Con 32 votos, diputados acogen plan de empleo público adaptado a fallo de Sala IV
A criterio de Víctor Morales Mora (der.), del PAC, mucho de lo que pase a partir de noviembre en el plenario dependerá de la posición que asuma el PLN. En la foto, Morales conversa con Ana Lucía Delgado, liberacionista que preside Hacendarios. Al fondo, Luis Fernando Chacón, también de Liberación. Asamblea Legislativa
Los diputados aprobaron este lunes, en el plenario legislativo, un informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que modifica el proyecto de reforma al empleo público, de manera que se eliminan los vicios señalados por la Sala IV.
Al acoger el texto, quedan fuera de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las universidades públicas, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, estas instituciones sí tendrán que migrar al salario global, en el que no existen los pluses salariales, así como acatar las limitaciones a las convenciones colectivas que establece el proyecto. Los diputados, por ejemplo, prohibieron que en estas negociaciones se pacten sobresueldos, incrementos salariales y plazas.
El informe recibió 32 votos a favor y 14 en contra. A favor votaron 11 legisladores de Liberación Nacional (PLN), siete de Acción Ciudadana (PAC), cinco de Restauración Nacional (PRN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC), seis del bloque fabricista Nueva República y dos independientes.
En contra, estuvieron seis de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del PRN, dos de Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio (FA) y cuatro independientes.
Los votos negativos provinieron, principalmente, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio, Restauración Nacional, Integración Nacional (PIN) y varios independientes.
Luego de aprobado el informe, la nueva versión del plan fue enviada a consulta a diversas instituciones durante ocho días hábiles.
Dentro de las entidades consultadas están el Poder Judicial, la CCSS, el TSE, las universidades y las municipalidades, así como la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) y la Contraloría General de la República.
La votación del informe de mayoría se realizó cinco minutos antes de las 6 p. m., tal como lo ordena el Reglamento legislativo y, con ello, se dio por desechado el informe de minoría del socialcristiano Pedro Muñoz Fonseca, quien alegó que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se extralimitó en sus funciones.
La mayoría de diputados de este foro emitió un informe en el que recomendó al plenario añadir, en todos los artículos donde la Sala IV halló vicios de constitucionalidad, un párrafo que excluye a las instituciones con independencia o autonomía de la rectoría del Mideplán.
El párrafo añadido dice así: “Se excluye de lo anterior lo relativo a las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.
Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, destacó que, para emitir el informe, se estudiaron a fondo las observaciones hechas por los magistrados de la Sala IV.
Además, la congresista dijo que la comisión tiene la potestad de analizar los efectos de una opinión consultiva y hacer “modificaciones, adiciones o supresiones que resulten como consecuencia de la opinión emitida” por el tribunal constitucional.
Delgado agregó que el foro no se puede extender más allá de lo resuelto en la sentencia de la Sala Constitucional.
Ese fue uno de los puntos que cuestionaron el socialcristiano Pedro Muñoz, el frenteamplista José María Villalta y la independiente Paola Vega, quienes alegaron que la Comisión de Consultas se extralimitó.
Muñoz y Villalta, principalmente, alegaron que el foro no tenía potestad para incluir al Poder Legislativo entre las instituciones eximidas de la rectoría del Mideplán en materia de empleo.
El congresista del PUSC aseguró que él tratará de llevar de nuevo el proyecto de ley a consulta en la Sala Constitucional. En su criterio, se produjo un vicio del trámite, tanto en la comisión como en el plenario, porque no se les dio derecho a los legisladores de ejercer su derecho de enmienda, o sea, de cambiar por el fondo aspectos del proyecto que quisieran modificar.
Las consultas a instituciones impedirán que el proyecto sea sometido a primer debate antes del 22 de noviembre.
Detalle de votación:
Copiado!
A favor:
PLN: Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, María José Corrales, Ana Lucía Delgado, Jorge Fonseca, David Gourzong, Silvia Hernández, Yorleny León, Karine Niño, Roberto Thompson, Gustavo Viales
PAC: Mario Castillo, Laura Guido, Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Víctor Morales, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez.
Restauración: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez, Floria Segreda
PRSC: Otto Roberto Vargas Víquez
Bloque NR: Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas.
Independientes: Ivonne Acuña y Zoila Volio.
En contra
PUSC: Pablo Abarca, Óscar Cascante, José María Guevara, María Vita Monge, Pedro Muñoz, María Inés Solís.
Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, conversa con el diputado Víctor Morales Mora, del PAC. Al fondo, Luis Fernando Chacón, de Liberación. (Asamblea Legislativa)
