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La persistente violencia homicida en Costa Rica es consecuencia del enfrentamiento entre bandas locales que buscan adueñarse de los territorios para la venta de droga, y no precisamente por las organizaciones de tráfico internacional.
Ese es el análisis que realiza el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, sobre las cifras de asesinatos en el país, que alcanzaron su punto más elevado en 2017.
Recientemente, el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década, con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.
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De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya.
“La actividad que provoca más confrontación, más violencia, más amenaza y más sangre, precisamente es el narcotráfico. Y el narcotráfico lo podemos ver de manera muy simple en dos perspectivas: una de tráfico internacional y otra de tráfico nacional.
“En nuestro país la violencia se genera en este segundo subgrupo, en el tráfico nacional; esencialmente motivada por liderazgos que están emergiendo, que no se han consolidado, que se enfrentan para tratar de mantener el monopolio o para conquistar territorios que dan ganancias, y generan enfrentamientos, grupos armados, amenazas, violencia y muertes.
“El flanco que tiene que ver con tráfico internacional, que es una perspectiva diferente, no tiene que ver en este momento con el homicidio, genera muy poca violencia”, afirmó Espinoza.
Pese al descenso en la tasa de homicidios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, nuestro país continúa ostentando el menor nivel de violencia de la región.
Aun así, Costa Rica sobrepasa los 10 asesinatos por cada 100.000 personas, lo que confirma que la violencia homicida es un problema de salud pública en nuestro país.
Solo los indicadores de los años 2012 y 2013 estuvieron por debajo de ese límite, cuando se registraron 8,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2017, la tasa se disparó a 12,2 y, a partir de entonces, ha oscilado entre 11,7 y 11,1.
“La relación es relativamente estable. No es un indicativo de dato positivo, no es una circunstancia alegre, no es una situación que muestre un clima delictivo pacífico, sino que más bien indica que estamos sobre la tasa que se acepta como manejable o como la que no implica una situación de epidemia desde la perspectiva de salud pública.
“Con esto lo que le quiero decir es que Costa Rica se ha debatido entre esta numerología, que sin ser absolutamente alarmante, pues realmente no es una circunstancia gratificante”, afirmó Espinoza.
Tres detonantes
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegura que, desde el análisis criminal, han detectado al menos tres factores que ocasionan asesinatos en Costa Rica: narcomenudeo y los enfrentamientos entre los grupos; la alta disposición y tenencia de armas de fuego, así como el pandillaje juvenil.
La alta tenencia de armas entre la población es algo que preocupa seriamente al director judicial. En especial cuando su portación es ilegal, pues se trata de armamento que entra al país de forma irregular, usualmente a través de estructuras criminales y, en ocasiones, son artefactos que no se permiten en Costa Rica.
Dicho problema persiste pese a que los diputados crearon dos leyes, en 2019, para endurecer las penas por portación ilegal de armas y para limitar a dos las pistolas permitidas por persona.
“Si a eso usted agrega otros componentes de orden social, como son los que tienen que ver con desigualdad económica, dificultades de incorporarse al ámbito laboral, con una injusta distribución de la riqueza y con un clima de violencia que se percibe en los últimos años, abonan a que la tasa de homicidios no baje”, afirmó el director judicial.
Además, según Espinoza, el narcotráfico local es el que impulsa el desarrollo de bandas juveniles violentas que reclutan menores de edad y jóvenes de barrios vulnerables, para ejecutar asesinatos o realizar amenazas a cambio de dinero.
“La participación de personas menores de edad en hechos delictivos generalmente está relacionada con el tráfico de drogas. Son de barrios o poblaciones vulnerables y se convierten en incipientes sicarios que venden sus servicios a agrupaciones, que requieren ejecutar actividades de violencia de determinada naturaleza”, aseveró.
Asimismo, Espinoza criticó la poca inversión en seguridad por parte del Gobierno. “Al Estado se le olvidó que debe invertir en seguridad, en tecnología; se le olvidó que debe apuntalar la Fuerza Pública y apoyar decididamente las acciones del OIJ”.
