EscucharA solo tres meses para la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, el próximo 10 de marzo de 2023, la Contraloría General desconoce el grado de avance que tiene el Gobierno en la elaboración del reglamento necesario para la implementación de la nueva legislación, que ahorraría cerca de ¢394.000 millones anuales a la Hacienda Pública.
Una auditoría de la Contraloría expuso que, pese a que se solicitó la información al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), esa institución no suministró las evidencias solicitadas.
Este reglamento debe establecer, con claridad, la forma en que se calcularán los salarios globales de los futuros funcionarios públicos según su categoría.
De acuerdo con la auditoría, el Mideplán entregó al equipo fiscalizador una hoja de ruta de las acciones necesarias para la implementación de la ley. Sin embargo, el Contraloría había solicitado no solo información sobre las acciones realizadas, sino “su respectiva documentación”, lo cual no fue suministrado.
La auditoría concluyó que, “a la fecha del presente reporte, no hay datos o indicadores que demuestren avance”. Agregó que el no disponer de un reglamento para la entrada en vigencia de la ley “representa un riesgo para las instituciones públicas de no contar con la orientación requerida” y, por ende, de que no se implemente la normativa de forma oportuna.
Dicho reporte fue publicado en el sitio web de la Contraloría General de la República (CGR) este lunes 12 de diciembre.
Luego de la publicación de dicho informe de auditoría y ante consultas de La Nación, el Ministerio de Planificación sostuvo que el reglamento estará listo y saldrá a consulta pública en enero de 2023.
Según el Mideplán, la institución entregó el primer borrador de la normativa al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en agosto pasado. Esas evidencias, sin embargo, no fueron compartidas con el equipo fiscalizador de la Contraloría.
“Este borrador ha continuado su análisis y depuración de cara a contar con el documento final”, señaló el ministerio.
Según señaló Mideplán, el equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sigue ofreciendo asesoría en ese proceso.
Un salario global para el sector público
La nueva normativa, impulsada durante la administración de Carlos Alvarado y aprobada por la anterior conformación de la Asamblea Legislativa, forma parte de los compromisos adquiridos por Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Ley Marco de Empleo Público introduce el salario global en todo el sector público, en lugar de la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Así, se debe definir una remuneración para cada puesto en el Estado, sin necesidad de incentivos.
Las únicas instituciones exceptuadas son las empresas estatales en competencia, así como el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Despacho de ministra concentra tareas
De acuerdo con el informe de auditoría del órgano contralor, el Gobierno no ha “establecido mecanismos de coordinación formales para la emisión de criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas”.
Agregó que eso es necesario para entender cómo se llevará a cabo la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público.
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Asimismo, el reporte señala que la competencia rectora de Mideplán en la materia de empleo público y, puntualmente, en el proceso de implementación de la nueva normativa, únicamente se ha concentrado en el despacho ministerial, de la jerarca Laura Fernández, y en la nueva Unidad de Empleo Público.
Con base en esas decisiones, la Contraloría señaló que “no se evidencia coordinación con otras áreas del ministerio que puedan contribuir desde sus competencias técnicas a robustecer el proceso de implementación y de gestión del sistema de empleo de forma integral”.
