EscucharEl Gobierno pone de por medio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de considerar una rebaja del impuesto único a los combustibles como una medida en beneficio de los consumidores, pero que dejaría pérdidas a las finanzas públicas.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, manifestó sus preocupaciones en torno a las consecuencias de una decisión de ese tipo sobre el acuerdo que el país mantiene con ese organismo internacional, desde mediados del año pasado, a cambio de una línea de crédito por $1.778 millones para pagar deuda.
“Estamos viendo el proyecto (de rebaja). Con el ministro de Hacienda quedamos en revisar ese proyecto, entre muchos otros como el de congelar el aumento del impuesto. Hay varias opciones, hay que sentarse con calma y ver los números porque tenemos una agenda con el FMI de por medio. Ese ha sido el tema central, que hay que respetar los compromisos de la reducción de gasto, las metas de endeudamiento. Son muchos factores que está revisando el ministro de Hacienda”, dijo Díaz.
Este miércoles, las jefas de fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC, con nueve diputados) y Liberación Nacional (PLN, con 19), Daniela Rojas y Kattia Rivera, se reunieron con Díaz para intentar persuadir al Poder Ejecutivo de convocar el proyecto de ley que permitiría rebajas de ¢50 en el impuesto sobre el diésel y ¢25 en el tributo que pagan las gasolinas.
Sin embargo, tras esas reuniones, la ministra de la Presidencia lanzó las advertencias sobre esta propuesta que le costaría al fisco ¢80.000 millones, aunque está entre las alternativas un préstamo por $200 millones (¢136.00 millones) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para subsidiar pasajes de autobús.
A pesar de que el país se acerca a la meta pactada con el FMI, la agenda que negoció el gobierno de Carlos Alvarado poco avanzó en el Congreso, a excepción del plan más importante que fue la Ley Marco de Empleo Público, firmada por el expresidente de la República, Carlos Alvarado, pero que entra en vigencia en un año. Ese plan ahorraría ¢394.000 millones por año.
Todavía se desconocen los planes de las nuevas autoridades del gobierno con el FMI, pues el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha insistido en una renegociación de la agenda, así como enmiendas a la ley de empleo público, antes de que entre en vigencia.