“Se olvida que sin paz social, sin asegurar a quienes quieran venir a nuestro país a realizar actividades lícitas de cualquier naturaleza, este sitio no es atractivo”, añadió el jerarca policial.
Consultado, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que comparte la preocupación por la violencia, pero rechazó las afirmaciones de Espinoza. De acuerdo con el jerarca, se ha hecho lo posible para mantener la inversión en seguridad pública, pese a la limitación de recursos.
“Los esfuerzos que hacemos como país son bastante importantes, dadas las situaciones fiscales. El presupuesto del Ministerio de Seguridad anda por ¢275.000 millones, el de OIJ por ¢100.000 millones y el del Poder Judicial, en su conjunto, es de cerca de ¢470.000 millones.
“Yo rechazo ese señalamiento, por lo menos en el corto plazo. Sí habría que ver una tendencia a lo largo de la última década y verlo como parte del PIB (producto interno bruto), para ver si efectivamente se presenta esa situación. Por lo menos en estos dos años, sí hemos hecho un esfuerzo importante”, afirmó.
Villegas aseguró que hay acciones concretas. Mencionó, como ejemplo, que el próximo año no se reducirá el presupuesto de seguridad “a pesar de la situación en la que estamos”.
Además, añadió que se tramita un presupuesto extraordinario para crear 745 plazas para la Policía Penitenciaria, con el propósito de poner en operación la nueva cárcel de Las Terrazas, en San Rafael de Alajuela, que albergará a 1.248 privados de libertad.
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El ministro indicó que también preparan otro pedido con más recursos al Congreso, para invertir en comisarías de la Fuerza Pública y dependencias del Ministerio de Justicia y Paz.
Tráfico internacional: ‘No se manifiesta de manera violenta’
De acuerdo con el director, el OIJ no tiene datos o evidencias que apunten a un posible aumento de la violencia homicida en el corto plazo, como responsabilidad directa del tráfico internacional de droga en nuestro país.
“Sin que eso deje de ser una situación de riesgo o de peligro —porque además es un hecho delictivo gravísimo y de primer nivel—, lo cierto del caso es que, por lo menos, en este momento, lo que se avizora como generador de violencia es el hecho interno, lo relacionado con el narcomenudeo”, explicó.
Espinoza dijo sustentar su criterio en investigaciones y análisis conjuntos con policías internacionales, que apuntan a que no existe un riesgo de que carteles de la droga se ubiquen en Costa Rica, pues nuestro territorio es visto como “un taller de servicios”, mediante el cual pueden mover sus cargas a otros destinos.
“Estas organizaciones tienen representantes en nuestro país, esencialmente costarricenses, que asumen el traslado, transporte, contaminación y exportación de clorhidrato de cocaína. Su visualización de las cosas les exige mimetizarse, tener bajo perfil, no manifestarse de manera violenta, para no llamar la atención de las autoridades policiales o aduaneras.
“Precisamente, por esa circunstancia no tenemos enfrentamientos. Somos un área de servicio, un lugar donde está ingresando clorhidrato de cocaína en cantidades muy importantes, que también son una enorme preocupación y que tenemos que atender con los mismos recursos de hace 10 años, pero no están generando violencia por lo que le digo.
“El clima de negocios para el delincuente es adecuado, donde la aplicación de la ley es lenta, no es eficiente, las posibilidades de incautación de bienes es dificultoso para el Estado, el tema con las penas es relativamente benéfico en comparación con otros países. Entonces, es un lugar que se visualiza desde el exterior como un sitio en el que no es necesario intervenir de manera violenta”, aseguró Espinoza.
Diferente al criterio del OIJ, el Informe Estado de la Región 2021 apunta a la consolidación de Costa Rica como un punto de partida de la droga, como parte de los factores que ocasionan la violencia homicida en el país.
“Según Insight Crime, la explicación de este incremento es que la criminalidad en Costa Rica se ha vuelto cada vez más sofisticada. Además, el hecho de que el país pasó de ser un punto clave para el transbordo de drogas camino hacia a Estados Unidos, a convertirse en un importante punto de partida de los cargamentos de cocaína, que, procedentes de Colombia, se dirigen hacia mercados europeos”, menciona el documento.
