Un proyecto de ley del Gobierno, para eliminar exoneraciones fiscales, equipararía en un 15% el impuesto sobre los excedentes que distribuyen las asociaciones solidaristas y las cooperativas entre sus afiliados.
Actualmente, los asociados a estos grupos pagan una tarifa reducida de impuesto a las rentas y ganancias de capital, cuya tarifa general es del 15%.
En el caso de las cooperativas, el impuesto actual sobre los excedentes es de un 10%.
En cuanto a las asociaciones solidaristas, la repartición de utilidades hoy se grava de la siguiente forma:
- Los excedentes inferiores a un salario base, que este año es de ¢462.200, pagan un 5% de impuesto
- Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base (entre ¢462.200 y ¢924.400), se paga un 7%
- Sobre el exceso de dos salarios base (¢924.400), se paga un 10%
La propuesta del Gobierno es equiparar la tarifa en un 15%, al igual que el resto de rentas de capital.
Así lo planteó en un proyecto presentado a los diputados, a finales de diciembre, para recaudar ¢210.000 millones anuales adicionales, un 0,58% del PIB, mediante la derogación de exoneraciones.
Con la equiparación del impuesto a las rentas de capital, Hacienda espera recaudar ¢47.000 millones. Mediante la eliminación de la exoneración a los rendimientos de los fondos de pensiones, el Gobierno estima obtener otros ¢62.000 millones y, con la eliminación del beneficio fiscal al salario escolar, ¢42.000 millones. El monto restante provendría de un incremento al tributo a las ganancias generadas en Costa Rica por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero hechos por personas físicas o jurídicas no domiciliadas en el país.
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En el texto presentado en diciembre, el Ministerio de Hacienda plantea modificar el artículo 31 ter de la Ley del impuesto sobre la renta, el cual hoy establece el pago diferenciado para solidaristas y cooperativistas.
Cobro sobre rendimientos de ahorros
El proyecto también equipararía en un 15% el impuesto sobre los rendimientos que generen los planes de ahorro abiertos en asociaciones solidaristas y cooperativas, con excepción de los intereses generados por saldos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes.
Actualmente, las ganancias obtenidas en planes de ahorro, en estas organizaciones, pagan impuesto solo si la ganancia anual supera los ¢232.000 (medio salario base). En los casos en que eso ocurra, la tarifa es de un 8% sobre el exceso a partir de los ¢232.000.
El proyecto del Gobierno también aplicaría el impuesto del 15% para los rendimientos de los títulos valores emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que hoy pagan un 7%.
En esa homologación al 15%, el Gobierno solo plantea una excepción.
Se trata de la tarifa del 7,5% que se le cobraría a los rendimientos generados por los fondos de pensiones complementarias, los planes de pensiones voluntarias y los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Actualmente, estos rendimientos están exentos del todo.
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El Gobierno también plantea aumentar de un 15% a un 16,5% la tarifa general de impuesto a las rentas y ganancias de capital durante dos años, para ayudar a atenuar la crisis fiscal, pero esa propuesta no fue incluida en el proyecto de ley enviado al Congreso.
Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), declaró que, en el diálogo multisectorial organizado por el Gobierno a finales del 2020, el tema del impuesto a los excedentes fue discutido.
“Mi argumento era que el esquema progresivo en el impuesto de renta de solidaristas se iba perder con esta propuesta de unificarlo al 15%. La realidad del sector es que, poco a poco, este se va homologando a entidades mercantiles”, aseveró.
Con este tipo de proyectos, agregó, “los excedentes se están tratando como un producto mercantil sin tomar en cuenta que provienen del ahorro de los asociados”.
En el país hay unas 1.400 asociaciones solidaristas que aglutinan a unos 345.000 trabajadores, la mayoría del sector privado, añadió Guido Monge Fernández, vicepresidente del MSC.
Monge aseguró que el incremento en el pago de ese impuesto de renta, generaría un incentivo a los trabajadores para desafiliarse.
“La ley dice que no somos intermediarios financieros”, alegó, al tiempo que cuestionó las regulaciones derivadas de la reforma fiscal, de la afiliación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La reforma fiscal estableció las tarifas progresivas actuales de rentas que los solidaristas pagan por sus excedentes.
En cuanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los diputados aprobaron en el año 2020 una ley que obliga a los bancos estatales y privados, el Banco Popular, sucursales de bancos extranjeros, cooperativas, asociaciones solidaristas y la Caja de ANDE, crear un fondo de garantía para cubrir a los ahorrantes bancarios.
El monto por cubrir será de hasta ¢6 millones por depósito, en caso de emergencia. La normativa fue una demanda de OCDE.
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Sobre la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Monge se refiere a las regulaciones.
“Nosotros nunca hemos dicho que no estamos de acuerdo con la supervisión. Solo hubo alguna gente el sector que no estuvo de acuerdo. Sin embargo, siempre dijimos que estaba bien que custodiara el patrimonio de los trabajadores pero, el tratamiento que le dan al solidarismo lo van a acabar”, señaló.
Geovanni Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), no respondió a las llamadas telefónicas.