Gerardo Ruiz R.. 9 agosto
Eduardo Cruickshank (de pie) alertó a los magistrados de la Sala que será infructuosa su decisión de darle un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que regule el matrimonio igualitario. Foto: Diana Méndez.
Eduardo Cruickshank (de pie) alertó a los magistrados de la Sala que será infructuosa su decisión de darle un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que regule el matrimonio igualitario. Foto: Diana Méndez.

“Ningún proyecto (sobre matrimonio igualitario) que se presente en esta Asamblea podrá salir en 18 meses por la naturaleza de la materia y los intereses radicalmente opuestos”.

El diputado Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), avisó así a los magistrados de la Sala IV sobre lo infructuosa que resultaría su decisión de trasladarle al Parlamento la brasa del matrimonio igualitario, para que este apruebe una regulación durante el próximo año y medio.

“Los compañeros (de su bancada), con igual derecho, obstruirán el proyecto. El destino es simple y llanamente que se cumpla el plazo fatal de 18 meses para que entre en vigencia ese matrimonio igualitario”, recalcó el legislador limonense, quien atacó con fuerza a la Sala.

Según el abogado y pastor, los diputados no deben “caer en la trampa” que, en su criterio, les tendieron los magistrados para no acarrear con el costo político de permitir el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

“Señores de la Sala: no le endilguen responsabilidad a este Parlamento, ustedes ya han matado la norma que prohibía el matrimonio igualitario y les anticipo que, de este parlamento, no saldrá ninguna disposición (para regular las uniones civiles gais) y se cumplirá el plazo fatal”, recalcó el diputado de Restauración.

Cruickshank extendió sus argumentos: “Ninguna fracción debe caer en esa posición y por qué digo que es un voto político, porque lo que hizo la Sala fue meter una inyección letal al artículo 14, inciso 6, del Código de Familia (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), cuyos efectos irreversibles y de muerte segura se darán dentro de 18 meses".

"De tal manera, que ya el matrimonio igualitario está dado en este país; es nada más de que los efectos de la inyección letal se cumplan (...). A sabiendas de esto, andan buscando (los magistrados) quiénes paguen el costo político, muy hábilmente quieren que sea la Asamblea la que lo pague, pero no caigamos en la trampa, que cada palo aguante su propia vela”, enfatizó.

Cruickshank se preguntó si, a la luz de la defensa de los derechos humanos, la Sala Constitucional está a un paso de permitir también otros tipos de relación matrimonial que están prohibidas por el Código de Familia, como entre padres e hijos, hermanos, padres y sus hijos adoptados, entre otras que hoy están prohibidas.

Su compañera de bancada, Mileidy Alvarado, no mermó los ataques y recurrió a los ataques que Restauración dirigió a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) que emitió una opinión consultiva a inicios de este año en la que ordenó al Estado a reconocer el vínculo entre personas del mismo sexo.

“¿A usted le gustaría que alguien gobernara su casa?, ¿que sus vecinos del barrio llegaran y quitaran las reglas que usted tiene en su hogar? Creo que ninguno de nosotros permitiría eso (...) Si la corte y otros países nos están diciendo que en Costa Rica nuestra ley debe cambiarse, porque ya nosotros tenemos que actualizarnos y porque estamos atrasados, porque tenemos que estar al mismo nivel de otros países, entonces a usted también se le quitaría el derecho de poder gobernar su familia, su hogar”, zanjó.

Jonathan Prendas, uno de los líderes de la bancada de Restauración sumó a esas afirmaciones que nunca su partido aportará sus votos para aprobar alguna iniciativa de ley que regule las uniones entre parejas homosexuales.

“Si saben contar, quiten 14 votos (de Restauración) si en el plazo de 18 meses quieren aprobar algo de matrimonio igualitario, matrimonio homosexual. La sala se extralimitó al dejar en la Asamblea la decisión sobre esto. También deja muy en entredicho la soberanía nacional al validar la opinión consultiva de la Corte IDH. Queda en entredicho la soberanía y la separación de poderes”, aseguró.

Prendas afirmó que la resolución de la Sala “no tiene pies ni cabeza” y que es necesario esperar a que esté lista la redacción del por tanto de la sentencia para tener claro el panorama.