Josué Bravo. 6 mayo
La diputada liberacionista Franggi Nicolás explicó que no ha retirado su proyecto porque espera que, en una comisión especial conformada en enero anterior, se elabore una propuesta que resuelva los problemas de fondo de las familias que habitan en zonas especiales. Foto: Diana Méndez
La diputada liberacionista Franggi Nicolás explicó que no ha retirado su proyecto porque espera que, en una comisión especial conformada en enero anterior, se elabore una propuesta que resuelva los problemas de fondo de las familias que habitan en zonas especiales. Foto: Diana Méndez

La Procuraduría General de la República (PGR) considera innecesario un proyecto de ley que pretende ampliar, por tres años más, la suspensión de desalojos, demolición de obras y desarrollo de proyectos en las llamadas zonas especiales: costeras, fronterizas y de patrimonio natural del Estado.

Se trata del expediente 20.820, que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos, el cual fue presentado a mediados del año anterior por la diputada verdiblanca Franggi Nicolás.

Dicha iniciativa propone reformar el artículo 1 de la Ley de Protección a los Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales (9373), que suspendió por dos años los desalojos entre junio del 2016 y junio del 2018.

Según la PGR, la propuesta de Nicolás “no posee ninguna utilidad práctica” porque, el 27 de junio del 2018, la Asamblea Legislativa aprobó otra prorroga de tres años con el mismo fin mediante la ley 9577.

Esa ley posterga las acciones en las zonas específicas hasta el 2021, salvo aquellas donde hay órdenes de desalojo o cancelación de obras y actividades, gestionadas mediante resolución judicial o administrativa por amenaza ambiental.

Además, la Produraduría advirtió nuevamente de que la propuesta de Nicolás debe de “valorarse” por sus eventuales roces constitucionales, al impedir al Estado ejercer potestades en las zonas especiales cuyo fin es protegerlas.

El criterio fue planteado por la procuradora Elizabeth León en la opinión jurídica 0J-29-2019 del 25 de marzo anterior, a la Comisión de Asuntos Económicos.

No obstante, la opinión no es de carácter vinculante.

Consultada al respecto, Nicolás dice que mantiene vigente su propuesta en comisión para colaborar “en el clima” de discusión, sobre la necesidad de una ley que revuelva por el fondo los problemas de las familias en esos territorios.

Mencionó que su propuesta coincidió con el tiempo de aprobación de la ley 9577. Como dato adicional, citó que solo en la zona marítimo terrestre habitan 50.000 familias que, en la actualidad, no tienen amparo jurídico.

“Por lo tanto, mientras se resuelve a través de un proyecto de ley robusto (a futuro), que es algo que no se hace de la noche a la mañana, mi intención es que se aplicara una moratoria para que pudiera cubrir a estas personas y les pudiera dar un resguardo jurídico momentáneamente”, explicó Nicolás.

En ese sentido, mencionó que el reto del actual periodo legislativo es elaborar, en los tres años restantes, una legislación que resuelva el problema de los habitantes de las zonas especiales.

“Recordemos que aquí hay una comisión especial de territorios costeros que tiene el plazo establecido (a noviembre próximo) para dictaminar un proyecto de ley al respecto, que venga a resolver el tema por el fondo”, añadió la legisladora.

Sobre la opinión de la Procuraduría, Nicolás dice respetarlo, pero recordó que no es vinculante. Añadió que los roces constitucionales los resuelve la Sala IV.

“Moratorias en el pasado ya se han aplicado y han sido constitucionales”, señaló.

Por su parte, el diputado socialcristiano y presidente de la Comisión de Económicos en la legislatura que terminó el 30 de abril, Pablo Heriberto Abarca, explicó que el proyecto de Nicolás ya pasó su proceso de consulta y se podría retomar en el periodo de sesiones ordinarias.

Abarca aprovechó para cuestionar la iniciativa de Nicolás, al asegurar que la propuesta solo pospone la resolución de los problemas en las costas.

“Digamos que es importante para que no haya demoliciones y haya seguridad jurídica, pero no resuelve el problema por el fondo, sino que tira la bola para adelante”, cuestionó Abarca.

El diputado propuso que, como un inicio, se deben elaborar planes reguladores en cantones costeros.

El pasado 9 de enero, fue instalada la Comisión especial de investigación de zonas costeras y fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado en situación de conflicto.

Fue creada con la finalidad de que, por medio de un proyecto de ley, se proponga resolver el fondo la problemática de los habitantes en esas zonas.

Dicha comisión la preside el diputado verdiblanco por Limón, David Gourzong, quien en la sesión del 22 de abril cuestionó al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, porque el Ejecutivo no presentó ninguna iniciativa sobre este tema en el periodo de sesiones extraordinaria.

Rodríguez respondió, en esa oportunidad, que la ausencia de alguna propuesta del Ejecutivo se debe a “la estructura de trabajo a nivel regional y la asignación de las regiones a los vicepresidentes, ministros de Estado y a la Primera Dama”.

Los diputados de esa comisión especial tienen hasta noviembre próximo para elaborar una propuesta.