Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público adaptado a las observaciones de la Sala Constitucional y con el cual se crea el salario global que ahorraría hasta ¢394.000 millones por año. A favor de la iniciativa votaron 36 congresistas, frente ocho que lo hicieron en contra.
Ahora, el proyecto será sometido a consulta por segunda ocasión en el Tribunal Constitucional, anunciaron diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional. Precisamente, en la Sala IV se aclararía si para la votación definitiva, en segundo debate, se requerirá mayoría simple (29 votos de los 57), o mayoría calificada (38). Los magistrados tendrían un mes para dar la respuesta.
Esta es la segunda vez que los diputados votan en primer debate este plan de ley. Lo hicieron, por primera vez, el 17 de junio. En esa oportunidad también se envió a consulta a Sala IV, la cual determinó, el 31 de julio, algunos roces constitucionales (ahora enmendados). No obstante, declaró que sí es posible aplicar un salario global a los empleados públicos para evitar la disparidad salarial que se da entre trabajadores que hacen la misma función, solo que en diferente entidad.
A diferencia de la votación del 17 de junio, esta vez la reforma obtuvo más votos. En aquella ocasión fueron 32 contra 15, mientras que este martes fueron 36 contra 8.
Esta es la principal reforma de control de gasto contenida en el acuerdo pactado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para equilibrar las finanzas públicas.
Carlos Alvarado, presidente de la República, agradeció a los diputados la votación y afirmó que este es un gran paso para la reforma estructural que el país requiere. “El siguiente paso debe ser la aprobación en segundo debate y así avanzar hacia un escenario de mayor justicia remunerativa”, declaró.
Votaron a favor del proyecto 13 diputados de Liberación Nacional (PLN), siete de Acción Ciudadana (PAC), seis del bloque fabricista Nueva República (PNR), cinco de Restauración Nacional (PRN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano y una independiente.
En contra votaron Pedro Muñoz, de PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega.
Detalle de los votos a favor:
PLN: Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Yorleny León, Karine Niño, Roberto Thompson, Paola Valladares y Gustavo Viales.
PAC: Luis Ramón Carranza, Mario Castillo, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Víctor Morales y Nielsen Pérez.
Bloque independiente Nueva República: Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman y Jonathan Prendas.
Restauración Nacional: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez.
PUSC: José María Guevara, Erwen Masís y María Inés Solís.
PRSC: Otto Roberto Vargas.
Independientes: Zoila Volio.
Los ausentes
Llegaron al plenario, pero se ausentaron de la votación, Pablo Abarca, jefe del PUSC, y la también socialcristiana Aracelly Salas. Lo mismo pasó con Welmer Ramos, legislador y candidato presidencial del PAC, quien desapareció al momento de la votación, pero seguía registrado en el sistema.
En tanto, estuvieron ausentes del todo David Gourzong, Daniel Ulate, Aida Montiel y Franggi Nicolás, del PLN; las independientes Ivonne Acuña y Shirley Díaz; Floria Segreda y Melvin Núñez, de Restauración; y Óscar Cascante y María Vita Monge, del PUSC.
¿Qué implica el proyecto?
El proyecto sustituiría el actual sistema de sueldos con incentivos por el esquema salario global en todo el sector público, con excepción las empresas públicas en competencia y del Cuerpo de Bomberos.
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Las instituciones del sector público pagarán este año hasta ¢134.000 en pluses salariales por cada ¢100.000 destinados a salarios base. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló a Costa Rica como el país que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en el pago en salarios de empleados públicos, dentro de los países miembros de la organización.
Ello se debe en gran parte, señaló la OCDE, a la existencia de 260 pluses salariales en el sector público, en el cual existen diferencias salariales de hasta el 600% para un mismo puesto, entre instituciones.
Esta reforma fue impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado desde abril del 2019. Fue aprobada en primer debate en junio del 2021 con los 32 votos a favor y 15 en contra. Sin embargo, en una primera consulta, la Sala IV declaró inconstitucional que instituciones con autonomía o independencia fuesen sometidas a la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán), en materia de empleo público.
Los magistrados sí avalaron la introducción del salario global, así como la imposición de límites a la negociación de convenciones colectivas, en las cuales ya no se podrían pactar alzas salariales, incentivos o plazas.
El Gobierno estima que, con este proyecto, el Estado se ahorraría en promedio un 1,04% del producto interno bruto (PIB) por año, es decir unos ¢394.000 millones, por los próximos 10 años. El ahorro se produciría al detener el crecimiento inercial del gasto en incentivos como las anualidades, que aumentan los salarios por factores como la antigüedad.
El ajuste previo
A principios de noviembre, con 32 votos, el plenario acogió un informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que modifica el proyecto de reforma al empleo público, de manera que se eliminan los vicios señalados por la Sala IV.
Al acoger el texto, quedaron fuera de la rectoría del Mideplán el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las universidades públicas, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Si bien quedan fuera de la rectoría, estas instituciones sí tendrán que migrar al salario global.
En la nueva versión del proyecto, los diputados agregaron, en todos los artículos donde la Sala IV halló vicios de constitucionalidad, un párrafo que excluye a las instituciones con independencia o autonomía de la rectoría del Mideplán.
El párrafo añadido dice así: “Se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.
Regulación de puestos comunes
Pilar Garrido, ministra de Planificación, había explicado que la columna salarial global que establezca su cartera solo alcanzaría a los funcionarios de ministerios, instituciones autónomas grado 1, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y puestos comunes del Poder Judicial, TSE, universidades estatales, la CCSS y las municipalidades.
Lo anterior significa que la columna salarial elaborada por los entes independientes solo aplicaría para sus categorías exclusivas como jueces, fiscales, magistrados electorales, alcaldes o vicealcaldes, por mencionar algunos ejemplos. En el desarrollo de esa labor, las jerarquías de estas entidades deberán definir quiénes son personal indispensable para desarrollar su labor.
Para el resto de funcionarios fuera de esa escala, cuyos puestos serían comunes con las demás instituciones, incluidas las del ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo, se utilizaría la columna salarial global establecida por Mideplán. Tal es el caso de un conductor o un oficinista.
Precisamente, por la regulación de los puestos comunes, la Corte Plena argumentó que la nueva versión del proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial y se opuso al plan. De hecho, los magistrados preparan su propia consulta ante la Sala IV.
Si bien la Constitución exige el voto de 38 de los 57 diputados para que la Asamblea Legislativa se aparte de un criterio de este tipo, la discusión no se agota con lo resuelto por los magistrados de la Corte Plena. Ahora, posiblemente, le correspondería a la Sala Constitucional determinar si el plan de empleo público requiere, o no, de mayoría calificada, en caso de que el tema le sea consultado.
Antes de la votación de este martes, un criterio del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa rechazó el argumento de José María Villalta de que la celebración de elecciones nacionales del 2022 impida a los diputados aprobar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Ante la aprobación de la iniciativa en el plenario, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, afirmó que el Poder Ejecutivo reconoce el “significativo esfuerzo de los diputados por avanzar en la aprobación en primer debate”.
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