Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, advirtió de que las pensiones del ROP se reducirían en casi un 10% si los diputados aprueban el impuesto de un 7,5% que el Gobierno propuso cobrar sobre los rendimientos de los fondos de jubilaciones complementarias.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) elaboró un cálculo sobre el efecto que tendría un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda a finales de diciembre, el cual eliminaría la exoneración fiscal que hoy tienen los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), los planes de pensiones voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
La idea del Gobierno es cobrar un 7,5% de impuesto sobre los réditos que obtengan estos fondos para recaudar unos ¢62.000 millones que ayuden a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.
No obstante, Rocío Aguilar explicó que las pensiones finales del ROP se reducirían en un 9,63% por la reducción que implicaría el impuesto sobre los intereses que cada trabajador gana en su cuenta de jubilación complementaria.
Por ejemplo, un trabajador que podría acumular ¢50 millones para su ROP después de 40 años de vida laboral, pasaría a acumular ¢45,2 millones a causa del impuesto. Perdería, ¢4,8 millones para su retiro, según la explicación de la superintendenta.
El tributo sobre los rendimientos tendría un efecto cascada, el cual disminuye el monto de dinero que las operadoras de pensiones reinvierten cada vez que salen a colocar el dinero en busca de nuevos rendimientos.
El cálculo no toma en cuenta el efecto que impuesto tendría sobre las ganancias de capital que los fondos de pensiones también obtienen al vender un bono, por ejemplo, lo cual depende del manejo de cada operadora.
Rocío Aguilar explicó que, cuando una persona se retira, más del 60% de los recursos de su fondo de pensiones proviene de los rendimientos obtenidos por las inversiones que su operadoras de pensiones hizo con sus ahorros, durante la vida laboral del beneficiario.
El aporte inicial para el ROP de cada persona proviene de cotizaciones sobre el salario: un 1% lo aporta el asalariado y un 3,25% el patrono, para un total de 4,25%.
“Al final terminé con ¢10 millones, ¢20 millones o ¢50 millones. Ese monto que acumulé de activo mío, que yo ahorré y que, además, fue alimentado con rendimientos, es el que se reduciría en un 9,63%. Quiere decir que si yo iba a tener ¢100 millones, voy a tener un 9,63% menos, voy a tener ¢90 y algo de millones”, explicó Aguilar.
“El impacto más grande lo sufriría el ROP, porque el mayor porcentaje de lo que el trabajador acumula durante su tiempo de afiliado viene de los rendimientos y lo que se estaría gravando son esos rendimientos”, expuso.
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Golpe a tasa de reemplazo: problema para la CCSS
El impuesto también implicaría un problema para todo el sistema de pensiones, pues reduciría la tasa de reemplazo del ROP.
La tasa de reemplazo es el porcentaje que significa la pensión de un trabajador frente a su último salario.
El ROP fue creado hace 20 años previendo los problemas de financiamiento en que entraría el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
La idea es que, cuando el ROP esté maduro, el IVM aporte un 40% y el ROP un 20% en relación con el último salario de cada trabajador, para alcanzar un 60% en total.
Con el impuesto, dijo Rocío Aguilar, el ROP apenas alcanzaría un 18% de tasa de reemplazo.
Por ejemplo, si el último sueldo un trabajador fue de ¢1 millón, la idea es que el IVM le dé ¢400.000 y el ROP, ¢200.000, pero con el impuesto la pensión complementaria bajaría a ¢180.000, aunque existen planes de retiro en los que la operadora revisa la pensión anualmente.
De acuerdo con Aguilar, el impacto constituiría un problema para la CCSS, pues esta institución tendría que realizar nuevos ajustes para completar esa diferencia, si se decide mantener en 60% la tasa de reemplazo y no dejarla en el 58%.
“Los ajustes pueden ser varios, pero fundamentalmente pueden estar orientados en el de parámetros, sea (aumentar) la edad de pensión u otras variables.
Para setiembre del 2020, las cuentas de pensiones del ROP acumulaban en sus cuentas ¢7 billones (millones de millones) de los trabajadores, de un total de ¢14,9 billones que tenían los fondos de 14 regímenes supervisados por Supén.
El plan del Gobierno también pretende gravar los sistemas de pensiones complementarios que existan en instituciones estatales y empresas públicas o privadas.
