El alcalde electo de San José, Diego Miranda Méndez, afirmó que es “muy probable” que la Municipalidad capitalina se desafilie de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) una vez él tome posesión del cargo, el próximo 1. ° de mayo.
“Yo estoy valorándolo, pero es muy probable que no queramos participar de esa instancia”, respondió Miranda ante consultas de La Nación. Agregó que ha hablado con otros alcaldes al respecto, especialmente al considerar que el ayuntamiento josefino traslada, aproximadamente, ¢80 millones anuales a la UNGL.
El nuevo gobernador de la capital aseguró que la Unión de Gobiernos Locales se ha utilizado para fortalecer la agenda del Partido Liberación Nacional (PLN) y el actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge. Esto, afirmó, ha provocado que en los últimos años afloren las malas prácticas dentro de la organización.
La Nación reveló este martes 26 de marzo que la UNGL modificó los requisitos del puesto de encargado del Observatorio Municipal, cuyo trabajo es procesar datos y estadísticas sobre los cantones, y puso como requerimiento tener una licenciatura en Nutrición. Siete meses después, fue nombrada en el cargo María José Arias Molina, hija del exdiputado de Liberación Nacional (PLN), Rafael Arias Fallas.
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Miranda detalló que su influencia para cambiar estas prácticas dentro de la UNGL sería mínima, ya que, por la forma en que está constituida la organización, todos los gobiernos locales tienen el mismo voto, sin importar de cuál ayuntamiento se trate o el monto económico que aporten a la institución.
“En vista de que el PLN sigue teniendo un grupo importante de municipalidades, desde nuestro punto de vista es estéril pensar en participar en una instancia que ya de por sí está bastante amañada, y que habría que empezar por ver cómo funciona administrativamente. Lo que sí vamos a hacer, a partir del 1.° de mayo, es pedir cuentas sobre los fondos que se han trasladado, no solo de parte de la Municipalidad de San José, sino de instancias como el IFAM, porque realmente no son pocos los fondos que reciben”, explicó el actual regidor.
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Para Miranda, la Unión de Gobiernos Locales ya no cumple con el objetivo para el cual fue constituida, por lo tanto, no tiene sentido seguir financiándola.
“La mayoría de estas instancias que están construidas por el liberacionismo y el arayismo lastimosamente no han colaborado a resolver ningún tipo de problemas en conjunto, y solo son instancias de reunión, de gestión de proyectos de muy bajo impacto, y realmente no contribuyen a lo que deberían contribuir”, sostuvo el alcalde electo.
El presidente del Comité Ejecutivo del PLN, Ricardo Sancho, aseguró que valora presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética contra la liberacionista Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, por aparentes irregularidades en la administración de esa organización.
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Porras, quien además es parte del Directorio Político Nacional del PLN, arrastra varios cuestionamientos por presuntas irregularidades en nombramientos de la UNGL, el manejo de recursos de esa organización y la ejecución de cooperación internacional para proyectos urbanos.
En los últimos siete meses han renunciado dos jefas de Recursos Humanos en la UNGL. La primera, Fabiola Salas, dimitió el 31 de agosto alegando haber recibido presiones de parte de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas y su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, para que aprobara la contratación de María José Arias como asistente de la Dirección Ejecutiva. La Nación publicó la grabación de una llamada que evidencia las supuestas presiones.
La segunda, Adriana Salazar, renunció acusando ser objeto de malos tratos, acoso laboral, discriminación y violación de derechos laborales por parte de Karen Porras, lo cual estaba afectando su salud física, emocional y mental.
Sin embargo, para Diego Miranda las palabras de Ricardo Sancho solamente buscan apaciguar las críticas de la población ante los recientes acontecimientos en la UNGL.
“No es valorar o no una denuncia, las publicaciones que ha hecho La Nación son muy claras en que hay prácticas irregulares, y no es valorarlo, es más bien ver en qué momento se hace una fiscalización de esos recursos, por eso como alcalde pretendo pedir cuentas sobre esos dineros que se les han trasladado”, afirmó.
El alcalde electo consideró que las municipalidades pueden recurrir a otras instancias, como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para favorecer la coordinación y la resolución de problemas en común.
Además, abogó por otros mecanismos menos costosos, por ejemplo, la realización de reuniones entre ayuntamientos para plantear soluciones conjuntas.
“Le pongo el caso de la reunión que tuve hace poco, con varios alcaldes de la zona metropolitana de San José, para hablar del tema de las cuencas hidrográficas. Una reunión bajo el marco de la Agencia de Manejo de las cuentas de los ríos María Aguilar y Torres. Son instancias paralelas que no tienen ningún costo para ninguna municipalidad y solo requieren colaboración con algunos recursos logísticos, pero no implica un compromiso presupuestario anual que no tenga, por ejemplo, fiscalización de las municipalidades”, concluyó Miranda.
Vea la entrevista que realizó La Nación a Diego Miranda el pasado 5 de febrero:
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