Josué Bravo. 2 marzo
José María Villalta votó en sustitución de Aracelly Salas, del PUSC. Fotografía: José Cordero
José María Villalta votó en sustitución de Aracelly Salas, del PUSC. Fotografía: José Cordero

Los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) excluyeron de las regulaciones de la reforma al empleo público a las universidades públicas, las cuales pagan salarios hasta de ¢9,9 millones.

Este martes, en la Comisión de Gobierno y Administración, estos partidos y el independiente Dragos Dolanescu aprobaron tres mociones idénticas.

Las mociones dicen lo siguiente: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.

Dicho párrafo se agrega como un nuevo inciso F para el artículo 6 del proyecto, el cual describe los elementos que componen el Sistema General de Empleo Público.

Este inciso fue propuesto y distribuido por las cúpulas universitarias entre los diputados. Seis diputados presentaron el mismo planteamiento, con redacción idéntica, pero con diferentes mociones.

Una moción la presentaron el independiente Dragos Dolanescu y la socialcristiana Aracelly Salas; la segunda la presentaron Paola Vega, Welmer Ramos y Carolina Hidalgo, del PAC; la tercera la presentó Karine Niño, del PLN.

Las tres mociones habían sido rechazadas la semana pasada, pero este martes fueron sometidas a revisión y todas fueron aprobadas.

En las tres votaciones, se pronunciaron a favor Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca del PLN; Víctor Morales, del PAC; José María Villalta, del FA; y Dolanescu. Por su parte, la independiente Zoila Rosa Volio también votó a favor en la segunda ronda de las votaciones.

En contra de las tres mociones votaron el liberacionista David Gourzong y el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, mientras que Zoila Rosa Volio lo hizo en la primera y en la tercera votación.

Un ‘feudo y se pierde interés’

Después de la sesión de este martes, el legislador Pablo Heriberto Abarca afirmó: “En el sistema general de empleo público se está creando un subsistema, que es de las universidades públicas, de manera que no las excluye, pero les da un mundo, les pone un feudo y les pone unas barreras que van a tener que administrar de acuerdo a sus estatutos, o sea, como ellos quieren”.

“En este momento, se les está dando la potestad de que ellos se autorregulen; totalmente se debilita (el proyecto), básicamente ya hay exclusiones muy explícitas y, por lo tanto, ya se pierde interés”.

Abarca agregó que, en estas circunstancias, no hay seguridad de que las universidades públicas tengan que implementar el salario global, por lo que le retiró su apoyo al proyecto, el cual requiere de 38 votos para ser aprobado en plenario.

El PUSC permitió que José María Villalta sustituyera a la diputada socialcristiana Aracelly Salas, con lo que el frenteamplista sumó un voto a favor de la moción.

Víctor Morales: ‘Las universidades están adentro’

El diputado del PAC, Víctor Morales Mora, negó que las universidades hayan sido excluidas del proyecto de reforma al empleo público, el cual sustituirá el sistema actual de salarios con pluses por un esquema de salario global.

Morales, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, argumenta que las universidades siguen incluidas en el ámbito de cobertura descrito en el artículo 2 del texto.

“El espíritu de la moción es que las universidades no quedan excluidas del empleo público. Una discusión que ha habido es que no es que la rectoría va a pretender tener una mano larga para meterse a las universidades públicas a nombrar profesores, o a definir cursos o a elegir decanos”.

“No están excluidas. En salario global quedan adentro, tienen que someterse a la escala salarial. El tema de salario global claramente les aplica, eso hay que dejarlo claro. Ese inciso usted tiene que verlo en el contexto de la ley, del capítulo.

“Hay capítulo de exclusiones, no están las universidades públicas, que fue la idea inicial, que estuvieran explícitamente excluidas. No son mundo aparte, siguen en artículo 2″, argumentó Morales.

Consultado al respecto, el socialcristiano Abarca dijo: “Eso se lo inventaron, en ninguna parte dice que es exclusiva para eso, realmente creo que es un espíritu muy inocente y me sorprende”.

Abogado constitucionalista: ‘Les da libertad plena para que hagan lo que quieran’

El abogado constitucionalista Rubén Hernández interpreta que la norma les permitirá a las universidades regirse por sí mismas en materia salarial. Él tampoco le ve sentido al argumento de que la moción lo que pretende es aclarar que el Ejecutivo no se meterá en labores como nombramientos de docentes.

“En ninguna parte lo dice. Simplemente, ahí dice claramente que se van a regir por tal sistema y ese sistema prácticamente les da libertad plena para que hagan lo que quieran. Pudieron haber dicho todo eso y haber agregado un párrafo que dijera ‘sin embargo, quedarán sujetas a los principios de esta ley’”.

Al señalársele que, por otra parte, el proyecto mantiene a las universidades en el artículo 2 sobre el ámbito de cobertura, Hernández dijo: “Lo que pasa es que es una contradicción. Si aplican esto (la moción), no aplican la ley de empleo público“.

“Es que ahí hay una contradicción. Son excluyentes. Van a decir que es otra norma especial en relación con la otra. Entonces aplica la norma especial. Y van a interpretar siempre que la ley les da la autonomía y se les excluyó. Un tribunal dirá que sí, que sí las excluyó porque está es una norma especial”.

Actualmente, cada universidad tiene su propia regulación salarial. La Universidad de Costa Rica (UCR), por ejemplo, tiene una norma llamada Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la UCR, emitida por el Consejo Universitario en 1991.

Esta norma regula las remuneraciones salariales del personal académico universitario y los puestos de dirección.

Rubén Hernández señaló que la normativa actual define el régimen de empleo de las universidades y entre esa normativa adicional está al Régimen Salarial Académico.

El jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, confirmó que el texto aprobado fue presentado por las universidades públicas. Los rectores habían presionado para que se excluyeran a esas casas de estudios del proyecto.

No obstante, Chacón es del criterio de que las universidades no quedan excluidas del salario global: “Si usted lee el proyecto completo, se da cuenta que, desde un principio, cada una de estas familias tenía que planificar, diseñar sus necesidades y meterse en la rectoría de la columna del salario global para todas”.

“Entonces, ninguna de ellas se va a salir de ahí. Lo que estamos aclarando es que no se mezcle el tema del salario global con otras administraciones de Gobierno que puede ser libertad de cátedra y demás, que es donde nos han estado bombardeando, para separar que lo que estamos únicamente metiendo, en toda la política de rectoría, es en el tema de la columna del salario global y de las directrices generales”.

Su compañero liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, tiene un criterio diferente. Para el expresidente del Congreso, la moción es una excepción velada en favor de las universidades públicas.