El Gobierno anunció este jueves que desistió de la idea de gravar los rendimientos de las pensiones del ROP con un tributo del 7,5%, medida que habría reducido en al menos un 10% las futuras pensiones complementarias y voluntarias, así como del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Este gravamen fue incluido en el proyecto de ley para eliminar exoneraciones, como parque del programa de ajuste fiscal que el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la idea de recaudar unos ¢62.000 millones anuales.
No obstante, la idea recibió una fuerte oposición entre los diputados, incluido el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank.
Mediante un comunicado de prensa, Casa Presidencial informó, este jueves, de que el planteamiento será excluido del proyecto de ley.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, le enviaron una nota a Cruickshank en la que indicaron: “Somos conscientes de que este tema tiene una sensibilidad especial, y por eso hemos dado atenta escucha a los argumentos y preocupaciones planteadas alrededor de la propuesta. Comprendemos las consideraciones que han surgido y se han externado con respecto al ROP y a la seguridad social”.
Presidencia agregó: “En virtud de lo anterior, el Gobierno de la República procedió a conversar el tema con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para excluir del planteamiento la propuesta relativa a los títulos valores indicados”.
El Ejecutivo también comunicó la decisión al jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, quien había considerado que el impuesto era injusto y carente de justificación.
El presidente legislativo celebró la decisión de Zapote. “Esta respuesta la recibo con satisfacción porque las pensiones complementarias y el régimen social no deben, ni pueden, ser objeto de ningún tipo de impuesto”, expresó Cruickshank.
La modificación al proyecto de ley se realizará mediante la presentación de una moción de fondo para eliminar los artículos 2 y 3 relacionados con este tema.
El artículo 2 del proyecto eliminaría el beneficio fiscal que hoy tienen, en el inciso 1 del artículo 28 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las rentas y las ganancias de capital de los fondos de pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), los recursos del FCL y los planes de pensiones voluntarias.
Esta exoneración existe desde la creación del sistema de pensiones complementarias, en el año 2000, en el artículo 72 de la Ley de Protección al Trabajador.
Al quitar este beneficio, el plan del Gobierno fijaría el tributo en un 7,5%, la mitad de la tasa del 15% que Hacienda cobra a las rentas y ganancias de capital.
Esto significaba, por ejemplo, que si el fondo de un trabajador gana ¢100.000 en un determinado tiempo, la operadora de pensiones deberá entregarle a Hacienda ¢7.500.
El mismo mecanismo se aplicaría para los rendimientos que genere el dinero del FCL de cada trabajador.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) elaboró un cálculo sobre el efecto que tendría el gravamen y concluyó que las pensiones finales del ROP se reducirían en un 9,63%.
La Supén explicó que, cuando una persona se retira, más del 60% de los recursos de su fondo de pensiones proviene de los rendimientos obtenidos por las inversiones que su operadoras de pensiones hizo con sus ahorros, durante la vida laboral del beneficiario.
Por ejemplo, un trabajador que podría acumular ¢50 millones para su ROP después de 40 años de vida laboral, pasaría a acumular ¢45,2 millones a causa del impuesto. Perdería, ¢4,8 millones para su retiro.
El tributo sobre los rendimientos tendría un efecto cascada, el cual disminuye el monto de dinero que las operadoras de pensiones reinvierten cada vez que salen a colocar el dinero en busca de nuevos rendimientos.
El cálculo no toma en cuenta el efecto que impuesto tendría sobre las ganancias de capital que los fondos de pensiones también obtienen al vender un bono, por ejemplo, lo cual depende del manejo de cada operadora.
El aporte inicial para el ROP de cada persona proviene de cotizaciones sobre el salario: un 1% lo aporta el asalariado y un 3,25% el patrono, para un total de 4,25%.
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Los ¢62.000 millones anuales que el Gobierno pretendía recaudar equivalen al 0,17% del producto interno bruto (PIB). Ese impuesto aportaría la mayor parte (30%) de los ¢210.000 millones que Hacienda pretendía obtener con todo el proyecto de exoneraciones.
Al desistir el Gobierno de gravar los rendimientos de las pensiones, las proyecciones de recaudación bajarían del 0,58% al 0,41% de la producción, unos ¢149.000 millones.
Otros planes dentro del proyecto son la equiparación al 15% del impuesto de renta a ganancias de capital y el incremento temporal por dos años al 16,5%. Este afectaría los excedentes que asociaciones solidaristas y cooperativistas distribuyen a sus afiliados.
También, se plantea aumentar en cinco puntos porcentuales del impuesto de renta a remesas que una persona o empresa costarricense envíe al exterior por la adquisición de servicios fuera del territorio nacional, y la eliminación de exoneración del pago de renta al salario escolar.