Los diputados rechazaron este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, a dos candidatos para la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) postulados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los ministros.
Se trata de Nibia Barquero Fernández y Sergio Mata Montero, quienes habían sido nombrados por el Consejo de Gobierno y luego se remitieron para su ratificación en el Congreso, tal como lo ordena la ley.
Sin embargo, una aplastante mayoría determinó que ninguno de los dos postulantes tenía los atestados ni la experiencia para asumir el cargo que el Poder Ejecutivo pretendía darles.
Tanto fue así que incluso el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se unió en la votación contra la ratificación de Barquero Fernández, pues la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, reconoció que se trataba de una postulación sin los requisitos necesarios.
“Todos estuvimos de acuerdo en que la señora Nibia Barquero requiere más experiencia para ocupar este cargo y, en eso, todos en la Comisión de Nombramientos estuvimos de acuerdo”, dijo la vocera del PPSD.
La votación sobre dicha ratificación resultó con 43 votos en contra y cero a favor.
No obstante, Cisneros sí pidió el voto de los demás congresistas a favor de Sergio Mata, pero al final las demás fracciones desoyeron su recomendación y, en este caso, la votación quedó 33 en contra, con 10 a favor de ese candidato.
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Aunque las ratificaciones se presentaron en un solo expediente, el 23.872, las votaciones se dieron en dos actos por separado.
“Las autoridades que lleguen a Aresep tienen que garantizar ese conocimiento necesario para saber priorizar, los conocimientos técnicos y el interés público que debe mediar”, advirtió Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La socialcristiana añadió que se deben escoger personas apropiadas y aptas para integrar una junta directiva, es decir, que tengan capacidad, entendimiento e imparcialidad a la hora de desarrollar su labor.
Subrayó que no pueden permitirse personas vinculadas con operadores y prestadores de servicios, ni públicos ni privados, y dijo que tienen que ser desvinculadas para asegurar una independencia del órgano regulador, fortalecido a través del nombramiento de la gente adecuada.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), enfatizó en que “no es posible que los candidatos presentados por el gobierno “prácticamente no conozcan los conceptos básicos de la regulación de los servicios públicos y no comprendan la Aresep”, con una regulación centrada en el usuario y no en el operador.
El diputado añadió que uno de los candidatos ahora rechazados, Sergio Mata, tiene una visión de protección sobre los prestatarios regulados y eso hace que la balanza se incline en favor de los operadores, por lo que los usuarios quedarían desprotegidos.
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El frenteamplista Jonathan Acuña indicó que la candidata Barquero Fernández no estuvo en capacidad de responder una serie de preguntas sobre la actividad regulatoria de los servicios.
“Ante consultas básicas, hubo incapacidad de encontrar respuestas. Se le consultó sobre los mecanismos necesarios para evitar la captura del regulador, más bien, la respuesta daba cuenta de la ignorancia de ese tipo de fenómenos”, aseguró el diputado.
Según dijo Acuña, ella no tiene como prioridad el cobro electrónico pues cree que, si se aplica, ese sería el único tipo de cobro que habría y que, por tanto, la población adulta mayor se vería afectada.
La presidenta de la Comisión de Nombramientos, Alejandra Larios, enfatizó en que para la Junta Directiva de la Aresep se requiere gran cantidad de conocimientos de base y dijo que no tiene conocimiento sobre la regulación en el cobro de las estibas portuarias, sobre lo que alegó total desconocimiento, cuando se lo preguntó el socialcristiano Carlos Andrés Robles.
La verdiblanca recordó que ya la Asamblea había rechazado a otro miembro para ese órgano colegiado nombrado por el gobierno e hizo un llamado a una mayor seriedad de parte del Poder Ejecutivo en la selección de los profesionales cuya ratificación le pidan al plenario legislativo.
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