EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) reprendió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por seleccionar de forma directa a la empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) como contratista para la instalación de escáneres en los puertos y aeropuertos nacionales, sin concurso público.
Mediante el decreto 43806, del 29 de noviembre del 2022, el Poder Ejecutivo estableció que esa empresa estatal “proveerá la solución y equipamiento de última tecnología que permita la digitalización de imágenes e inspección no intrusiva por medio de hardware y software”.
En esa misma directriz, firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se señala que los ministerios y “cualquier otra entidad pública interesada” podrá suscribir convenios o contratos con Racsa para la prestación de esos servicios.
Luego de revisar las decisiones administrativas, el órgano fiscalizador encontró que Hacienda seleccionó a Racsa al margen de las normas de contratación pública.
Mediante el oficio DFOE-DEC-1338, emitido el 13 de junio del 2023, la Contraloría le comunicó al ministro que “no puede entenderse, bajo ninguna circunstancia, que el decreto corresponde a un acto de adjudicación ni a etapa alguna de un procedimiento de contratación pública a favor de Racsa”.
Asimismo, le advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a las demás autoridades de esa cartera, sobre la posibilidad de acarrear responsabilidades personales en caso de omitir las normas de contratación pública y control interno en torno a este proyecto de infraestructura.
Contraloría: ‘Mecanismos de control no pueden ser obviados, independientemente de la necesidad’
En el oficio remitido a las autoridades del Ministerio de Hacienda, el órgano contralor recordó al gobierno que la selección de un contratista para este proyecto “tendrá que ser el resultado del procedimiento respectivo”.
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Asimismo, insistió en que los mecanismos de control “no pueden ser obviados bajo ninguna circunstancia, independientemente de la vía por la que opte la administración para satisfacer determinada necesidad”.
Puntualizó que, en caso de seleccionar a Racsa, o a cualquier otra empresa, debe hacerlo mediante un concurso público y que el gobierno deberá fundamentar con criterios técnicos y jurídicos la selección del proveedor de dichos servicios.
La Contraloría insistió en la necesidad de garantizar el “absoluto respeto al marco jurídico local e internacional” en torno a la contratación de escáneres.
En diciembre anterior, con el decreto firmado, el presidente Chaves anunció que este año quedarían instalados los escáneres en todos los puertos y aeropuertos de Costa Rica, con el propósito de combatir el narcotráfico.
Según había informado la Casa Presidencial, la inversión en escáneres es de $60 millones en un lapso de 10 años. Además, en aquella ocasión, el mandatario prometió que cada uno de los contenedores que parte de los puertos nacionales será revisado.
En el anuncio, también participó el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes. El funcionario aseguró que la empresa estatal tiene “proveedores a nivel mundial con tecnología de punta para garantizar que todos los puertos y aeropuertos sean seguros”.
El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), había calificado el esquema de una maniobra para designar a dedo a la empresa estatal para el proyecto de escáneres.
“Racsa no tiene la menor experiencia en inspección no intrusiva. En lo que sí tiene experiencia es en fracasar absolutamente en todos los proyectos que los distintos gobiernos le han asignado”, dijo el congresista.
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La Contraloría advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de la ilegalidad de seleccionar a dedo a Racsa. En la imagen, a su derecha, el presidente Rodrigo Chaves. Foto: Cortesía
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