Los diputados dictaminaron esta mañana un proyecto de ley que crearía un fondo de garantía para cubrir a los ahorrantes bancarios, hasta por un monto de ¢6 millones por depósito, en caso de emergencia.
La iniciativa, aprobada en forma unánime por siete legisladores en una comisión especial, es una de las legislaciones requeridas para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El fondo cubriría el 96% de los depósitos.
En la sesión, votaron el dictamen los legisladores Jonathan Prendas (Nueva República), Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández (PLN), Carolina Hidalgo (PAC), Erwen Masís (PUSC), Otto Roberto Vargas (Republicano) y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Estuvo presente la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
El texto incluye a bancos estatales y privados, el Banco Popular, sucursales de bancos extranjeros, cooperativas, asociaciones solidaristas y la Caja de ANDE. Todas estas instituciones deberán aportar recursos para la creación del fondo de ganarantía.
Quedan excluidos el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), mutuales de ahorro y préstamo y aquellas cooperativas de ahorro y crédito que ya tienen un fondo de garantía de depósitos.
El Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), como se le conocerá este mecanismo, se financiará con el aporte periódico de un máximo anual equivalente al 0,15% de los depósitos ahorrantes que tenga cada entidad incluida en el proyecto.
A su vez, el FDG tendrá como respaldo de garantía un monto equivalente al 2% del encaje mínimo legal.
Este es un porcentaje de las captaciones que los intermediarios financieros deben mantener como reserva en efectivo en sus bóvedas o en el Banco Central.
El fondo será administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en tres compartimentos diferentes: uno conformado por el aporte de los Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Pupular; otro generado por los bancos privados, sucursales de bancos extranjeros y empresas financieras no bancarias; y un tercero constituido por las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas y Caja de Ande.
La liberacionista Delgado, secretaria de la comisión especial, destacó que el texto cumple con tres condiciones mínimas requeridas por OCDE: crear un seguro de protección a los ahorrantes, que se incluyan todos los bancos y que exista un mecanismo para resolver conflictos bancarios.
“Tenemos seguridad que, con este proyecto, podamos culminar de forma exitosa la adhesión”, añadió la verdiblanca.
Por su parte, Jonathan Prendas, presidente de la comisión, destacó que el texto dictaminado se elaboró en consenso entre el Poder Ejecutivo y las principales representaciones del Congreso representadas en la comisión.
El diálogo se abrió luego de que el gobierno se negara a incluir a la banca pública en el FGD, bajo el argumento de que estos ya gozan de una garantía del Estado.
“Costó dos meses de negociación y dos meses de conversación con el gobierno, para que comprendiera que los puntos requeridos por la OCDE había que respetarlos en su totalidad”, afirmó el diputado fabricista.
La ministra de Comercio Exterior también celebró el consenso alrededor de este proyecto y explicó la finalidad del FGD.
“Es un fondo que puede servir cuando un banco entre en problemas y eventualmente en quiebra, para que todos los depositantes estén cubiertos por un determinado monto por los mismos bancos que contribuyen al fondo”, explicó Jiménez.
El proyecto de ley también amplía opciones para que los bancos públicos puedan financiarse, mediante deuda subordinada, con más tipos de entidades financieras.
Esta disposición, aunque no es requisito OCDE, se incluye en el texto a petición del Poder Ejecutivo.
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Con ellos se reformaría el artículo 4 de la Ley orgánica del sistema bancario nacional que, por ahora, solo autoriza a la banca estatal a adquirir ese tipo de deuda con entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o con organismos bilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La deuda subordinada significa que el ente suscriptor tiene opciones de pagar otros tipos de compromisos antes que al emisor de ese financiamiento, en caso de una liquidación.
Con el cambio los bancos públicos quedarían habilitados de adquirir ese endeudamiento con otros tipos de entidades financieras.
En la misma sesión, los diputados aprobaron una moción para que los legisladores pidan el criterio al Banco Central (BCCR), el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y al Fondo de Garantía Confía.
Este último es un un sistema de protección creada por cooperativas que brinda garantía a los ahorrantes y también otorga respaldo institucional a sus asociadas.
Luego de las consultas, el expediente pasará a análisis del plenario legislativo, en donde todos los diputados pueden proponer cambios al proyecto, los cuales serán analizados de nuevo en comisión.
Después de ello, el plan podría ser sometido a votación en primer y segundo debate. Esto ocurriría durante el mes de enero, según el cálculo de el diputado Prendas.