Alcaldes del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se quejaron de la filtración de información de interés público a La Nación, luego de que este medio publicó un audio que revela una aparente presión sobre la exjefa de personal para que la UNGL contratara a María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas (periodo 1998-2002).
El descontento fue expresado por la alcaldesa del cantón de Jiménez y vicepresidenta de la UNGL, Lissette Fernández Quirós, quien pidió que “cuando haya un tema importante lo traigamos a aquí, al seno de la junta directiva, y no esperarnos a que trascienda, porque curiosamente La Nación tiene toda la información”.
“Terminamos una sesión hoy y ya tienen toda la información”, se quejó.
Luego, la alcaldesa Fernández agregó: “Es importante, como decía un exjefe mío, aunque haya cosas que no nos gusten o que no nos parezcan, entre bomberos no nos majemos la manguera, y esas cosas se tienen que diluir y hacer acá, no andarlas sacando”.
La vicepresidenta de la UNGL expresó su descontento luego de que el alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela ante la Unión de Gobiernos Locales, José Miguel Jiménez Araya, presentó una moción para que se abriera una investigación preliminar sobre el actuar de Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas.
El pasado 2 de octubre, La Nación publicó un audio que muestra a Bolaños hablando con Fabiola Salas, exjefa de Recursos Humanos de la UNGL, pidiéndole “discutir” y ver cómo acomodar un oficio para contratar a la hija del exdiputado.
Según el audio, el asesor legal habría solicitado “ayuda” para dejar sin efecto el oficio en el que Salas concluyó que la hija del exdiputado Rafael Arias incumplía los requisitos para ser asistente de la directora ejecutiva.
Bolaños dijo: “Hagamos algo, como dijo la jefa, pon un correo diciendo que por error se mandó ese oficio y se enviará el oficio correcto, ya sea que lo mantengás o no, pero antes de mandarlo, veámoslo, discutámoslo y vemos si se mantiene su criterio o existe algún huequito en el cual nos podamos meter”.
Al parecer, el oficio al que hizo referencia el asesor es el número RH-FS033-29082023. En ese documento, del 29 de agosto de 2023, la entonces jefa de Recursos Humanos explicó a Karen Porras que el nombramiento que le solicitaron realizar no procedía, debido a la falta de requisitos de la persona.
Apenas dos días después, el 31 de agosto, Salas renunció a su puesto. En su carta de dimisión, alegó haber recibido reclamos, intimidación y presiones por parte del asesor legal y la directora ejecutiva de la UNGL, luego de oponerse al nombramiento de Arias.
En el documento, la exfuncionaria detalló que la Dirección Ejecutiva le pidió de manera verbal contratar a Arias. Agregó que su permanencia en el puesto comprometía sus valores y principios éticos y personales, ya que su criterio no era respetado y, al contrario, era invalidado.
El cuestionado estaba en la sesión de la UNGL
Los reclamos de la alcaldesa Lissette Fernández, con motivo de la moción para investigar lo sucedido, se produjeron mientras el propio funcionario cuestionado, el asesor Carlos Bolaños, estaba presente en la sesión del Consejo Directivo, ya que nadie le pidió salir. Presenció la discusión pero no tomó la palabra, según las actas.
El alcalde de Río Cuarto explicó que, por transparencia institucional, la UNGL debería investigar las supuestas presiones. “Lo que se denunció es grave”, expresó. Sin embargo, su moción fue rechazada con un solo voto a favor (el suyo) y nueve en contra, de acuerdo con las actas del 4 de octubre.
El 9 de octubre La Nación solicitó a Seidy Morales, encargada de Comunicación de la UNGL, el acta y la grabación de esa sesión. La UNGL tardó 11 días en atender la solicitud y, el 20 de octubre, Morales informó de que la información debía ser retirada presencialmente en la sede de la institución, ubicada en Sabana Sur.
Pese a que este medio reiteró la solicitud de la información en digital, la oficina de Comunicación sostuvo que se entregaría presencialmente de 8 a. m. a 3:30 p.m. El 24 de octubre, en su sede, la UNGL entregó 37 hojas de papel y un disco compacto con la grabación.
