El presidente de la República, Carlos Alvarado, se declaró este miércoles confiado en que la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) apoyará la posición del Gobierno en torno al proyecto de reforma al empleo público, la cual implica incluir a las universidades públicas en la regulación.
El pasado martes, los diputados oficialistas Paola Vega y Víctor Morales Mora, chocaron en la comisión legislativa de Gobierno y Administración, con respecto al compromiso que tiene su agrupación frente a dicha iniciativa legal.
Vega le advirtió a Morales que se podría llevar una sorpresa, luego de que él sostuviera que la mayoría de legisladores del PAC están a favor de regular los salarios en el Estado, incluyendo a las universidades públicas, pero respetando la autonomía de las casas de enseñanza superior.
Con respesto a este episodio, el mandatario respondió: “Vamos a avanzar con la posición de Gobierno, que ha sido la posición de Gobierno desde el año 2019 (...). Es la posición que mantiene don Víctor Morales Mora y espero verla reflejada en la votación, tanto en comisión como en plenario.
“Yo tengo confianza en que va a ser un resultado positivo al final, que es lo que necesita el país”, aseveró Alvarado.
El presidente ofreció sus declaraciones durante la inauguración oficial del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, celebrada este miércoles por la mañana.
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público pretende ordenar los salarios en el Estado introduciendo el esquema de salario global, en el que ya no existirían los pluses.
Este martes, diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), PAC, Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y una legisladora independiente rechazaron 17 mociones de fondo que pedían excluir a más instituciones de esta iniciativa legal.
Las propuestas rechazadas fueron presentadas por el frenteamplista José María Villalta, la socialcristiana Aracelly Salas; Paola Vega y Welmer Ramos, ambos del PAC; y el independiente Dragos Dolanescu.
Estos legisladores pedían excluir a las universidades públicas, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial.