El futuro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no está para nada asegurado en la futura Asamblea Legislativa, pues entre los nuevos legisladores cunden las dudas sobre la iniciativa.
Así lo reconocieron los voceros de las siete fracciones legislativas, este viernes, durante el acto oficial de entrega de las credenciales, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El asunto es que, aparte de sus posiciones particulares sobre una reforma fiscal, también les han surgido dudas a los nuevos congresistas por los cambios recientes aplicados en la propuesta y otras reformas tributarias de las que no tenían mayor noticia.
Sea como sea, toman relevancia las posiciones de las nuevas bancadas parlamentarias porque, aunque los actuales congresistas apuren el paso al máximo, todo apunta a que no les daría chance ni siquiera de votar la iniciativa en primer debate.
Las tiendas políticas con una posición revisionista suman, entre ellas, 47 votos.
Las dudas sobre el expediente legislativo 20.580 se dan entre las fracciones de Liberación Nacional (PLN, con 17 diputados), Restauración Nacional (PRN, con 14 curules), la Unidad Social Cristiana (PUSC, de nueve diputaciones), Integración Nacional (PIN, tres legisladores), el Republicano Social Cristiano (PRSC, dos parlamentarios), el Frente Amplio (con un asiento en el plenario) y en un diputado independiente.
Hay que revisar el texto, antes de darle primer debate, aseguró Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, “más que en las últimas semanas hemos visto, de la nada, la aparición de novedades, de cosas que no estaban incluidas en el proyecto”.
Entre esas supuestas novedades, el liberacionista enumeró el impuesto a las pensiones voluntarias y complementarias, el pretendido impuesto a las cesantías mayores de ocho años, el eventual cobro doble en compras en el extranjero y el intento de Ottón Solís por aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13% a un 16%.
“La prudencia lo primero que llama es a evitar tomar una posición definitiva, hasta no conocer el texto”, dijo Benavides, quien apuntó que hay un proceso de vía rápida en marcha, que impone sus límites en la tramitación.
“Por supuesto que hay que revisarlo”, dijo Carlos Avendaño, jefe de Restauración Nacional y aspirante a la presidencia legislativa.
Añadió que no se vale decir que está para primer debate y venir y dárselo, sino revisar si “integralmente cumple con las expectativas”.
“Hay dudas de diferentes sectores sobre cosas de ese plan, yo he dicho que eso va más allá de los impuestos, también es sobre recaudación y gasto”, indicó.
El PUSC llevará el asunto a análisis de la fracción, en una encerrona que realizará la semana entrante, pero su jefe, Erwen Masís, comentó que hace falta ver en qué estado queda el proyecto de ley.
“En ese caso, habría que revisar el contenido. A como está ahorita, hay asuntos complejos que no han sido subsanados y tendríamos que ver si se subsanan en los próximos 15 días; si no, tendríamos que buscar consenso para abrir la discusión en cosas muy específicas”, comentó el futuro jefe socialcristiano.
Los próximos jefes del PIN y del Republicano no darían su apoyo al proyecto de ley, en caso de que lo tuvieran que votar tal como está en este momento.
El jefe de Integración, Wálter Muñoz, dijo que no están de acuerdo en “nuevos impuestos”, sino en la línea de un reordenamiento fiscal y de eficiencia tributaria, además de entrarle al tema aduanero.
El republicano Otto Roberto Vargas cree que se le deben hacer ajustes a la propuesta, máxime cuando -según la Contraloría General de la República- el Estado deja de recaudar ¢2.000 millones al año.
“Si no somos buenos recaudadores, ¿cómo sabemos si nos sobra o nos falta plata?”, informó Vargas.
José María Villalta, del Frente Amplio, le daría seguimiento al trabajo contra el proyecto que ha hecho Edgardo Araya, y dijo que la no aprobación de la reforma fiscal en abril abriría la posibilidad de que “se apruebe el proyecto de una mejor manera”.
“Lo sensato sería, tomando en cuenta que hay una vía rápida aprobada, que ese proyecto no se extienda demasiado, pero en un plazo muy corto tener la posibilidad de revisarlo e introducir inquietudes de la nueva Asamblea Legislativa”, explicó el frenteamplista.
