A través de un trámite rápido, los diputados aprobaron este lunes extender por tres años más la vigencia de la ley N°. 9577 que protege a los ocupantes de las llamadas zonas especiales.
Con 39 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó en primer debate la iniciativa que suspende por ese plazo los desalojos de personas, demolición de obras y desarrollo de actividades comerciales o agropecuarias en esas áreas.
Estas son la Zona Marítima Terrestre (ZMT), la milla fronteriza y aquellas áreas declaradas patrimonio natural del Estado.
El texto de la prórroga es idéntica a la Ley aprobada en julio del 2018, que suspende los desalojos por tres años mientras las instituciones correspondientes ordenan esos territorios o los diputados aprueban una legislación en ese sentido.
La iniciativa del diputado David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), se tramitó con dispensa de todo trámite y, este lunes, antes de su aprobación, ningún legislador se refirió por el fondo.
Se fijó el segundo debate para el próximo jueves 1.° de julio, por lo que su aprobación en definitiva se concretaría en tan solo siete días calendario.
La idea de la prorroga surgió debido a que la ley aprobada en 2018 vence en el mes de julio, por lo que los ocupantes de esas zonas se expondrían a desalojos.
La ZMT comprende un ancho de 200 metros de territorio medidos linealmente desde el punto donde el mar se encuentra con la tierra durante la marea alta.
Los primeros 50 metros son un bien demanial por hallarse allí las playas que son de acceso público, y los restantes 150 metros de suelo son de uso restringido.
Se ubican a lo largo de 1.228 kilómetros (km) de línea costera: 1.016 km en el Pacífico y 212 frente km en el Caribe.
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La zona fronteriza abarca 2 kilómetros dentro de la franja de las fronteras costarricenses con Nicaragua y Panamá, conocida como milla fronteriza; mientras que las declaradas patrimonio natural del Estado son, por ejemplo, parque nacionales.
Durante la vigencia de la moratoria, dice la Ley, el Estado deberá tomar medidas para el ordenamiento de esos territorios.
Por ejemplo, habilita al Gobierno a continuar con la concesión de terrenos en la franja fronteriza. Al mismo tiempo, habilita a las municipalidades que tienen costas para aplicar la normativa.
Cuando se trate de zonas declarada patrimonio natural del Estado, añade la ley, la aplicación de la moratoria estará a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Durante la vigencia del beneficio, el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones.
El diputado Gourzong, dijo a La Nación que la prórroga se hace con la idea de que la Asamblea Legislativa impulse iniciativas que brinden tranquilidad a quienes “están atrapados en esos territorios”.
“El Estado debe trabajar con celeridad para tener estudios técnicos que sustenten los proyectos que podamos construir”, demandó el legislador.