Fernández aseguró que, debido a ese bajo porcentaje, la información entregada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no puede ser considerada un censo, sino “estimaciones de población y de vivienda”.

La jerarca sostuvo que técnica y metodológicamente el censo fracasó y que las limitaciones en la cantidad de información generarán un importante perjuicio en la generación de políticas públicas.

Por su parte, el ministro Rodríguez aseguró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó que los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de INEC inicien una investigación sobre la baja cobertura.

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Anteriormente, la gerente del INEC, Floribel Méndez Fonseca, explicó que, durante el proceso de recolección de los datos, hubo contratiempos que impidieron obtener información.

En total, de las 1.769.081 viviendas que se proyectaron alcanzar, los personeros del INEC visitaron 1.550.258, cifra equivalente a un 88% del total. En tanto, 218.823 hogares quedaron sin visitar.

Sin embargo, hubo un incremento en la cantidad de entrevistas no respondidas, porque las personas no atendieron el llamado o no estaban en casa. De las casas visitadas, 1.074.258 fueron censadas, es decir, el 61% respecto al total de viviendas del país, según datos de INEC.

La coordinadora del Censo explicó que validaron los datos con tres metodologías estadísticas diferentes, por lo que la información es confiable, a pesar de que el porcentaje de cobertura de viviendas censadas fue “parcial”.

“No es el resultado que queríamos, pero es el que tenemos”, manifestó Solano.

El ministro de Comunicación dijo que el Censo pone en riesgo el diseño de la política pública “y hasta la democracia”, porque de este depende la asignación de curules en la Asamblea Legislativa por provincia.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por el INEC, San José, Cartago y Heredia perderían una diputación de cada una, las cuales serían ganadas por Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.

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El ministro añadió que los representantes del Gobierno en la Junta de INEC investigarán la metodología utilizada, los mecanismos de recolección de información y el uso de los $24 millones de presupuesto, los cuales consideró un desperdicio al ver los resultados.

La Junta Directiva de INEC está conformada por dos representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), uno del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, uno del Banco Central y uno del Poder Ejecutivo.

“Tendrán que rendir cuentas sobre este direccionamiento que han dado y que nos ha llevado a este rotundo fracaso del Censo”, sostuvo Rodríguez.

Por su parte, Fernández explicó que INEC deberá rendir cuentas respecto al nivel de confianza que puede tener el Gobierno en las estimaciones, debido a que una menor cobertura disminuye a su vez el grado de confianza.

El ministro de Comunicación señaló que “para bien o para mal, producto de una ley de hace un par de años, el INEC tiene una autonomía sobre la cual nosotros no tenemos participación en el direccionamiento de la institución”.

INEC garantiza que datos son confiables

Por su parte, Elizabeth Solano Salazar, coordinadora del Censo 2022, aseguró que el INEC garantiza que los datos tienen la confianza requerida y que pueden ser aprovechados.

“Los resultados que se está presentando hoy, que son estimaciones de población y vivienda, son absolutamente válidos y confiables, que pueden ser utilizados para la toma de decisiones.

“Entendemos que al no ser técnicos puede ser que haya alguna complejidad para entender lo que hicimos, pero insisto que, nosotros técnicamente, damos fe de que la información que se está dando es válida y por supuesto que podemos explicar detalladamente la metodología utilizada”, señaló en entrevista con La Nación.

Sobre la investigación instruida por Casa Presidencial, Solano dijo que esta es una potestad que el Gobierno tiene y que en el INEC se mantienen “completamente anuentes y abiertos a que nos investiguen, no tenemos nada qué ocultar y en el momento que se considere, daremos la información que corresponda”.