Añadió que la ausencia de Otto Guevara en el próximo plenario y de su partido sería una ventaja, pues dijo que él hace “oposición filibusterista”.
El independiente Erick Rodríguez Steller adujo que está en contra, tanto de gravar las pensiones complementarias como el doble cobro a las compras en el exterior.
No obstante, apuntó que es necesario cobrarle el IVA a los servicios, pues dijo que son el 70% del producto interno bruto (PIB) y de ahí vendrán los necesarios recursos frescos. Apuntó que también debe haber señales de frugalidad del gobierno de Carlos Alvarado.
Aunque Víctor Morales Mora, el vocero de la fracción de gobierno entrante (que representa a diez curules), tiene la esperanza de que haya un avance significativo, contempla también el panorama poco ideal, en que tengan que consolidar un acuerdo interpartidario con un plan fiscal semicocinado.
“Tenemos la expectativa de que en esta Asamblea se dé, por lo menos, el primer debate. Si no es así, hemos planteado en las reuniones con los diferentes partidos el expediente 20.580 como una prioridad”, comentó Morales.
El exministro de Trabajo reconoció que aún no se ha reeditado el acuerdo que actualmente tienen el PAC, el PLN y el PUSC, en el Congreso, en apoyo a la reforma tributaria.
Añadió que esperan incluir una agenda mínima de trabajo y renovar el pacto, pero con más actores parlamentarios. “En ese trabajo estamos”, dijo.
Sombrío panorama para la reforma fiscal
Aunque Ottón Solís tiene la esperanza de que Otto Guevara y el Frente Amplio bajen sus banderas de guerra y no utilicen todas las armas posibles contra el plan fiscal, el panorama aparece muy sombrío para la iniciativa.
En los 11 días hábiles que faltan para que se muden los nuevos diputados, el trámite del proyecto requiere la presentación de mociones de fondo, en el plenario.
Eso depende de cuándo se publique el texto del proyecto en el diario oficial La Gaceta, por lo que se recibirían dichas mociones, o bien el martes o el miércoles.
Hacia el final de la semana, la comisión especial deberá trabajar para votar esas mociones, durante dos días hábiles (cuatro sesiones) y devolverlo, entre el 23 y 24 de abril, al plenario.
Ahí se abre otro periodo, para reiterar las mociones de fondo desechadas en la comisión, y tramitarlas en el plenario entre el martes 24 y el miércoles 25.
Después de eso, empieza la discusión por el fondo, en el plenario, que debe darse durante seis sesiones, entre el jueves 26 y el lunes 30.
Según Natalia Díaz, del Libertario, y Edgardo Araya, del Frente Amplio, eso haría imposible que se apruebe el plan en primer debate y quedaría para los futuros congresistas.
“Yo creo que no se aprueba, por los tiempos y no sé si haya voluntad. Los números no dan, a menos de que haya algún acuerdo, pero lo veo difícil, no ha habido voluntad”, comentó Díaz.
Araya añadió que los nuevos legisladores están en todo el derecho de hacerle una revisión y cambios al texto de la reforma fiscal, por lo que cree que se debe considerar la opción de que se modifique la moción de vía rápida, para que la nueva camada parlamentaria pueda revisar.
Incluso en el PLN hay voces que no ven posible el avance, antes del fin de labores. Maureen Fallas, liberacionista que integra la comisión especial de reforma fiscal, reconoció que será bien difícil, aunque se harán esfuerzos para consensuar posiciones extremas.
“Yo creo que ellos (Otto Guevara y Edgardo Araya) van a usar todas las armas y no creo que cambien la dinámica”, dijo Fallas.
El presidente del foro que tramita el plan, el socialcristiano Johnny Leiva, es optimista y no quiere ver solo el panorama negativo.
“Es posible que se apruebe, eso dependerá de la voluntad de los diputados, de la cantidad de mociones de reiteración. Quisiera creer que se puede aprobar, pero solamente el tiempo lo dirá. No me atrevo a decir que sí ni que no”, afirmó Leiva.