El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, afirmó que el fallo de la Sala Constitucional confirma que el proyecto de regulación de huelgas está acorde con la doctrina de los derechos humanos.

“Dejan claro que es un proyecto acorde con las normas y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, es un proyecto acorde con la doctrina de los derechos humanos”, dijo el promotor de la reforma.

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El diputado liberacionista detalló que la opinión del tribunal constitucional avala todos los aspectos fundamentales del expediente legislativo 21.049, desde la prohibición de huelgas políticas y la suspensión de salarios a los huelguistas, así como la prohibición de la huelga política y el plazo de 48 horas para realizar políticas públicas.

También, destacó que los jueces no encontraran problemas en la prohibición de repetir huelgas por los mismos motivos y la norma para fijar plazos cortos en los trámites judiciales sobre calificación de esos movimientos laborales.

“Destaco mucho que se avalara el nuevo procedimiento, establecido en el artículo 375 bis, para ordenar el regreso a sus labores de los empleados de servicios esenciales”, comentó Benavides.

‘Vicios fácilmente subsanables’

Según el presidente el Congreso, los vicios que encontró la Sala Constitucional se pueden subsanar fácilmente, pues explicó que ya la moción de vía rápida con que se tramitó el expediente preveía la posibilidad de que hubiera asuntos por modificar.

El vicio de fondo está en el último párrafo del artículo 350, donde se ordena que, en caso de que haya una condena sancionatoria contra un dirigente sindical, la autoridad judicial deberá enviar una copia de la resolución al Ministerio de Trabajo para los efectos correspondientes, pues sería una causal de disolución del sindicato.

En ese caso, Benavides alegó que fácilmente se puede eliminar ese párrafo.

Por otra parte, el vicio de forma está en no haber consultado a la Corte Suprema de Justicia si afecta su funcionamiento el hecho de incluir, en la categoría de servicios esenciales los que presta el Poder Judicial en materia laboral, derechos fundamentales, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia, así como el de autopsias y entrega de cuerpos.

Sobre ese asunto, el jerarca parlamentario también alega que, luego de enviar el fallo a estudio de una comisión de consultas de constitucionalidad, se tendría que hacer la consulta a la Corte Plena.

“Lejos de afectar a la Corte, ese artículo más bien asegura el funcionamiento del Poder Judicial”, explicó Benavides.

Benavides añadió que está muy contento y satisfecho con el trabajo consciente que se hizo en la Asamblea Legislativa, que calificó como “apegado al marco de la legalidad constitucional”.