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El gobierno aseguró este martes que el decreto de congelamiento de salarios anunciado el lunes, por motivo del deterioro de las finanzas públicas, aplicará para los poco más de 320.000 empleados de todo el sector público.
Se trata de una medida extraordinaria que aplicará para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, siempre que la deuda pública supere el equivalente al 60% del producto interno bruto (PIB), como se prevé que ocurrirá a partir de este año.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dejó en claro que el congelamiento no solo recaerá sobre los funcionarios del Gobierno Central, sino que se extenderá a todos los poderes del Estado y a las instituciones descentralizadas.
“Efectivamente el decreto abarca a todos los empleados públicos de todas las instituciones del Gobierno Central y fuera el Gobierno Central”, precisó Prieto este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“Este es un mandato que está derivado de lo que establece la ley, la ley no da margen para tomar otra decisión; establece que, al momento que se cumplan ciertas condiciones de deuda con relación al PIB, deberá dejar de cancelarse el aumento correspondiente”, explicó el ministro.
Según el titular del Ministerio de la Presidencia, “se debe procurar en que el gasto público sea bien ejecutado y sea necesario".
"Hay que eliminar el gasto superfluo”, añadió.
Este decreto fue firmado por el presidente de la República Carlos Alvarado, junto con los ministros de Hacienda, Elián Villegas; y de Trabajo, Geannina Dinarte.
La acción tiene su asidero en el inciso C del artículo 13 del capítulo IV de la reforma fiscal del 2018, en el cual los diputados estipularon las medidas extraordinarias que se deben tomar, para el control del gasto, cuando la deuda supere el 60% del PIB.
La regla fiscal establece: “No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”.
El año pasado, la deuda equivalió a un 58,5% del PIB, pero este año se estima que subirá a 66%.
Con la implementación del congelamiento, el gobierno prevé un ahorro de ¢23.000 millones por año, lo que sumaría ¢92.000 millones en cuatro años.
Actualmente el sector público total dispone de alrededor de 324.000 trabajadores, según registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El decreto firmado el lunes reforma el artículo 9 inciso a) del Decreto Ejecutivo número 35730-MTSS, mediante el cual funciona la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público que discute los ajustes salariales cada año.
El decreto modifica el funcionamiento de la Comisión Negociadora y establece que, al sobrepasar la deuda pública el 60% del PIB, los funcionarios públicos no recibirán aumento salarial.
Este martes, los magistrados de la Corte Plena aprobaron un plan de presupuesto para el 2021 sin contemplar ningún ajuste salarial para los empleados judiciales.
Además del congelamiento de salarios, el gobierno impulsa un proyecto de ley para eliminar el pago de las anualidades del sector público de los años 2021 y 2022, lo que generaría otro ahorro de ¢44.000 millones en dos años.
El gobierno estima que en este 2020, por causa de la crisis del coronavirus, los ingresos tributarios caerán en unos ¢900.000 millones.
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