De forma unánime, el plenario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) condenó este viernes el plan Ley Marco de la Economía Social Solidaria, en discusión en el Congreso.
Ese proyecto, el N.° 19.654, propone que el Estado fomente actividades productivas de empresas del cooperativismo, el sindicalismo y el solidarismo, así como de asociaciones de productores o artesanos.
La iniciativa, promovida por 20 diputados de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Carmen Quesada (independiente), lo estudia una comisión especial dictaminadora.
En la sesión de Conacoop, entidad creada por ley con poder de dictar normas para el sector, el plenario avaló la condena emitida por el Consejo Directivo hacia el proyecto de ley.
Para ellos es inviable pues “busca suspender, suplantar y sustraer competencias de órganos de nuestro movimiento”, declaró el Consejo.
Por ejemplo, señalan que principios y aspectos conceptuales en el plan ya están “ampliamente regulados en normativa vigente” y afirman que los órganos que crearía la nueva legislación carecerían de estructura mínima para funcionar.
Sin embargo, la principal reprobación por parte de la cúpula del cooperativismo local se la llevó el Consejo Nacional de Economía Social Solidaria; que estaría adscrito al Ministerio de Trabajo y atendería la formulación de políticas y planes para fomento de la economía social solidaria.
Según Conacoop, este nacería sin competencias legales; sería una estructura burocrática que absorbería fondos públicos y podría entrar en conflictos legales con otras entidades y leyes.
Además, el movimiento acusa al Gobierno de ni siquiera darles audiencia para hablar del tema.
“Nunca se nos ha consultado de este proyecto. Esto es una grave falta de respeto hacia la institucionalidad de este movimiento. Exigimos al Gobierno respeto”, enfatizó Jesús Villalobos, presidente de Conacoop.
En construcción. Ante la reacción de los cooperativistas, algunos impulsores del plan defendieron la iniciativa y argumentaron que el texto es solo una propuesta en proceso de construcción.
“Creo que estamos en una etapa muy inicial del proyecto y la justa para que se le hagan todas las modificaciones necesarias”, señaló Hárold Villegas, viceministro de Trabajo.
Para Villegas, la propuesta no plantea duplicación de funciones ni cambia nada, sino que llega a armonizar leyes ya existentes.
En defensa de la iniciativa, alegó que ese viceministerio estrechará la comunicación con Conacoop, al considerar clave el aporte y observaciones para construir un documento final con el cual todas las partes estén de acuerdo.
También Juan Marín Quirós, diputado del Partido Liberación Nacional y uno de los promotores del proyecto en el Congreso, reiteró su viabilidad.
Marín apuntó que todavía es temprano para disparar contra el plan y confesó que él mismo tiene sus propias observaciones, pero no comparte la posición asumida por Conacoop, aunque se declara respetuoso de ella.
“No me opongo a las decisiones de Conacoop y las respeto. Sin embargo, será decisión legislativa, que le corresponde a la comisión especial dictaminadora, definir un texto final para presentarlo ante el plenario legislativo”, expresó el congresista.