Josué Bravo. 9 junio
Silvia Hernández y Gustavo Viales, del PLN, votaron en contra. Foto: Rafael Pacheco
Silvia Hernández y Gustavo Viales, del PLN, votaron en contra. Foto: Rafael Pacheco

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó negativamente este martes, con nueve votos en contra y dos favor, el segundo presupuesto extraordinario planteado por el gobierno para el 2020.

La mayoría de los diputados argumentó que, mientras los ingresos por impuestos caen considerablemente producto de la crisis del coronavirus, el Ejecutivo no se ha tomado en serio el recorte del gasto y solo plantea medidas “irrisorias”.

Por ello, según explicaron, están enviando un mensaje al gobierno de que debe tomar medidas estructurales de reducción y uso eficiente del gasto, con el fin de evitar el crecimiento “acelerado” del endeudamiento.

El propio Ministerio de Hacienda estimó que los ingresos tributarios caerán este año en ¢975.000 millones a causa de la desaceleración económica.

Incluso, la Contraloría General llamó la atención sobre la necesidad de reflejar esa caída, pues a la fecha el Presupuesto sigue contando con ¢5 billones provenientes de recaudación en impuestos y el Ejecutivo no ha hecho el ajuste.

La diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, afirmó: “Hoy las necesidades de financiamiento brutas del gobierno ascienden a 12,5% del PIB (¢4,4 billones), solamente para el año 2020, sumado a la caída del ingreso para este año presupuestario de mucho más de ¢900.000 millones”.

“Lamentablemente, las medidas extraordinarias del gobierno frente a ello son, una vez más, irrisorias. Muestra de eso es la reducción que proponen al Presupuesto Nacional de tan solo un 0,6%. Es más, de esos ¢62.500 millones, ¢50.000 millones son producto de ahorro de intereses por cambiar deuda cara por deuda barata”, dijo Delgado.

“De lo contrario, estaríamos hablando de una reducción que solamente alcanza el 0,1%, frente a un Presupuesto Nacional que hoy asciende a más de ¢10,5 billones, por lo que seguimos sin leer medidas claras y contundentes en materia de reducción y eficiencia del gasto”.

“La Comisión de Asuntos Hacendarios, con este dictamen negativo de mayoría, responsablemente hace un llamado y exigencia al gobierno de adoptar medidas estructurales de reducción y eficiencia de gasto ante este panorama, con el objeto de disminuir un creciente y acelerado endeudamiento que ha sido expuesto de forma reiterada tanto por el presidente del Banco Central como el ministro de Hacienda”, continuó la verdiblanca.

Este segundo presupuesto consiste en destinar ¢183.000 millones a la amortización de deuda pública con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Lo anterior permitiría reducir la necesidad de obtener recursos prestados en el mercado interno, donde son más caros.

De ese mismo crédito, se destinarían ¢34.334 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de compensar la decisión de reducir la base mínima contributiva por la pandemia.

Adicionalmente, se contempla una transferencia de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) a los bonos Proteger, creados por el gobierno para ayudar a las personas económicamente afectadas por la crisis.

Por último, se reducirían los gastos en ¢62.453 millones, principalmente por disminución en el pago de intereses de deuda gracias a un canje de financiamiento interno por externo.

La diputada María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que su partido votó en contra del presupuesto extraordinario porque “trae aumento de gastos sin traer una seria disminución del presupuesto como el gobierno lo propuso con bombos y platillos”.

“Necesitamos un gobierno tomando medidas acorde con la crisis que estamos viviendo y no pensando en que somos un país millonario que tiene como gastar y gastar dinero sin hacer los recortes necesarios”, aseveró.

Dentro de la discusión del presupuesto extraordinario, la Comisión de Hacendarios también aprobó una moción que obligaría al gobierno a subejecutar en un 15% todas las partidas aún disponibles, con excepción de las de remuneraciones. El diputado Pablo Heriberto Abarca estimó que esa medida reduciría el gasto en más de ¢355.000 millones.

Al ser rechazado este segundo presupuesto extra, esa moción no se aplicaría, pero el diputado Abarca dijo que lo importante es el mensaje político enviado al gobierno: “No están haciendo el trabajo de recorte, no fue suficiente, esperamos que hagan bien el trabajo en el próximo (plan de gastos)”.

