La Ministra de Planificación, Pilar Garrido, evitó referirse a la decisión de los diputados de excluir a las universidades públicas de la reforma al empleo público.
“Ahorita no estoy dando declaraciones sobre esto”, indicó la jerarca, al ser contactada por La Nación. Consultada por sus razones, colgó la llamada.
Este medio también intentó contactar a la ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte, pero no fue posible obtener una respuesta inmediata.
Garrido participó hace dos semanas en una negociación con los diputados en la que acordaron no excluir más instituciones de la reforma, a excepción de las empresas públicas en competencia.
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Sin embargo, este martes, en la Comisión de Gobierno y Administración, los diputados Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca del PLN; Víctor Morales, del PAC; José María Villalta, del FA; y los independientes Dragos Dolanescu y Zoila Rosa aprobaron una moción que autoriza a los centros de educación superior a regirse bajo sus propias reglas en materia salarial.
“El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”, señala la moción aprobada.
Esta moción fue propuesta por las cúpulas universitarias, según confirmó Chacón.
El miércoles anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, había declarado que la posición del Gobierno sería la propuesta por el diputado Morales, quien hoy hizo posible que la moción fuera aprobada.
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Durante el fin de semana, en medio de una gira por Pérez Zeledón, el mandatario dio su respaldo a la reforma que es estudiada por los diputados y señaló: “Todo tiene que estar en el marco de la Constitución, sí, pero cada vez tenemos que ser un país más igual”.
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