Un proyecto presentado por el Gobierno, a finales del año pasado, derivaría en el cobro de un impuesto del 7,5% sobre las ganancias que obtengan los fondos de pensiones complementarias, los planes de pensiones voluntarias y los recursos correspondientes al Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Lo mismo ocurriría con los sistemas de pensiones complementarios que existan en instituciones estatales y empresas públicas o privadas.
La superintendenta de Pensiones (Supen), Rocío Aguilar, y el economista, Edgar Robles, estiman que la medida reduciría el monto de las futuras pensiones complementarias y voluntarias. Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sostiene que, si bien los impuestos sobre las rentas de capital siempre van a tener algún impacto sobre los rendimientos de cualquier inversión, a estas pensiones se les está concediendo una tarifa reducida.
La propuesta forma parte del proyecto 22.365. Con este texto, el Gobierno espera recaudar alrededor de ¢210.000 millones, mediante la eliminación de exoneraciones fiscales, para ayudar a equilibrar las finanzas públicas. La mayor parte de los recursos, unos ¢62.000 millones, provendrían de la eliminación de la exoneración de los fondos de pensiones.
El artículo 2 del proyecto del Gobierno eliminaría el beneficio fiscal que hoy tienen, en el inciso 1 del artículo 28 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las rentas y las ganancias de capital de los fondos de pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), los recursos del FCL y los planes de pensiones voluntarias.
Esta exoneración existe desde la creación del sistema de pensiones complementarias, en el año 2000, en el artículo 72 de la Ley de Protección al Trabajador.
Al quitar este beneficio, el plan del Gobierno fijaría el tributo en un 7,5%, la mitad de la tasa del 15% que Hacienda cobra a las rentas y ganancias de capital.
Esto significa por ejemplo que, si el fondo de un trabajador gana ¢100.000 en un determinado tiempo, la operadora de pensiones deberá entregarle a Hacienda ¢7.500.
El mismo mecanismo se aplicaría para los rendimientos que genere el dinero del FCL de cada trabajador.
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Una de las principales inversiones que hacen las operadoras de pensiones, para generarles ganancias a los fondos de pensiones de sus afiliados, es la compra de bonos de deuda pública del Gobierno.
Al mes de setiembre del 2020, el 27% de los ¢18,2 billones de la deuda interna del país estaba en manos de las operadoras de pensiones, públicas o privadas.
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El cobro del tributo sería directo sobre las ganancias de los fondos de los afiliados, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto, por otra parte, mantiene la exoneración actual de impuestos al momento en que las personas disfrutan las pensiones o reciben el FCL.
“Se ajusta el sistema para evitar la actual doble exoneración de los mismos, dejando una exoneración importante en las inversiones y una exoneración total en los retiros, con lo cual el sistema sigue teniendo mayores incentivos fiscales en relación con otros tratamientos tributarios comparados”, justificó Hacienda en la iniciativa de ley.
La iniciativa planteada por Hacienda excluye a las ganancias de los fondos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aclaró el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
El plan también excluye a las ganancias del régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
Impuesto reduciría monto de futuras pensiones
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), afirmó que el tributo del 7,5% generaría un impacto negativo en el monto de las futuras pensiones complementarias. Apuntó que, de momento, su institución se encuentra contabilizando el tamaño del efecto.
Lo mismo opinó el economista Edgar Robles. “Eso es equivalente a ponerle un impuesto a las pensiones futuras, lo cual va en detrimento de la seguridad social”, aseveró.
Robles dijo que la rentabilidad es el elemento más importante dentro de los sistemas de capitalización.
“Se estima que una diferencia de un punto porcentual en la rentabilidad tiene un efecto del 20% en la pensión final que recibe una persona. La rentabilidad histórica del ROP ha sido superior al 10% desde que se creó el sistema hace 20 años, así que eliminar el 50% de la exoneración de los rendimientos reduciría la pensión de las personas en por lo menos un 15%”.
“Esto empobrecería a todos las personas cotizantes, más sabiendo que la CCSS no podrá seguir pagando lo mismo en el IVM y la pensión de la CCSS seguirá reduciéndose a futuro. Además, es un incentivo adicional a que las personas dejen de ser formales y dejen de cotizar a la CCSS. O sea, la propuesta crea mayor informalidad”, agregó.
En criterio del economista, la propuesta del Gobierno es “técnicamente muy pobre y sin conciencia sobre el efecto que esto va a tener sobre las personas”.
Ministro de Hacienda: ‘Es una tarifa reducida’
Al respecto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, insistió en que el plan evita una doble imposición de tributos: “Con la eliminación en un 50% sobre los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias, se ajusta el sistema para atenuar la actual doble exoneración de los mismos, dejando una exoneración importante en las inversiones, porque se le deja el 50% de la exoneración, y se mantiene la exoneración total en las prestaciones o pensiones vitalicias permanentes o programadas que reciba el pensionado, con lo cual el sistema sigue teniendo mayores incentivos fiscales que otros sistemas tributarios comparados”.
Desde el año 2000, el disfrute de las pensiones complementarias y voluntarias está exonerado de toda clase de tributos, según el artículo 71 bis de la Ley de Protección al Trabajador, norma que fue protegida en la reforma fiscal.
“El impuesto no representa un aporte o un costo adicional para el patrono. Por su parte, el empleado sigue manteniendo el beneficio del aporte patronal establecido en la Ley de Protección al Trabajador y los beneficios fiscales creados por la ley, incluso con el tratamiento siempre preferencial que se le estarían dando a las rentas del capital derivadas de los fondos de pensiones complementarias”, argumentó Villegas.
Sobre las preocupaciones de expertos por las futuras pensiones, el ministro dijo: “Es evidente que los impuestos sobre las rentas del capital siempre van a tener algún impacto en el rendimiento neto de cualquier inversión. Eso es absolutamente normal y es parte del sistema. Por eso, la ley 9635, en la reforma que se hizo en el impuesto sobre la renta, los mantuvo en una tarifa general del 15%, que a su vez es una tarifa competitiva para este tipo de rentas; tarifa a la cual se están uniformando las pocas rentas del capital que quedaron por debajo”.
“En el caso de las pensiones complementarias, más bien se está manteniendo el incentivo de una tarifa reducida en un 50%, dando un trato muy favorable a estas inversiones y manteniendo la exoneración total en el retiro de la pensión”.