que iba a haber una reunión “con esa gente para hacerlo más formal y empezar a caminar”.

Luego, Montes confirmó que tenía un encuentro agendado para dos días después, el jueves 18 de mayo, a las 10 a. m., en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), en la Estación del Pacífico.

Herrera aseguró que asistiría a la reunión y entonces, Montes le solicitó el número de placa del carro con el que iba a ir para que autorizaran su ingreso. Herrera le dio el número de un Land Rover DHS 150.

La Nación envió consultas a la oficina de Prensa del Incofer, a las 12:35 p. m. de este martes, para verificar si se registró una reunión ese día, con quién y con qué motivo. La entidad informó de que se haría una revisión, pero, al momento en que se cerró la edición de esta nota no había llegado respuesta.

Tras esa segunda conversación, los agentes del OIJ concluyeron que esa comunicación revelaba “los primeros acercamientos con los cuales estos miembros del grupo criminal fomentarían relaciones con personal encargado de la adjudicación de estas concesiones de escáneres en el país” y la manera en que “Montes había tenido acceso a la presentación de los puntos en donde se debían establecer los predios para colocar los contenedores”.

El Caso Corona

Los nombres de Herrera y Montes trascendieron a inicios de la semana pasada cuando el OIJ desarticuló la organización que enviaba cocaína líquida camuflada a Europa y detuvo a cinco colombianos y siete costarricenses.

Herrera Soto, al parecer, era el hombre de confianza del colombiano que lidera esa organización, de apellidos Lozano Bonilla.

Presuntamente, Herrera se encargaba de ocultar la cocaína líquida en envases de siropes y refrescos de las empresas Minerva Bebidas S. A. y Tico Bebidas S. A., con sede en Poás, Alajuela, con lo que aseguraban el éxito de las operaciones, pues la droga era exportada sin levantar sospechas en los controles aduaneros nacionales e internacionales.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delito Conexos informó de que la causa contra los 12 detenidos no ha sido calificada como de tramitación compleja, aunque sí cuenta con declaratoria de delincuencia organizada. Además, indicaron que la audiencia de medidas cautelares que comenzó el 16 de noviembre todavía no ha terminado.