Por unanimidad, el plenario legislativo deshizo un artículo que le habría otorgado personería jurídica plena a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) en el proyecto de reforma al empleo público.
Dicha figura le habría permitido a la DGSC operar como una institución descentralizada, en lugar de trabajar como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo.
Ahora, con el voto de 48 legisladores presentes, el plenario aprobó este lunes la moción 352, reiterada por el diputado liberacionista David Gourzong, que mantiene al Servicio Civil bajo la figura de personería instrumental.
“Esta moción lo que pretende es cambiar la personería jurídica plena que contiene el texto en discusión, por una instrumental, dado que la DGSC tiene que estar supeditada a la rectoría de Mideplán (Ministerio de Planificación). Entonces, es algo procedimental”, expuso Gourzong al defender su iniciativa.
Al aprobarse el ajuste, la DGSC seguiría operando como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de la Presidencia, como lo hace ahora.
Es decir, seguirá teniendo la figura jurídica necesaria para efectos de manejar su propio presupuesto, con un ámbito de acción únicamente sobre el Poder Ejecutivo.
“La Dirección General del Servicio Civil tiene encomendada fines muy concretos, puntuales, particulares. Por ello, la personalidad que se le puede otorgar es instrumental como condición necesaria y suficiente para el cumplimiento de sus fines particulares y muy limitados”, reconoció el verdiblanco.
Esa visión es diferente a la expresada por Gourzong en la etapa de comisión cuando pretendió con otros legisladores, incluso, que la rectoría del empleo recayera sobre el Servicio Civil.
En esa línea, a inicios del mes de marzo, una mayoría de legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración aprobó otra iniciativa de Guorzong que le otorgaba personería plena al Servicio Civil.
Ese cambio le habría permitido a la Dirección operar como un órgano descentralizado, pese a que la oficina de Servicios Técnicos había advertido que, por ser un órgano desconcentrado, el Servicio Civil no puede puede ostentar personería plena.
En aquella ocasión, Gourzong y el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca aseguraron que la idea era robustecer a ese órgano con tal de darle la suficiente potestad para operar sobre todo el Estado, no solo sobre el Ejecutivo.
A favor votaron 14 congresistas del PLN, ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), siete del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis del Partido Restauración Nacional (PRN), tres del bloque Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), uno del Frente Amplio (FA), y cuatro independientes.
Al presentar su moción de ajuste, Gourzong reconoció que, durante el debate en la etapa de comisión, varios diputados quisieron darle la rectoría política al Servicio Civil.
“Sin embargo, las condiciones políticas y técnicas nos hicieron entender que la rectoría debería recaer en el Ministerio de Planificación (Mideplán). La idea original (en la etapa comisión) ha cambiado”, expuso.
El verdiblanco se refirió a otra moción aprobada por el plenario la semana anterior, propuesta por su compañera de fracción Yorleny León, que fortaleció la rectoría política del empleo público de Mideplán.
Esa rectoría se había otorgado a ese ministerio desde la reforma fiscal aprobada en 2018 por los actuales legisladores.
El texto de empleo público ya contiene que la persona que el Gobierno elija como jerarca de la DGSC deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa.
Según una propuesta del PUSC, aprobada en comisión, el Consejo de Gobierno deberá enviar al Congreso el candidato elegido para ese cargo.
La postulación será analizada por la Comisión de Nombramientos, la cual emitirá una recomendación al plenario legislativo para aprobarla o no.
En caso de que se rechace el nombre propuesto, el Consejo de Gobierno podrá enviar otra nominación, la cual será sometida al mismo proceso.
Finaliza discusión de mociones de empleo público
El plenario legislativo ya terminó de conocer las 352 mociones restantes reiteradas al plan de empleo público y, posteriormente, entró a conocer las solicitudes de revisión de votaciones de estas mociones.
De las 28 mociones conocidas este lunes de reiteración restantes, se rechazaron 19, se retiraron cuatro y se aprobaron cinco.
Una de las propuestas aprobadas, de Enrique Sánchez, del PAC, les permitiría a las universidades públicas emitir su propia normativa en materia de procesos recursivos.
Otra de Nielsen Pérez, también del PAC, obligaría respetar la paridad de género en los nombramientos de jerarcas de la administración pública.
Choque por 500 litros de gasolina
Entre las rechazadas, una es del frenteamplista Villalta, que pretendía eliminar la cuota de 500 litros mensuales de combustibles que, por ley, se otorga a los diputados.
Esta iniciativa generó un choque entre Villalta y el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides.
Al hacer su defensa, el frenteamplista pidió que, así como se cambiaría con la reforma a un sistema salarial de un monto único, en sustitución del esquema de pluses, a los diputados se le debería de quitar ese beneficio.
En criterio del frenteamplista ese combustible es un plus al salario de cada legislador.
Benavides, al justificar su rechazo, aseguró que “es una moción inconexa presentada por puro oportunismo y cálculo político”.
El liberacionista informó que, desde el año pasado, renunció a ese beneficio sin hacerlo público, pues, considera que cada legislador puede tomar esa decisión en su esfera personal.
Adelantó que votará cualquier proyecto de ley que elimine ese beneficio, “pero no presentado en un proyecto de empleo público para generar puro efectismo y pura política”.
Benavides cuestionó que la propuesta venga de Villalta, quien ha manifestado su voto en contra, por el fondo, de la reforma. “Es incoherente dos veces, don José María”, le espetó Benavides.
Acto seguido, el verdiblanco citó una publicación de Doble Check, un servicio de chequeo de noticias de la Universidad de Costa Rica (UCR), que refleja el gasto de ¢7,6 millones en combustible por parte de Villalta, hasta finales del 2020.
“Y hasta el día de hoy lo sigue gastando. En lugar de estar haciendo tanta politiquería, ¿por qué no renuncia al uso de la gasolina usted y otros que andan con eso en la boca? Siguen esperando que esta Asamblea Legislativa les apruebe un proyecto de ley para hacer algo que ustedes mismos pueden hacer”, le cuestionó Benavides.
Por su parte, el frenteamplista replicó que su idea es que se haga una eliminación para todos los 57 legisladores. Aseguró que diputados del PLN habían advertido que, si se respaldaba su propuesta, le quitarían el apoyo al plan de empleo público.
Finalmente, antes de entrar a conocer mociones de revisión, la presidencia legislativa anunció el retiro de 23 de esas solicitudes presentadas por Paola Vega, del PAC, de un total de 186 que habían presentado los legisladores hasta este lunes.
Luego, fueron rechazadas otras 15 mociones de revisión. Quedan 148 pendientes.
Si una mayoría simple del plenario rechaza la revisión, el resultado anterior de determinada iniciativa queda en firme. Si se aprueba, siempre por mayoría simple, se entra a conocer por el fondo y el nuevo resultado es el que queda en firme.
En algunas ocasiones, a través de un mecanismo de revisión puede aprobarse una moción que anteriormente se aprobó. O viceversa.