El 18 de febrero anterior, el director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Miguel Aguiar, salió a defender el entonces proyecto de ley de condonación de deudas del SBD, mediante una nota que le envió al Directorio de la Asamblea Legislativa.
Aguiar apoyó el perdón de 2.705 créditos administrados por el SBD, por un total de ¢6.240 millones, luego de trascender los cuestionamientos al proyecto por parte del Banco Central (BCCR) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), los cuales advirtieron del “riesgo moral” que implicaba el plan, además del efecto negativo que podría tener en las finanzas públicas.
Aguiar argumentó en el oficio CR/SBD-0038-2021: “El apoyo a los beneficiarios del Sistema mediante todas las medidas que se han venido adoptado, dentro de las que se encontraría la condonación de las deudas que plantea el presente proyecto, representa sin duda alguna un apoyo importante en la prevención del cese de actividades por parte de los micro y pequeños empresarios”.
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Días después, el proyecto fue aprobado en primer y segundo debate en el plenario, sin mayor oposición.
El pasado viernes 26 de marzo, el presidente Carlos Alvarado convirtió el plan en la Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, con la cual la mayor parte de la condonación quedará en pocas manos: el 1,5% de los créditos acaparará el 62% del monto total por perdonar.
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El Miguel Aguiar que defendió esta ley fue el mismo que, en el 2015 y en el 2017, les pidió a los diputados no avanzar con otras propuestas de condonación que involucraban a los mismos beneficiarios de hoy, incluso con montos menores al aprobado en este 2021.
En el pasado, el funcionario advertía de que estos proyectos podrían beneficiar a programas que “lo que han hecho es vivir de fondos públicos”, así como a gente que no evidencia hacer esfuerzos por pagar, aparte del “riesgo reputacional” que las condonaciones implican para el SBD.
Consultado por La Nación, el funcionario alegó que se trata de situaciones “incomparables” por la situación que vive el mundo por la emergencia por la covid-19, aunque la gran mayoría de deudas que serán perdonadas estaba en mora mucho antes de la pandemia.
¿Qué dijo?
Según consta en actas legislativas, Aguiar se opuso a dos proyectos de ley que pretendían condonar deudas del SBD en el 2015 y el 2017.
En mayo del 2015, la Comisión de Asuntos Agropecuarios discutía el proyecto de ley 18.651, que planteaba una condonación de los créditos del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro), fondo creado en el 2001 mediante una ley que destinó fondos públicos y de bancos privados al financiamiento de productores agropecuarios.
El Fidagro, que originalmente fue manejado por el extinto Bancrédito, fue traspasado a Banca para el Desarrollo en el 2009.
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Ante la Comisión de Agropecuarios, Aguiar dijo en el 2015 sobre los créditos de Fidagro: “Hay proyectos que, en realidad, nunca han pagado, que lo que han hecho es vivir de los recursos públicos y que han sido beneficiados con estas condonaciones y con cualquier otra que se haga a futuro”.
“Esa cartera no es una cartera de gente que uno evidencie que hacen un esfuerzo por pagar, empecemos por ahí.
“Estas leyes han fortalecido conductas que no generan círculos virtuosos de cara a las decenas de miles de personas que no han tenido esas condiciones y que hacen un esfuerzo para pagar.
“En banca hay temas que también son de riesgos morales, cuando se dio la Ley 8835 hubo casos de personas que venían pagando, organizaciones, y que participaron también del proceso producto de buscar la condonación”.
Aguiar insistió en que el proyecto iba “en detrimento de la estabilidad y solidez del modelo” del SBD.
Su intervención impulsó el archivo de aquel plan de ley.
No obstante, el plan que ahora el director del SBD sí apoyó, perdonó ¢320 millones en créditos activos del Fidagro y ¢578 millones en préstamos insolutos, es decir, ya impagables.
Luego, en noviembre del 2017, Miguel Aguiar regresó a la misma comisión para oponerse al proyecto de ley 20.392, el cual también cubría al Fidagro y el cual se convirtió en la base para la ley recién aprobada, aunque incluía menos deudores.
“Aquí el daño no es únicamente desde el punto de vista patrimonial de los recursos, ciertamente esta cartera está estimada, aquí el daño que se da es un daño en el riesgo reputacional, porque ciertamente, el tema de lo difícil que ha sido reactivar el acceso de créditos a productores agropecuarios se vuelve más grave cuando se da un crédito y más tarde puede haber la posibilidad de que se condone”, señaló.
En esa misma ocasión, Aguiar instó a los diputados a que, en vez de condonar, se discutiera la posibilidad de tomar recursos de entidades estatales superavitarias para pagar esos créditos al SBD.
“Pero el hecho de debilitar patrimonial y el riesgo de imagen de una institución, simplemente con el tema de condonación es un flaco favor”, agregó
Consultado por La Nación sobre su cambio de postura el director aseguró que “las posiciones que damos las personas siempre obedecerán al momento coyuntural e histórico de cuándo se emiten”
“La situación del país en el año 2017 es completamente diferente e incomparable con la realidad actual del país y del mundo en todos los ámbitos del quehacer y la realidad nacional. En ese entonces, ciertamente no se justificaba la realización de condonaciones o amnistías fiscales, donde con el propósito de incrementar la recaudación del fisco, se perdonaron multas e intereses por decenas de miles de millones de cólones como sucedió en el año 2019″, añadió.