Votaron el dictamen negativo de mayoría tres diputados del Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y Gustavo Viales; dos de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño y Giovanny Gómez; dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís y Óscar Cascante; uno del bloque Nueva República (PNR), Harllan Hoepelman; y uno del Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas.

A favor del presupuesto se pronunciaron Laura Guido y Nielsen Pérez, del oficialista Acción Ciudadana (PAC).

La diputada Pérez lamentó la decisión de sus colegas. Argumentó que el Congreso ha sido responsable con las finanzas del país y que, tras aprobar la reforma fiscal en 2018, el país iniciaba a ver resultados positivos hasta que llegó la pandemia.

“He sido testigo de las solicitudes que han hecho ustedes, también jefes y subjefes de fracción de la legislatura anterior, de la necesidad de tener claridad y una perspectiva integral en el manejo del presupuesto, de la materia fiscal y la política económica”, manifestó la diputada oficialista

No obstante, afirmó, que ante la incertidumbre generada por la pandemia, no ha sido posible para el gobierno tener una claridad sobre esa visión integral, para reflejarlo en el presupuesto. Sostuvo que Hacienda se ha comprometido a hacer una revisión del Estado de la economía.

Su preocupación, continuó, es que por lo pronto no se podrá trasladar más recursos al plan Proteger, dinero que serviría para otorgar subsidios a familias, sobre todo para aquellas que aplicaron y aún no reciben el beneficio.

También, según dijo, le preocupa que se atrase la sustitución de deuda. “A medida que pasan días se van acumulando intereses y esos intereses pesan sobre el presupuesto”, afirmó.

El gobierno emitió un comunicado en el que alegó que 200.000 personas se quedarían sin el bono Proteger y la CCSS sin el aporte de ¢34.000 millones.

En tanto, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, declaró que recibió el resultado de la votación “con profunda extrañeza”, pues la semana pasada compareció ante la Comisión de Hacendarios y, allí, asumió el compromiso de presentar un futuro presupuesto extraordinario con una mayor cantidad de recorte al gasto.

El ministro dijo que mantiene ese compromiso de plantear un tercer presupuesto extraordinario, pues la situación actual amerita una disminución del gasto público.

Silvia Hernández, presidenta de la comisión, propuso una moción de revisión de la votación, pero esta también fue rechazada.

Antes de este revés, la diputada del PAC, Laura Guido, pretendió impulsar que la revisión se votara este miércoles, con el interés de abrir un nuevo espacio para que jerarcas de gobierno, incluidos los de Hacienda y Trabajo, acudieran a la Comisión a explicar lo relacionado al presupuesto.

Empero, la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de Hacendarios, explicó que no era posible postergar ese procedimiento pues este presupuesto extraordinario se tramita mediante dispensa de trámite, lo que exige votar el dictamen seis días hábiles después de haber sido presentado.

Ese plazo se venció hoy. En todo caso, Hernández reiteró que, luego de realizar un análisis a profundidad, se decidió votar negativo este proyecto para exigir al gobierno mayor reducción y eficiencia del gasto publico.

¿Qué procede ahora?

Tras aprobarse en comisión un dictamen negativo de mayoría, el segundo presupuesto extraordinario del 2020 deberá continuar su curso en la Asamblea Legislativa con un trámite ultrarrápido.

En un día hábil, será enviado al Plenario Legislativo. Luego, se abren cuatro días hábiles de discusión. Si los diputados presentan mociones de fondo vía artículo 137, con la finalidad de hacer cambios al texto, el expediente se devuelve a comisión para que las mociones sean votadas. Luego vuelve al Plenario.

De lo contrario, si el texto no recibe mociones de fondo, se somete a votación en primer debate. Si el texto es rechazado por la mayoría de diputados, el expediente se archiva.

No obstante, Guido y Pérez tienen la opción de presentar un dictamen afirmativo de minoría, el cual correría la misma ruta que el negativo de mayoría.

La diputada Silvia Hernández expuso que otra posibilidad del Ejecutivo, para poder rectificar en un mayor ajuste del gasto, puede ser a través de la elaboración de un tercer presupuesto extraordinario, el cual se podría presentar una vez que se agote el proceso de este segundo.