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Iván Vincenti, candidato a procurador general postulado por el presidente Rodrigo Chaves, recibió el aval de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía despacho de Alejandra Larios
Los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendaron al plenario ratificar al abogado Iván Vincenti Rojas como jerarca de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo decidieron este miércoles poco antes del mediodía, cuando por votación unánime de los miembros presentes de ese órgano legislativo, aprobaron el nombramiento solicitado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
En la votación estuvieron Alejandra Larios, presidenta de la comisión, y la también liberacionista Dinorah Barquero, así como Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD); Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gloria Navas, de Nueva República, y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).
La postulación de Vincenti llegó al Congreso la semana pasada, luego de que hubo un primer intento de postular al abogado Cristian Arguedas, quien declinó la postulación un día después de que la Presidencia de la República lo anunció.
La decisión de recomendar a Vincenti se tomó en la misma sesión en que los congresistas recibieron en audiencia al abogado, quien por los últimos 10 años ha sido litigante. Antes de eso, trabajó por casi 20 años en la PGR, hasta llegar a la función de procurador B.
Antes de que la Comisión de Nombramientos decidiera aprobar su ratificación, Vincenti reveló al foro un posible conflicto de interés, en caso de que el plenario finalmente lo ratifique para ese puesto.
Él explicó que la persona que ha sido su pareja sentimental por los últimos 15 años es funcionaria de la Procuraduría, pero que a la hora de analizar la postulación, tomaron la decisión de que ella pida un permiso sin goce salarial, tal como lo establece el Servicio Civil, por cuatro años, prorrogables.
“Como decisión familiar, se tomó el acuerdo de que ella pediría un permiso sin goce, para que no se diera ningún tipo de incompatibilidad en el ejercicio del cargo”, dijo.
Añadió que él hizo una revisión de criterios de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y sentencias de la Sala Constitucional, de las que dijo concluir que no hay impedimento para que el Ejecutivo lo proponga y la Asamblea lo ratifique.
“Desde el punto de vista de la PEP, es un tema que se debe revelar, tanto en la declaración jurada como en este momento, en la entrevista, revelarse y decirse cómo se va a solventar”, aseguró.
Un procurador en la Casa Presidencial
Vicenti comentó que, para la época en que él laboró en la Procuraduría, existía la figura de un procurador destacado en la Casa Presidencial. Cuando la oficialista Pilar Cisneros le preguntó si consideraba que esa figura se debe retomar, él respondió que sí.
“Es una petición que hace el Poder Ejecutivo, el presidente de la República o su ministro de Justicia, si ellos sienten esa necesidad. Es parte de una colaboración que puede brindar la Procuraduría”, expuso.
Dijo que él tuvo esa función para la Presidencia en 1998, cuando trabajó junto con Elizabeth Odio, entonces ministra de Ambiente y Energía, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
El candidato a jerarca de la PGR indicó que, en su criterio, existe una necesidad de acercar la función de asesoría jurídica a las administraciones públicas, y hacer que la gente común identifique qué es y para qué sirve la Procuraduría.
“La asesoría que se presta, desconociendo tiempos razonables de atención, ya no es una asesoría. La gente consulta porque necesita una respuesta y necesita que le llegue en un tiempo razonable. Es necesario replantear cómo funciona la Procuraduría para que ese tiempo sea lo más eficiente posible”, dijo Vincenti.
Larios le preguntó al candidato a procurador si la PGR podría actuar como órgano acusador, tal como lo había sugerido a principios de enero el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
A ello, Vincenti respondió que el marco jurídico no lo permite y sería una función anacrónica al marco que se estableció para esa institución, porque se le estaría obligando a realizar labores investigativas para fines penales sin tener mecanismos ni recursos necesarios para eso.
“No es razonable realizar determinadas tareas para las que no se cuenta con personal suficiente. Somos buenos abogados, pero eso no garantiza que seamos buenos investigadores”, concluyó.
Vincenti también sugirió que, gracias a los mecanismos tecnológicos que la pandemia permitió utilizar, el procurador general podría estar viendo cómo se desempeña un procurador que tenga a su cargo la representación del Estado en un juicio.
“Yo podría estar con el procurador a cargo viendo cómo se desempeña y lleva los casos, viendo cómo podría ayudar y sería una labor de respaldo a labor de procuradores”, aseguró Vincenti.