El abogado Braulio Venegas Dijeres, actual presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), gestionó una cita en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en favor de uno de los sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero detenido en el Caso Corona. Así se denomina la investigación del OIJ sobre una presunta banda dedicada a la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia.
El Incofer confirmó a La Nación que el hoy presidente del Incop, de 34 años, también acompañó en la reunión al abogado Francisco Eduardo Montes Fonseca, de 35, quien fue detenido el 14 de noviembre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Agregó que Venegas solicitó la reunión “en su ejercicio profesional”.
La cita se efectuó el 25 de mayo del 2023 en la sede central del Incofer, en San José. “La temática de la reunión fue relativa a la gestión inmobiliaria del Instituto”, respondió la oficina de prensa de esa entidad pública.
En aquel momento, Braulio Venegas se desempeñaba como miembro del Consejo Administrativo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Tres meses después, el 25 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo juramentó como jerarca del Incop, autoridad de los puertos de Caldera, Quepos y Golfito, así como la terminal de cruceros de Puntarenas.
En el Incofer, el abogado Montes Fonseca fue atendido por la funcionaria del Incofer, Karol Arroyo, gerente administrativa en ese momento.
‘Braulio’ les conseguiría reunión
Días antes de la reunión, el OIJ interceptó una llamada en la que el abogado Montes y otro de los sospechosos de narco hablaron de entrar en el negocio de alquilar a Radiográfica Costarricense (Racsa) predios para depositar los contenedores que esperarán turno para pasar por los escáneres que el gobierno le encargó instalar en puertos marítimos y terrestres.
En la conversación, los dos sospechosos de narco hablaron de que una persona llamada “Braulio” les conseguiría una cita en Racsa para plantear algo “más formal”. Asimismo, hablaron de que ya tenían una reunión programada en el Incofer.
La otra persona era Édgar Daniel Herrera Soto, de 44 años, y dueño de las empresas de refrescos Minerva Bebidas S. A. y Tico Bebidas S. A., con sede en Poás, Alajuela.
La Nación intentó contactar a Venegas para hablar de la reunión que gestionó. Sin embargo, no hubo respuesta a las llamadas ni mensajes que se le enviaron, vía WhatsApp.
Por medio de una respuesta por escrito, la oficina de prensa del Incop respondió lo siguiente la noche de este viernes: “El señor Francisco Montes Fonseca era compañero universitario del señor Braulio Venegas. En mayo de este año, asistieron a una reunión al Incofer para consultar sobre la existencia o no de proyectos de gestión inmobiliaria del Instituto. Sin embargo, en la reunión no se llegó a ninguna conclusión, ya que en la Institución no se contaba con ningún planteamiento formal, por lo cual no se concretó más allá de una consulta al Incofer”.
¿De qué hablaron en la reunión en Incofer?
En conversación telefónica con La Nación, la funcionaria Karol Arroyo expuso que la gestión inmobiliaria es un megaproyecto del Incofer que prevé la posibilidad de asignar propiedades del Instituto a terceros mediante permisos en precario, para diversas actividades, a cambio del pago de un canon. Los permisos los otorga una comisión que estudia las solicitudes que sean presentadas.
Añadió que habían presentado el plan a la Uccaep, de la cual Braulio Venegas era asesor legal.
“La reunión con Braulio la solicita porque él nos estaba colaborando en mapear este proyecto de gestión inmobiliaria, presentarlo a las cámaras (empresariales), porque las propiedades van desde predios hasta estaciones -algunas que parecen más casas- y otras, incluso un tajo.
“Braulio se nos acercó y nos ofreció apoyo, buscando posibles alternativas de negocio de todas las propiedades. Incluso, en esa reunión, Braulio se ofreció a buscar la forma de hacer algún convenio con el Registro Nacional, para trabajar en un mapeo de las propiedades, porque la primera etapa era la georreferenciación”, dijo Arroyo.
Agregó que, en la reunión, Montes Fonseca comunicó que el proyecto era “para una persona que trabajaba con él y quería ver ese tema del proyecto en sí”.
Arroyo negó que Francisco Montes hubiera explicado cuál era la idea que él y su socio tenían, lo cual a ella le extrañó muchísimo. Luego, ella fue pasada a otro puesto.
“Ya cuando uno ve las noticias, por lo menos se estaban cuidando en esa primera reunión. Solo me manifestó básicamente que la idea era conocer la visión del Incofer para desarrollar proyectos de gestión inmobiliaria. No dijeron que tenían un proyecto o que querían desarrollar uno”, dijo la funcionaria.
Dos llamadas intervenidas en Caso Corona
En una conversación telefónica intervenida el 9 de mayo, Montes Fonseca afirmó que un “nuevo jugador” los metería en el negocio, sin especificar el nombre.
Posteriormente, el 16 de mayo, Montes le dijo a Herrera: “Yo voy a hablar con Braulio para que nos consiga una cita con esta empresa y con Racsa, que ellos son quienes definen lo de los contratos”.
También, mencionó que ya le habían enviado la presentación de los puntos donde se requerirían los predios para colocar los contenedores en espera.
Herrera Soto le contestó que con los puntos no tenía problema, pero sí necesitaba conocer las condiciones que se requerían para los predios.
“El problema es que tienen que conseguir un predio que esté cercano a lo que ya ellos van a requerir porque, si no, la inversión nos lleva puta”, dijo.
Fue en ese momento cuando el abogado dijo que hablaría con Braulio porque la idea era “hacerlo más formal y empezar a caminar”.
Luego, Montes confirmó que tenía un encuentro agendado para dos días después, el jueves 18 de mayo, a las 10 a. m., en la Estación de Ferrocarriles al Pacífico del Incofer.
Montes le preguntó a Herrera si quería asistir y este contestó que sí. Entonces, el abogado le solicitó el número de placa del carro con el que iría para que autorizaran su ingreso. Herrera le dio el número de un Land Rover DHS 150.
La Nación preguntó a la oficina de prensa del Incofer si Edgar Daniel Herrera había estado en la reunión con Karol Arroyo; la entidad respondió que no.
Karol Arroyo dijo que, desde inicios de este gobierno, el Incofer ha hecho presentaciones de los servicios, incluyendo el de gestión inmobiliaria, ante varias cámaras empresariales, una de ellas la Uccaep, para la que laboraba Venegas.
Llovería dinero
En la intervención telefónica del 9 de mayo, Montes afirmó que el negocio de los escáneres era de más de $100 millones y Herrera apuntó que “igual eso no lo paga el Estado, sino cada cliente con cada contenedor que exporta”.
Entonces, Montes le aseguró a Herrera que con adjudicarse un par de contratos llovería dinero.
El otro sospechoso de narco le comentó que sería buenísimo y “que le diga al mae que nos pase las características a ver qué y ver si podemos entrarle” (al parecer hablaban del negocio de los predios).
Entonces, Montes le contestó que ahí lo único que faltaba era voluntad, porque “el amigo mío es el que mueve todo por detrás para que nos lo den, ¿me explico?”.
Nombramiento cuestionado
Braulio Venegas Dijeres fue nombrado como presidente ejecutivo del Incop el 25 de agosto de este año, y su designación fue cuestionada por los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio; Francisco Nicolás y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), por presuntas irregularidades.
Ellos argumentaron que Venegas no tenía la experiencia exigida por la Ley Orgánica del Incop para asumir ese cargo jerárquico. El gobierno lo mantuvo en el puesto.