Rebeca Madrigal Q., Josué Bravo. 4 marzo
El abogado Rubén Hernández durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía de la Asamblea Legislativa
El abogado Rubén Hernández durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía de la Asamblea Legislativa

Para el abogado constitucionalista, Rubén Hernández, resulta intrascendente la moción con la que el Gobierno pretende incluir de nuevo a las universidades públicas en el proyecto de reforma al empleo público.

El experto sostiene que el planteamiento del Ejecutivo no tendrá el efecto que el Ministerio de Planificación (Mideplán) pregona, pues las ‘U’ públicas seguirán fuera de la futura de regulación.

Esa es la opinión de Hernández sobre la moción 331, la carta que la administración de Carlos Alvarado está jugando para que las casas de enseñanza superior acaten las disposiciones sobre salario global.

La moción agregaría un párrafo adicional al artículo 34 que regularía la columna salarial global. El agregado diría así:

“Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones de educación superior estatal, las corporaciones municipales y las ligas de municipalidades a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y las instituciones autónomas construirán conjuntamente con Mideplán, Autoridad Presupuestaria y Dirección General del Servicio Civil la respectiva columna salarial global, con base en el principio de coordinación interinstitucional”.

En opinión de Hernández, esa moción “no sirve para nada, pues se refiere a otro tema; no arregla nada”.

El abogado constitucionalista sostiene que el ajuste no evitaría el efecto de la moción 91 que fue aprobada el martes, la cual establece lo siguiente: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.

Al respecto, Hernández dijo: “A final de cuentas, cada universidad internamente fijará sus salarios alegando su autonomía constitucional y la norma aprobada ayer (martes). La moción aprobada es muy clara en el sentido de que las universidades tienen autonomía para hacer lo que quieran en esta materia”.

Ante el criterio de diputados como Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN), quien también cree que la moción 331 corregiría la exclusión, el experto dijo: “Desde luego que no. Esta norma es intrascendente”.

Las universidades tienen sus propias normas para la fijación de salarios y pluses salariales, por ejemplo, así como convenciones colectivas.

Esta miércoles, el Ministerio de Planificación expresó su apoyo a la moción 331.

El Gobierno insiste en que su posición es que las universidades deben mantenerse dentro la aplicación general del proyecto de ley.

“El Gobierno apoya la aprobación de la moción 331, la cual permitirá que universidades, municipalidades, poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones sean objeto de esta regulación, sin exclusión alguna, de forma que se garantice la equidad salarial y la eficiencia de las instituciones públicas, para alcanzar la estabilidad económica que el país requiere”, informó Casa Presidencial.