Consultada por este medio, la alcaldesa Lissette Fernández afirmó que, hasta la publicación de La Nación, ella no conocía de la existencia del citado audio.
“Lo que yo digo es que las situaciones tienen que arreglarse dentro del seno de la Unión primero; lo peor que puede pasar es que anden comentarios y uno no se dé cuenta, porque de ese famoso audio yo no sabía. A veces las cosas las leen a lo que conviene. La molestia mía es que salgan cosas a la calle cuando dentro de la misma junta directiva no nos damos cuenta”, declaró.
Además, Fernández aseguró las actas de la UNGL tienen un error, ya que la contabilizan ella como voto negativo, pese a que no estaba en el salón de sesiones cuando se votó la moción. Agregó que ella apoyaba realizar la investigación y hubiese votado a favor.
“El que nada debe nada teme, debió haberse investigado, pero el asunto no va a terminar ahí, va a seguir”, agregó.
Argumentos de los alcaldes para rechazar moción
El presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, argumentó que Bolaños presentó una denuncia tras la revelación del audio. La investigación penal se realiza bajo el expediente 23-027-986-0042-PE.
Rojas explicó que la legislación vigente permite que se utilice una grabación de una llamada en el marco de una investigación preliminar. “Tenemos todo el asidero legal para entrar a hacer una investigación de una grabacón de una llamada”, señaló.
Posteriormente, la alcaldesa de Jiménez, Lissette Fernández, externó su descontento con que “ese famoso audio ande ahí dando vueltas”.
“Lástima que no lo trajeron aquí antes de que Carlos (Bolaños), que está aquí presente, haya tomado la decisión de demadar a la persona”, externó la edil.
En sus declaraciones, Fernández no hizo referencia directa a la presunta presión que Bolaños ejerció sobre Salas. Al contrario, la alcaldesa argumentó que el tema “es muy delicado” porque Bolaños no autorizó que lo grabaran.
Por su parte, Rojas aseguró que sería una pérdida de tiempo traer ante el Consejo Directivo de la UNGL “el montón de chismes que van y vienen”.
“En la prensa sale de todo, ¿quién no ha estado en la prensa por chismes?”, cuestionó el presidente de la UNGL.
Posteriormente tomó la palabra el regidor de Carrillo y representante de Guanacaste, Jonathan Brenes, quien defendió que el caso ya estaba judicializado debido a la demanda interpuesta por Carlos Bolaños. Además, sostuvo que el audio es “prueba espuria” por haber sido grabado sin autorización.
“Yo quiero llamarles a tener prudencia, últimamente andamos bastante acelerados con propuestas muy atinadas pero que se salen de la legalidad posiblemente. Hay una auditoría externa que está pronta a iniciar. Yo no voy a votar nada que sea espurio, y esto es espurio, estaríamos cometiendo un delito al acojer o tan solo escuchar un audio que no ha sido autorizado”, declaró Brenes.
El alcalde José Miguel Jiménez contradijo a Brenes al aclararle que la demanda interpuesta por Carlos Bolaños no implica que el caso esté judicializado, ya que el proceso penal no versa sobre las presunta coacción ejercida por el funcionario, sino sobre la grabación y revelación del audio.
“Antes de una actividad penal, hay una actividad administrativa. El hecho (que propone investigar) es la presunta presión para un nombramiento, el tema de denunciar una grabación es otra cosa. Yo salvo mi responsabilidad presentando la moción”, indicó el munícipe.
Inmediatamente, José Bernardino Rojas respondió a Jiménez que, para él, no estaba claro si correspondía realizar una investigación o qué se pretendía lograr con esta.
Adicionalmente, el alcalde de Buenos Aires cuestionó que, después de recibir la supuesta coacción por parte de Bolaños, Fabiola Salas renunciara, en lugar de interponer una denuncia.
“Si los supuestos que se denuncian fueran reales, sí creo que es gravísimo, si fueran reales, en eso hago un llamado a cuidarnos de hacer las cosas como se tienen que hacer”, acotó el edil.
También habló en contra de la moción Arturo Rodríguez, regidor de Turrialba y suplente del alcalde josefino Johnny Araya, como representantes de la Federación de Municipalidades de Cartago.